Así quedó el modelo de de justicia para la paz acordado con las Farc
Por segunda vez en su historia en medio de un proceso de paz con un grupo armado ilegal, el Estado colombiano acordó un modelo de justicia transicional que permite penas alternativas –en este caso, incluso no pagar cárcel– para responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad a cambio de verdad, reparación a las víctimas y compromisos de no repetición. El acuerdo firmado ayer en La Habana establece dos grandes rutas para darle piso jurídico al proceso con las Farc. Así, se concederán amnistías e indultos “lo más amplios posibles” para los responsables de rebelión, sedición y sus delitos conexos. El narcotráfico podría ser uno de esos delitos asociados, siempre y cuando se haya cometido en función del grupo armado ilegal y bajo las condiciones que establezca el Congreso. En todo caso, haber participado en un proceso colectivo de paz es el salvoconducto para acceder al nuevo modelo de justicia. Un segundo escenario es el de los responsables por delitos no amnistiables, tanto por cometerlos como por ordenarlos. En este grupo estarán todos los altos mandos de las Farc y decenas de miembros de ese grupo. Para ellos, hay a la vez tres opciones: quienes acepten su responsabilidad en el conflicto y cumplan los compromisos de verdad, reparación y no repetición no pagarán cárcel. En cambio, sí, medidas restrictivas de la movilidad y de derechos políticos. Esto significa que durante el tiempo de la pena, los jefes de las Farc no podrán elegir ni ser elegidos, pero que una vez se cumpla este término quedarían vivos políticamente. Las penas en libertad restringida para los máximos responsables van de 5 a 8 años, y condenas de entre 2 y 5 años para “quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos” (ver notas anexas). Un segundo paquete de responsables de delitos graves podría pagar penas de entre 5 y 8 años de prisión efectiva (esto es, intramural) si su colaboración con la verdad y la reparación no se produce de entrada en el proceso alternativo, pero en todo caso antes de que se profiera sentencia. Y hay un tercer grupo que podría recibir condenas de privación efectiva de la libertad de entre 15 y 20 años. Son aquellos que no acepten su responsabilidad en los crímenes más graves y sean vencidos en juicio en el Tribunal Especial para la Paz, que será el máximo órgano de la nueva jurisdicción. Pero incluso en ese escenario, el de la no colaboración, estas personas ya tienen una ventaja frente al...
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