AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA PLENA nº 110010230000201700078-00 del 03-08-2017
| Sentido del fallo | DIRIME CONFLICTO - REMITE AL DESPACHO COMPETENTE |
| Emisor | SALA PLENA |
| Número de expediente | 110010230000201700078-00 |
| Número de sentencia | APL4982-2017 |
| Tipo de proceso | CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Fecha | 03 Agosto 2017 |
P.S. CUÉLLAR
Magistrada Ponente
APL4982-2017
Radicación No. 110010230000201700078-00
Aprobado Acta No. 20N° 12
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Derrotado el proyecto que presentó el doctor A.W.Q.M. en sesión de Sala Plena del 19 de julio del presente año, se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 3º Civil del Circuito de Yopal, el Juzgado 2º Laboral del Circuito de la misma ciudad y el Juzgado 39 Laboral del Circuito de Bogotá, para conocer del proceso ejecutivo formulado a través de apoderado por la Sociedad Médica Integral Domiciliaria AMICASA S.A.S., contra Nueva EPS S.A.
- ANTECEDENTES
Ante el Juez 3º Civil del Circuito de Yopal, la Sociedad Médica Integral Domiciliaria AMICASA S.A.S., presentó demanda ejecutiva de mayor cuantía contra la EPS referida, y solicitó el mandamiento de pago por los valores contenidos en las facturas generadas con ocasión de la prestación de los servicios de salud especializados a los afiliados a esa entidad, los intereses moratorios y las costas del proceso.
Ese despacho judicial se declaró incompetente y ordenó enviar el asunto a los jueces laborales de la misma ciudad, por «tratarse de una controversia relativa a la prestación de los servicios de la seguridad social».
Se repartió al Juzgado 2º Laboral del Circuito, cuyo titular lo remitió por competencia territorial a sus homólogos en Bogotá, lugar de domicilio principal de la demandada de conformidad con el certificado de existencia y representación, y además porque fue el sitio en el cual se efectuó la reclamación del derecho (art. 11 CPT y de la SS).
El Juzgado 39 Laboral del Circuito de esta capital, también se abstuvo de conocer, soportando su decisión en jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que estableció el alcance del artículo 2º del CPT y de la SS y la competencia que tienen los jueces civiles para conocer de asuntos como el presente.
Planteada así la controversia, se remitió a esta Corporación para su resolución.
- CONSIDERACIONES
- De conformidad con el art. 17, num. 3°, de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inc. 1° del art. 18 ibídem, es atribución de la Sala Plena de esta Corporación dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial
- A partir de lo anterior, la labor de la Corte se circunscribe a establecer a cuál despacho judicial corresponde conocer de la demanda ejecutiva instaurada para obtener el pago de diferentes sumas de dinero, representadas en facturas, originadas en la prestación de servicios de salud que la Sociedad Médica Integral Domiciliaria AMICASA S.A.S. le prestó a la Nueva EPS S.A
Para tal propósito, cumple advertir que en asuntos análogos al presente, en los cuales se pretendía la ejecución de obligaciones emanadas del sistema de seguridad social representadas en títulos valores, la Corte consideraba que la competencia radicaba en la especialidad laboral y de seguridad social. Sin embargo, luego de un nuevo estudio, dicha tesis fue recogida mediante decisión del 23 de marzo de 2017 (rad. 2016-00178), en la cual la suscrita también fungió como ponente, con fundamento en las siguientes consideraciones:
(…) Hasta la presente fecha, en asuntos similares la Corporación atribuyó la competencia de «[l]a ejecución de obligaciones emanadas (…) del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad», a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, a partir del artículo 2º, numeral 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el artículo 100 ibídem.
(…) Sin embargo, un nuevo análisis de la situación que plantea el conflicto que ahora reclama la atención de la Corte, hace necesario recoger dicha tesis y, en lo sucesivo, adjudicar el conocimiento de demandas ejecutivas como la que originó este debate, a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, teniendo en cuenta las razones que a continuación se exponen.
(…) Es cierto que uno de los principales logros de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar en un solo estatuto el sistema de seguridad social integral, al tiempo que la Ley 712 de 2001 le asignó a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias surgidas en razón del funcionamiento de tal sistema, como así lo prevé el artículo 2º, numeral 4º, cuyo texto señala que es atribución de aquella:
(…) Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.
(…).
Ocurre sin embargo que dicho sistema puede dar lugar a varios tipos de relaciones jurídicas, autónomas e independientes, aunque conectadas entre sí.
La primera, estrictamente de seguridad social, entre los afiliados o beneficiarios del sistema y las entidades administradoras o prestadoras (EPS, IPS, ARL), en lo que tiene que ver con la asistencia y atención en salud que aquellos requieran.
La segunda, de raigambre netamente civil o comercial, producto de la forma contractual o extracontractual como dichas entidades se obligan a prestar el servicio a los afiliados o beneficiarios del sistema, en virtud de lo cual se utilizan instrumentos garantes de la satisfacción de esas obligaciones, tales como facturas o cualquier otro título valor de contenido crediticio, el cual valdrá como pago de aquellas en orden a lo dispuesto en el artículo 882 del Código de Comercio.
Así las cosas, es evidente que como la obligación cuyo cumplimiento aquí se demanda corresponde a este último tipo de relación, pues surgió entre (…) y (…), la cual se garantizó con un título valor (factura), de contenido eminentemente comercial, la competencia para conocer de la demanda ejecutiva, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil.
A partir de estos presupuestos, en el caso que ahora ocupa a la Sala Plena, la competencia radica en los Jueces Civiles del Circuito, pues ciertamente la obligación cuyo cumplimiento se reclama proviene de la relación contractual entre las entidades involucradas para la prestación del servicio a los afiliados o beneficiaros del sistema de salud, cuya garantía de pago la constituyen facturas.
- Establecido lo anterior, ahora corresponde determinar la competencia territorial, y para ello es oportuno acudir al Código General del Proceso por ser la normatividad vigente al momento en que se radicó la demanda, esto es, el 3 de agosto de 2016, teniendo en cuenta que a partir del 1º de enero de este último año, aquél entró en vigencia íntegramente en todos los distritos judiciales (Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura)
En relación con dicho factor, el numeral 1º del artículo 28 de esa Legislación establece como regla general de competencia el domicilio del demandado, advirtiendo que si este tiene varios o son varios los demandados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos a elección del actor. Por su parte, el numeral 3º del mismo precepto, prevé:
En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba