Arbitramento y derecho de acceso a la justicia. Aspectos procesales - Estudios contemporáneos de derecho privado Responsabilidad civil, propiedad, contratos y obligaciones - Libros y Revistas - VLEX 795814245

Arbitramento y derecho de acceso a la justicia. Aspectos procesales

AutorRamón Antonio Peláez Hernández
Páginas241-279
ARBITRAMENTO Y DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
ASPECTOS PROCESALES
Ramón Antonio Peláez Hernández
Introducción
El proceso arbitral supone el reconocimiento que desde la misma Constitución
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coherentes con los cometidos del Estado, están orientados a brindar una verdade-
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la contratación privada como en la pública, el mecanismo idóneo por excelencia
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relación con las aspiraciones que en el escenario propio de la adquisición de pro-
ductos y servicios buscan satisfacer las necesidades de las personas.
Así las cosas, en el presente capítulo se explicará la naturaleza jurídica del
proceso arbitral, analizado desde la órbita del derecho constitucional, para com-
prender su relación con el derecho fundamental de acceso a la justicia, y su inci-
dencia desde la perspectiva procesal, a partir de una dinámica que ha propiciado
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nueva realidad negocial y en ese orden de ideas, comprender las posturas que
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institución en el Estado social de derecho, y en cuyo escenario se ha incentivado
su uso por la celeridad que caracteriza su desarrollo.
Para este cometido hemos de partir del interrogante ¿cuál es el contenido
del arbitramento visto desde la esfera del derecho de acceso a la justicia? y para
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ma expedita, enmarcado en el ejercicio de la función jurisdiccional pública, ex-
presada en una forma de administrar justicia que el propio Estado le asigna a los
particulares, y cuya estructura procesal responde a los claros direccionamientos
que desde el ámbito internacional se han trazado las estrategias previstas para la
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cado en el capítulo anterior.
Para sustentar la hipótesis en cuestión, se utilizaron los métodos generales
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arbitramento y su tratamiento que, en la órbita constitucional y procesal, se le ha
dado en nuestro ordenamiento jurídico colombiano.
En la primera parte procederemos desde la esfera propia del derecho cons-
         
relación que tiene con el derecho fundamental de acceso a la justicia. Luego, en
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la teoría del negocio jurídico para comprender los criterios que rigen su instru-
mentación y, con base en ello, en una tercera parte determinar los rasgos carac-
terísticos y las incidencias procesales a las que conduce la presencia de un pacto
arbitral para hacer efectivo el derecho, o que nos permitirá a la postre concluir
que, debidamente instrumentado, en cualquier tipo de contratación, dicho pacto
termina siendo una medida propicia para dinamizar de manera efectiva las re-
laciones jurídico-sustanciales habida cuenta que da paso al proceso arbitral que
como mecanismo de resolución de disputas brinda celeridad, contribuyendo con
ello a un efectiva tutela judicial.
Dicho análisis nos permitirá hacer evidente que la percepción que se te-
nía, en el sentido de considerar que el pacto arbitral era expresión del principio
de la voluntariedad, cambió, pues en el nuevo contexto constitucional, ade-
más de circunscribirlo a ese principio, trasciende al ejercicio de la función
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jurisdiccional de administrar justicia y de ahí su intrínseca relación con el dere-
cho fundamental de acceso a la justicia que tiene dicho instituto.
El arbitramento desde la perspectiva constitucional
En el contexto de la Constitución de 1886
En vigencia de la decimonónica Constitución, se tenía previsto este mecanismo
procesal y su fundamento. No obstante, en ese plexo normativo era explicado de
manera indiferente desde dos perspectivas: en el contenido del que fuera el art.
58 que preveía la posibilidad de crear otros tribunales, dándole por tanto a ese
instituto dicho alcance, y por otra, de considerarlo como desarrollo del principio
de la autonomía1, y de ahí que se haya precisado en el pronunciamiento efectuado
por la Corte Suprema de Justicia del 29 de mayo de 1969, como guardiana que
fue de la Constitución de 1886, que fue:
[…] importante por diferentes razones. La primera es que el alto tribunal fue muy
claro en determinar que resulta indiferente, desde el punto de vista constitucional,
    
contractual. En el primer caso, dijo la Corte, la Constitución establece que la justi-
cia se administrará, entre otras, por los tribunales que señale la ley, entre los cuales
se encuentran los tribunales arbitrales. En el segundo evento, es decir, si el arbi-

principio de la autonomía de la voluntad […].2
1 En efecto, en la Sentencia C-294 del 26 de julio de 1995 con ponencia de Jorge Arango Mejía, la Corte
Constitucional señaló entre otras cosas, que: “[…] La Constitución anterior no preveía expresamente la exis-
tencia de los tribunales de arbitramento. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en varias oportunidades, al
decidir demandas de inexequibilidad contra normas que regulaban el arbitramento, las declaró exequibles. En la
sentencia de mayo 29 de 1969, por ejemplo, estimó que, si el arbitramento es de carácter privado, no puede consi-
derársele inconstitucional, toda vez que esta forma de resolver controversias de mero derecho privado, en asuntos
sobre los cuales se puede transigir, no está ni expresa ni tácitamente prohibida en la Constitución.
Por el contrario, agregaba la Corte Suprema, si se piensa que el arbitramento tiene carácter jurisdiccional y que,
por lo mismo, los árbitros son verdaderos jueces, también la institución sería exequible, porque el artículo 58 de la
Constitución determinaba que 'La Corte Suprema, los tribunales superiores de distrito y demás tribunales y juzga-
dos que establezca la ley, administran justicia'. Para la Corte Suprema, los tribunales de arbitramento eran de los
'demás tribunales y juzgados que establezca la ley' y por ello .
2 Alberto Zuleta, “La protección constitucional del arbitraje”, (En Fernando Mantilla Serrano, comp., Arbitraje inter-
nacional, tensiones actuales. Bogotá: Temis, 2007), 70.

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