AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 33036 del 30-07-2013
| Sentido del fallo | RECHAZA TUTELA |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Fecha | 30 Julio 2013 |
| Número de expediente | T 33036 |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
Magistrado Ponente
Radicación No. 33036
Acta No. EXTRAORDINARIA
Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil trece (2013)
Sería del caso entrar a resolver sobre la admisión de la acción de tutela de D.A.M.H. contra la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Colombia, de no ser porque la Sala carece de jurisdicción para ello, por estar dirigida la petición en contra de una misión diplomática cubierta por la inmunidad jurisdiccional prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Esta Sala dejó establecida su posición frente al tema en el auto del 21 de marzo de 2012, R.. 37637, que resulta de plena aplicación en el presente asunto, por cuanto la acción de tutela se encuentra incluida dentro del poder jurisdiccional frente al cual existe inmunidad y por no acreditarse alguna de las excepciones contempladas en el artículo XXXI de la citada Convención, ni haber operado una renuncia sobre tal beneficio. Sostuvo la Sala:
"Atendiéndose el orden procesal que se ha dado al presente asunto, sería del caso disponer sobre el trámite a que alude el anterior informe secretarial. No obstante, la actual conformación de la Sala y una nueva vista sobre el tema competencial aquí tratado, imponen a la Corte rectificar su postura al respecto y, por ende, adoptar las medidas de saneamiento a que ha lugar, dado que, como se verá enseguida, la calidad de la parte demandada comprometida en la controversia, como la de los actos fundamento de la misma, no le permiten pronunciarse de fondo sobre ésta.
Al efecto, cabe recordar que son dos los criterios que, en síntesis, han orientado la posición de la Corte frente a demandas planteadas por nacionales colombianos contra órganos nacionales extranjeros e internacionales y personas concebidas en el Derecho Internacional, como lo son entre otros, los agentes y misiones diplomáticas, en los cuales están comprometidos Estados extranjeros con sede en nuestro territorio en virtud de prestación de servicios personales: el primero, vigente en su última época hasta la providencia de esta Sala de Casación de 13 de diciembre de 2007 (Radicación 32.096), y explicado profusamente en auto de 8 de agosto de 1996 (Radicación 9151), que consideraba que, a pesar de que el ordinal 5° del artículo 235 de la Constitución Política de 1991 estableció que la Corte Suprema de Justicia conocería de los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación en los casos previstos en el 'Derecho Internacional, lo cierto era que, salvo las excepciones previstas en el artículo XXXI de la Convención de Viena de 18 de abril de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada y ratificada por Colombia mediante la Ley 62. de 1972, o la renuncia al beneficio de inmunidad jurisdiccional contemplado por el artículo XXXII del mismo estatuto, por fuerza de dicho instrumento internacional le estaba vedado el conocimiento de controversias de origen laboral como las aquí propuestas. Y el segundo, plasmado en la citada providencia del 13 de diciembre de 2007, que sostuvo que la costumbre internacional ha morigerado el riguroso concepto de la inmunidad jurisdiccional absoluta emanado de estatutos internacionales como el ya señalado, para dar paso al de una inmunidad relativa o restringida en virtud de la cual el Estado acreditante debe responder ante los nacionales del Estado receptor por los actos que como particular hubiere realizado a través de sus representantes, esto es, de los agentes diplomáticos y consulares y, por consiguiente, de acuerdo con el canon constitucional ya citado, la Corte es juez natural y en única instancia de las controversias que de tales actos surgieren.
Para la primera tesis, en la referida Convención de Viena se tienen
como incluidas en el concepto de 'inmunidad jurisdiccional civil'
las controversias laborales y de la seguridad social; para la
segunda, la autonomía de las mentadas disciplinas jurídicas en que se desenvuelven permite sustraer de tal fuero dichas materias, y por tanto, hacer recaer su decisión en los jueces locales del Estado receptor, conforme a las reglas internas de distribución de competencias.
Pues bien, para empezar, importa precisar que, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la administración de justicia es función pública, lo que traduce, en términos de la doctrina, la actividad que cumple el Estado a través de agentes y órganos especializados tendiente al cumplimiento de sus fines esenciales, en este caso, específicamente, tanto el de asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo, como el de garantizar la efectividad de principios, derechos, deberes y libertades consagrados no sólo en dicha Constitución sino en todo el ordenamiento jurídico, según se extrae del artículo 2° del mismo estatuto constitucional. Propósitos de Estado para cuyo cumplimiento se pone a disposición de los asociados una estructura judicial de órganos y personas dotadas de una investidura constitucional y legal inspirada por principios de autonomía e independencia y cuyo funcionamiento y ejercicio se cumple dentro de reglas claras y expresas de competencia, de manera propia, habitual y permanente. Excepcionalmente, la función jurisdiccional puede ser ejercida por órganos o personas distintas a los miembros de la Rama Judicial, en los precisos términos y materias de que trata el artículo 116 constitucional.
En tal sentido, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, 'conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho internacional' (subrayas fuera de texto), tal y como lo prevé el artículo 235, numeral 5°, de la misma Constitución. Ello en consonancia con lo dispuesto por el artículo 9° ejúsdem, que establece que en sus relaciones exteriores el Estado se fundamenta en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los `principios del derecho internacional' aceptados por Colombia. Así también, con el alcance que debe darse a normas internacionales en cuanto a derechos humanos (artículos 93 y 94), derecho internacional humanitario (artículo 214), derecho del trabajo (artículo 53), límites territoriales (artículo 102) e, incluso, derechos y garantías de los extranjeros en suelo patrio (artículo 100). De tal manera, dichas disposiciones constituyen para la actividad judicial, en suma, las más notorias expresiones constitucionales de respeto a los principios y reglas que orientan y gobiernan las relaciones internacionales.
Por su parte, la 'Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas' de 18 de abril de 1961, aprobada por la Ley 6' de
29 de noviembre de 1972, sin salvedad alguna, en sus artículos XXXI y XXXII consagra la llamada 'inmunidad jurisdiccional' de los agentes diplomáticos en materias penal, civil y administrativa, en los siguientes términos:
"ARTICULO XXXI.
1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata:
-
de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático lo posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión;
-
de una acción sucesorio en la que el agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario;
-
de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales.
2. El agente diplomático no está obligado a testificar.
3. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución., salvo en los casos previstos en los incisos a), b) y c) del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.
4. La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no lo exime de la jurisdicción del Estado acreditante.
ARTICULO XXXII.
-
El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción de sus agentes diplomáticos y de las personas que gocen de inmunidad conforme al artículo 37.
-
La renuncia ha de ser siempre expresa
-
Si un agente diplomático o una persona que goce de inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 37 entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención directamente ligada a la demanda principal.
-
La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto a las acciones civiles o administrativas no ha de entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución de, fallo para lo cual será necesaria una nueva renuncia".
Pero también deja claro que tales prerrogativas y privilegios no los eximen del acatamiento al orden jurídico interno del país receptor, de la manera que sigue:
"ARTICULO XLI.
-
Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.
-
Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido.
Los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están enunciadas en la presente Convención, en otras...
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