AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43707 del 11-12-2018
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Ponente | FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO |
| Sentido del fallo | REVOCA |
| Número de sentencia | AP5414-2018 |
| Número de expediente | 43707 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal Justicia y Paz de Medellín |
| Tipo de proceso | SEGUNDA INSTANCIA |
| Fecha | 11 Diciembre 2018 |
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Magistrado Ponente
AP5414-2018
Radicación n°. 43707
(Aprobado acta nº. 405)
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
VISTOS
Procede la Sala a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia SU-648 de 2017.
ANTECEDENTES
Dentro de la actuación de sometimiento a la Ley de Justicia y Paz seguida a R.E.H.M., alias “P.B., quien fuera comandante del frente A.H. del bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, la Fiscalía 25 Delegada de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz - Subunidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación a las Víctimas, solicitó la cancelación de los títulos de propiedad, la eliminación de las respectivas anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria y la restitución material y jurídica de los siguientes bienes:
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CASO 1 |
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Bien No. |
Nombre del bien |
Folio Matrícula Inmobiliaria |
Extensión |
Reclamante |
Propietario Inscrito |
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1 |
Villa Fanny |
034-71186 |
72 ha 9.700 m2 |
Vidal Durán Jiménez |
Inmobiliaria Inversiones ASA S.A. |
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2 |
F. |
034-71567 |
40 ha 7.000 m2 |
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3 |
Carmen Alicia |
034-71566 |
60 ha 4750 m2 |
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CASO 2 |
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Bien No. |
Nombre del bien |
Folio Matrícula Inmobiliaria |
Extensión |
Reclamante |
Propietario Inscrito |
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4 |
Santa María |
011-2368 |
33 ha 8.063 m2 |
Afranio Manuel Solano Morales |
Inmobiliaria Inversiones ASA S.A. |
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5 |
Santa Fe |
011-2366 |
50 ha 2.250 m2 |
Martha Irene Hurtado |
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CASO 3 |
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Bien No. |
Nombre del bien |
Folio Matrícula Inmobiliaria |
Extensión |
Reclamante |
Propietario Inscrito |
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6 |
No hay como Dios |
034-71256 |
35 ha 5.100 m2 |
Rosember Ibáñez Ortega |
Inmobiliaria Inversiones ASA S.A. |
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CASO 4 |
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Bien No. |
Nombre del bien |
Folio Matrícula Inmobiliaria |
Extensión |
Reclamante |
Propietario Inscrito |
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7 |
Deja que Digan |
034-68737 |
16 ha 8.528 m2 |
Dionisio Terán y Eulalia Cortes |
Inmobiliaria Inversiones ASA S.A. |
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CASO 5 |
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Bien No. |
Nombre del bien |
Folio Matrícula Inmobiliaria |
Extensión |
Reclamante |
Propietario Inscrito |
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8 |
El Descanso |
034-71258 |
60 ha 9.500 m2 |
Manuel Antonio Díaz Vargas |
Inmobiliaria Inversiones ASA S.A. |
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CASO 6 |
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Bien No. |
Nombre del bien |
Folio Matrícula Inmobiliaria |
Extensión |
Reclamante |
Propietario Inscrito |
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9 |
Fundación |
011-2341 |
54 ha 8.500 m2 |
Tibaldo Enrique Díaz González |
Inmobiliaria Inversiones ASA S.A. |
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10 |
Fundación I |
011-7594 |
35 ha 45 m2 |
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11 |
Fundación II |
011-7593 |
34 ha 3.498 m2 |
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CASO 7 |
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Bien No. |
Nombre del bien |
Folio Matrícula Inmobiliaria |
Extensión |
Reclamante |
Propietario Inscrito |
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12 |
La Candelaria |
034-68741 |
168 ha 1.300 m2 |
Carlos Yamil Páez Díaz |
Inmobiliaria Inversiones ASA S.A. |
La Fiscalía fundamentó las solicitudes en que la transferencia del derecho de dominio de los predios obedeció a un despojo ilícito producto de desplazamiento forzado porque si bien fueron realizadas negociaciones de compraventa sobre ellos, éstas fueron consecuencia del temor que originó la incursión violenta del grupo paramilitar comandado por RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA, durante los años 1996 y 1997, en la vereda G. del municipio de Mutatá - Antioquia.
Los fundos en cuestión, a excepción del denominado “Santa Fe” que fue comprado por M.I.H.A., fueron adquiridos por la sociedad Las Guacamayas Limitada1 con el propósito de desarrollar un proyecto industrial de ganadería.
Convocada audiencia por la Magistratura de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, se surtió el incidente de cuya apertura se dio aviso a las autoridades de registro competentes donde se inscribió como medida cautelar en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria de las propiedades en discusión, en audiencias realizadas los días 10 de mayo y 5 de junio de 2012.
Con posterioridad, el 26 de abril de 2013, el apoderado de la Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A.2, con fundamento en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, solicitó definición de competencia porque la pretensión de restitución de las citadas fincas también se había formulado ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; fue así como el 27 de mayo siguiente, esta Sala, de conformidad con el régimen de transición previsto en el artículo 38 de la Ley 1592 de 2012, definió que la competencia para conocer el asunto se arraiga en la autoridad judicial, el Magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, por cuanto antes de entrar a regir esa legislación se había impuesto la medida cautelar prevista en el artículo 692 del Código de Procedimiento Civil.
Tras la práctica de diversos medios probatorios se escucharon las alegaciones de las partes, el a quo profirió decisión denegatoria de las pretensiones presentadas en el curso del incidente contra la cual la Fiscalía delegada, los apoderados de los reclamantes y el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas presentaron recurso de apelación; los primeros enunciados sustentaron la impugnación, mientras que el último presentó desistimiento de la alzada.
DECISIÓN APELADA
Mediante proveído de 21 de abril de 2014, el Magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín resolvió negar las solicitudes de cancelación de registros obtenidos fraudulentamente y de restitución jurídica y material de bienes inmuebles presentadas por la Fiscalía 25 Delegada de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, en consideración a que la valoración integral de las pruebas recaudadas lleva a concluir que no se presentó ningún acto ilícito en las ventas de los bienes inmuebles discutidos.
Explicó que el conflicto armado en la zona de Urabá antioqueño es un hecho notorio que está exento de prueba; por tanto, se requería demostrar que la venta de los terrenos en discusión fue consecuencial a actos de violencia ejecutados en contra de sus propietarios y que existía un nexo causal entre la supuesta transferencia irregular del derecho de dominio y el accionar del grupo paramilitar comandado por RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA, sin que la Fiscalía se ocupara de ello.
Otorgó credibilidad a los relatos de R.D.R.P., J.F.M.M., L.B.O., H. de J.D.P., Luis Alberto Vallejo Ochoa, F.L.C.H. y Martha Irene Hurtado Agudelo, quienes afirmaron que no se ejerció ninguna clase de presión para la negociación de los inmuebles e intimidar a sus propietarios con el fin de que vendieran en contra de su voluntad; en ese sentido, calificó las atestaciones de espontáneas, coherentes y uniformes en aspectos como el precio, la forma de pago y otras condiciones especiales que se acordaron respecto de los predios señalados.
De otra parte, puntualizó que se probó que algunos habitantes de la zona no quisieron vender sus fincas sin que por eso se generaran acciones en su contra, así como se supo que algunos más ofrecieron sus terrenos a la sociedad G. que a la postre decidió no comprarlos; además, que incluso varios familiares cercanos de algunos de los aquí reclamantes siguieron viviendo en la vereda y otros de aquellos hicieron parte del...
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