AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57954 del 29-09-2021
| Sentido del fallo | CONFIRMA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | 57954 |
| Fecha | 29 Septiembre 2021 |
| Tribunal de Origen | Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia |
| Tipo de proceso | SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de sentencia | AP4547 2021 |
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Magistrado ponente
AP4547–2021
Radicado N° 57954.
Acta 255.
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
VISTOS
Se pronuncia la Corte respecto del recurso de apelación presentado por la representación de la víctima, el 21 de julio de 2020, en contra de la decisión de la S. Especial de Primera Instancia, que dispuso la preclusión de la investigación seguida en contra del Dr. LUIS EMILIO PÉREZ GUTIÉRREZ, en su calidad de Gobernador de Antioquia para la fecha de los hechos, respecto de los presuntos delitos de injuria, calumnia, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y actos de discriminación y hostigamiento, previa solicitud presentada por la F.ía Once Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
HECHOS
En entrevista entregada el 24 de abril de 2018 a un medio radial de comunicación, el entonces Gobernador de Antioquia, DR. LUIS EMILIO P.G., dijo:
“Periodista: Sobre las últimas acciones que se están presentando en el proyecto de la hidroeléctrica de Ituango, el gobernador de A.L.P.G. manifestó que obras de esta magnitud, se deben rodear y trabajar además en la defensa de la misma.
Gobernador: “El primero de julio vamos a hacer el llenado del embalse. En ese tema ustedes han notado que hay algunas personas encabezadas por una fundación que se llama R.V., que siempre han tratado de crear obstáculos y las protestas que naturalmente son legales las protestas, pero han creado obstáculos para ver si paralizan esta gran obra. Es muy difícil encontrar en Colombia obras que tengan ese valor.
Entonces, nuestra posición es que necesitamos energía para el futuro, los municipios se van a ver altamente beneficiados. El Departamento de Antioquia en el futuro va a tener unos ingresos gigantes para el desarrollo de los municipios y vamos a ser ejemplo para el mundo, porque esa es la Hidroeléctrica más grande que se está construyendo en el mundo.
Por eso tenemos que rodear este proyecto y trabajar en la defensa de él con las personas que vienen haciendo movimiento para perturbar la Hidroeléctrica se les ha hecho una mesa de trabajo, se viene conversando con ellos, no obstante ellos hacen todo tipo de actividad a ver si suspenden la obra.
La Cancillería va a contestarle francamente a esos Diputados porque sin uno conocer una situación, no es bueno meterse en la autonomía de los países.
Lo segundo es que la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la F.ía, la Secretaría de Gobierno siempre vienen hablando con esos señores que han tratado, primero de paralizar la obra diciendo que está aumentando el río Cauca, después que había gente a la que no habían indemnizado, después decían que estaban cortando unos árboles sin permiso, todos los días hay una disculpa distinta. Eso ya empieza a tener un tufillo de mala fe y por eso las Empresas Públicas de Medellín, la misma Procuraduría está recogiendo todos los argumentos para que la F.ía investigue a estas personas que son repetitivamente buscando de mala fe paralizar la obra, y todos los daños que están ocurriendo los días de parálisis valen mucho dinero, todo se está llevando a la F.ía para que ellos analicen el caso de estas personas”.
A sí mismo, en el noticiero del mediodía de Caracol Televisión, el 14 de septiembre de ese mismo año, respondió lo siguiente:
“Periodista: “Ituango, Antioquia. Hay tensión pues 50 familias de comunidades aguas arriba del río Cauca que resultaron afectadas por el proyecto H., ahora van a ser retiradas del Coliseo donde se albergan hace cuatro meses porque la Gobernación las autoridades locales dicen que están aprovechándose de esa situación, ellos dicen que perdieron sus viviendas”.
Periodista: “Así es como decenas de personas afectadas por la zona de influencia de H., integrantes del Movimiento R.V. entran a la fuerza al Coliseo del Municipio de Ituango donde permanecen asentados hace cuatro meses. Ante dicha ocupación las autoridades ordenaron su retiro inmediato”.
Gobernador: “La Secretaría de Gobierno las va a retirar de allá, usando todos los instrumentos legales. Sobre esas personas hay muchas críticas, porque algunas de ellas viven en el Municipio y tienen casa en el municipio y tomaron la decisión de irse a vivir al Coliseo donde hacen deporte todos los jóvenes”.
Periodista: Según el mandatario algunas personas están queriendo sacar provecho de la contingencia.
Gobernador: “Esas personas, durante el día están extorsionando porque es la palabra que hay que utilizar porque le piden a todos los comerciantes y los obligan a que les den alimentos o dinero para poderse mantener dentro del Coliseo”.
Periodista: “El Alcalde del municipio asegura que no hay espacios deportivos adicionales para los niños.
Alcalde: “Utilizaron vías de hecho y además que ya se tiene experiencias con ellos de que utilizan los espacios públicos y donde se quedan por largas temporadas.
Periodista: Sin embargo integrantes de R.V. se defienden y dicen que están pasando por una difícil situación: “Todas estas organizaciones se desplazaron hacia el municipio de Ituango, para nuestra movilización que teníamos pendiente en contra de la presa y de ...donde ellos también vienen apoyando con lo que viene pasando con esta emergencia causada por de H.”.
Periodista: “La incertidumbre se mantiene para esas familias mientras las autoridades y habitantes del pueblo tratan de recuperar su espacio deportivo”.
Como quiera que estimó las palabras y actuaciones del mandatario regional, constitutivas de los delitos de injuria, calumnia, hostigamiento, discriminación y abuso de autoridad, la vocera de la Asociación Ríos Libres, instauró denuncia penal en contra del entonces Gobernador de Antioquia, LUIS EMILIO P.G., el 13 de diciembre de 2018.
La investigación de los hechos en reseña le fue asignada al F. Undécimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el cual, luego de recoger la información y elementos materiales probatorios que estimó pertinentes, pidió la preclusión por entender, de un lado, que los presuntos delitos de injuria y calumnia atinentes a las manifestaciones públicas realizadas por el indiciado el día 24 de abril de 2018, caducaron antes de que se presentase la correspondiente querella; y, del otro, que las conductas referidas a las afirmaciones adelantadas en ese primer momento y después en una cadena de radio nacional, el 9 de septiembre de 2018, así como el desalojo realizado en el Coliseo Municipal de Ituango, carecen de tipicidad objetiva –ordinal 4°, artículo 332, Ley 906 de 2004-.
A fin de soportar su solicitud, el funcionario destaca que discurrieron más de seis meses entre el primer hecho injurioso o calumnioso endilgado al ex gobernador -24 de abril de 2018- y el momento en la que se denunció este -13 de diciembre de 2018-, superando el término que respecto de la querella establece el artículo 73 de la Ley 906 de 2004, razón suficiente para que no pueda proseguirse la investigación.
Así mismo, respecto de las condiciones de acto de discriminación u hostigamiento atribuidas a las afirmaciones en cuestión, señala el solicitante, que no se advierte en esas palabras algún interés por discriminar a un grupo en particular o fomentar odio en contra del mismo, por razones de sexo, raza, religión, etc., pues, finalmente, las aseveraciones se dieron en curso de una reunión organizada para examinar las dificultades generadas por la construcción de la hidroeléctrica de Ituango y los movimientos que se oponían a la misma, sin que tampoco pueda tildarse de mendaz lo referido acerca de esta oposición.
En tales condiciones, considera que no se cubren los matices típicos objetivos que disciplinan los artículos 134 A y 134 B, del C..
A su vez, en lo que toca con el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, que remite al desalojo de los ocupantes del Coliseo Municipal de Ituango, destacó el F. Once, que lo sucedido se discutió en un Consejo Departamental de Seguridad, donde se dio a conocer la afectación generada por la ocupación del bien local, hasta definirse que las autoridades municipales deberían encargarse de realizar lo pertinente.
De esta manera, conjugado que la decisión de iniciar el trámite de desalojo fue conjunta, de los asistentes al Consejo de Seguridad, pero además, que la diligencia fue acometida por el Inspector Municipal, con segunda instancia del alcalde de Ituango, en un procedimiento ceñido a los estándares legales, no es posible estimar típica, en lo objetivo, la actuación del ex gobernador P.G.; mucho menos, acota, si otros procedimientos judiciales verificaron la legalidad de lo ejecutado y ni siquiera se tenía certeza de que los ocupantes del coliseo, en verdad vivieran en la localidad o fueran afectados por la hidroeléctrica.
Por último, en lo que atiende a las manifestaciones vertidas ante un medio de comunicación por el indiciado, el 14 de septiembre de 2018, referidas a que supuestamente los ocupantes del coliseo extorsionaban a comerciantes de la localidad, advierte que el contexto de lo sucedido indica cómo se convocó un consejo de seguridad en el cual el párroco, el alcalde y varios comerciantes de Ituango, señalaron que los manifestantes presionaban para la entrega de víveres.
El Entonces Gobernador explicó, sostiene el F., que el término extorsión lo utilizó para referirse exclusivamente a las exigencias de alimentos.
Bajo estas circunstancias, adujo, no es posible tipificar un delito de calumnia o injuria, dado que la acusación fue genérica e incierta, sin precisar la modalidad de la conducta endilgada, el responsable o los...
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