AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 24537 del 07-12-2005

Proceso No 24537 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL

MAGISTRADA PONENTE MARINA PULIDO DE BARÓN

APROBADO ACTA N° 95

Bogotá, D.C., diciembre siete (7) de dos mil cinco (2005)

VISTOS

Resuelve la Sala el conflicto negativo de competencias surgido entre los Juzgados Único Penal del Circuito Especializado de Yopal y Promiscuo del Circuito de Monterrey.

ANTECEDENTES

Con informe número 00284 del 17 de julio del 2004, del Departamento Administrativo de Seguridad, D., G. rural del C., se dejó a disposición de la autoridad a los señores J.P.M.S., L.A.D.M., E.R.G., G.A.L.R., L.C.P.N. y D.A.P.G., quienes fueron capturados en la finca C., vereda M. del municipio de Monterrey. Se les incautó material que lo comprometía con grupos de autodefensas, así como armas de uso privativo de las fuerzas armadas.

Los retenidos fueron escuchados en indagatoria el 22 y 23 de julio del 2004. Les fue resuelta su situación jurídica el 6 de agosto, con la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como coautores del delito de concierto para delinquir agravado.

Completa la investigación se ordenó su cierre el 8 de febrero del 2005. Se interpuso recurso de reposición y la fiscalía revocó el cierre de la investigación.

Recopiladas las pruebas se ordenó nuevamente el cierre el 13 de junio del 2005 en relación con los señores L.A.D.M., G.A.L.R. y L.C.P.N.. Los demás implicados solicitaron sentencia anticipada.

La fiscalía calificó el sumario el 22 de julio del 2005, y profirió resolución de acusación en contra de los implicados como coautores del delito de concierto para delinquir agravado.

El expediente fue remitido al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal. El 14 de septiembre del año en curso el juez se declaró incompetente para continuar conociendo del proceso. Estas fueron sus razones:

Hasta el momento, la conducta endilgada a los miembros de los grupos de autodefensa se subsumía en el tipo penal de concierto para delinquir. Con ocasión de la promulgación de la ley 975 del 25 de julio del 2005, se modificó el Código Penal en su artículo 468 para adicionarlo.

De manera que, por legalidad y favorabilidad se impone calificar como sedición la acción que se encuadraba en el tipo penal de concierto para delinquir, en la modalidad de promover, armar, financiar grupos armados al margen de la ley en cuanto a las organizaciones de autodefensas.

Como esta conducta es de competencia de los Jueces Penales del Circuito, considera que perdió competencia y envía las diligencias a dichos juzgados. Propone adicionalmente colisión negativa de competencias en el evento de que no se compartan sus razonamientos.

El proceso le correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, quien no aceptó la competencia por considerar que la Ley 975 del 2005, fue dictada con el fin de conceder beneficios jurídicos a aquellas personas que se acojan a las condiciones de desmovilización previstas en el articulado. En el artículo 2° se establece el ámbito de aplicación e interpretación, por lo que concluye que no es una ley ordinaria, sino especial y sus normas se integran a una sola voluntad, la de aplicar los beneficios a personas vinculadas a grupos armados que se sometan a un procesamiento judicial y se desmovilicen.

Los procesados no cumplen con los presupuestos de la ley y por eso no pueden acceder a los beneficios.

Se declaró incompetente, aceptó la colisión negativa de competencia y remitió el expediente a la Corte Suprema para lo pertinente.

CONSIDERACIONES

La Corte es competente para conocer de este asunto, habida cuenta que el artículo 18 transitorio de la Ley 600 de 2000 le asigna el conocimiento de los conflictos de competencia que se susciten entre jueces penales de circuito especializado y un juez penal de circuito, motivo por el cual se procede a acometer el estudio de fondo de la colisión trabada.

Aspectos Generales

La Ley 975 de 2005 fue expedida con el propósito de regular todo lo concerniente a "la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o participes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional" -artículo 2°-, lo que de entrada plantea un primer problema a resolver, consistente en determinar si su artículo 71 quedó condicionado a ése específico ámbito de aplicación.

Con tal propósito habrá de mencionarse que la norma en cita fue incluida en el capítulo XII relativo a "vigencia y disposiciones complementarias" evento que permite concluir razonablemente que fue voluntad del legislador que los efectos de la especial modalidad sediciosa introducida en la Ley 975 de 2005, no se reserven de manera exclusiva para quienes opten por desmovilizarse, sino que se aplique a todos aquéllos que hagan parte de los denominados "grupos armados organizados al margen de la ley".

A su vez, mediante esta norma el legislador reformó directamente el Código Penal en el sentido de tipificar bajo el nomen juris de "sedición" la conducta de "quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal", de donde deviene indudable que no empece las precisiones sobre el ámbito de aplicación de la codificación en cita, su artículo 71 está llamado a producir efectos generales, de suerte que a partir de su vigencia todas las hipótesis en que la imputación fáctica contra un sindicado se haga consistir en "pertenecer o conformar" uno de los mencionados grupos armados con las consecuencias allí señaladas -interferir en el funcionamiento del orden constitucional y legal vigente-, resulta inequívocamente típica de esta especial modalidad de sedición.

No cabe duda que la introducción de esta nueva modalidad de sedición se enmarca en las competencias del poder legislativo, legitimado para introducir tal reforma, pues como lo tiene dicho la jurisprudencia constitucional[1], en desarrollo de la cláusula general de competencia para expedir las leyes, es de su resorte seleccionar los bienes jurídicos merecedores de protección, señalar las conductas capaces de afectarlos, distinguir entre delitos y contravenciones, fijar las consecuentes de cada una de tales especies y determinar los procedimientos para su juzgamiento, tópicos todos que hacen parte de la política criminal del Estado, en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador en lo no regulado directamente por el Constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro de la llamada libertad de configuración.

En desarrollo de tales competencias se visualiza la modificación introducida al Código Penal a través de la Ley 975 de 2005, que precisamente por tener dicha connotación no puede restringirse en su aplicación a quienes hagan dejación de las armas en el marco de los acuerdos de desmovilización, ni concebirse como uno más de los "beneficios" regulados en ese cuerpo normativo para incentivar dichas entregas, pues cualquiera de tales interpretaciones conllevaría una negación del principio de igualdad ante la ley, en virtud del cual resulta impensable que una misma conducta ontológicamente considerada puede adecuarse a dos modelos delictivos diversos, dependiendo de factores extraños a los que deben orientar su definición como delito y el proceso de adecuación típica propiamente dicho.

En consecuencia, la introducción de la especial modalidad de sedición reglada en la Ley 975 de 2005 a la que viene haciéndose referencia, plantea un segundo problema por definir, consistente en determinar si esa norma modificó o derogó el concierto para delinquir recogido en el artículo 340, incisos 2° y 3° del Código Penal.

A este respecto, bien está recordar...