Auto nº A. 1520/25, Corte Constitucional, 01-10-2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 1520 DE 2025

Referencia: expediente CJU-7014.

Asunto: conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería (Córdoba) y la Superintendencia de Sociedades.

Magistrada ponente:

N.Á.C..

B.D.C., primero (1°) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente:

AUTO.

I. ANTECEDENTES

1. El 5 de mayo de 2025, A.B.O.V. presentó, a través de apoderado judicial, una demanda administrativa por el medio de reparación directa contra el departamento de Córdoba^[1]. Las pretensiones de la demanda se orientan a (i) declarar la responsabilidad del departamento de Córdoba, por los daños y perjuicios morales y materiales causados al accionante, con ocasión de “la violación al deber objetivo de cuidado”^[2] al “demorar el cumplimiento de una orden administrativa” en el marco de un acuerdo de reestructuración^[3]; en consecuencia, (ii) condenar al departamento al pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño moral^[4].

2. Según el relato de la demanda^[5], el señor O.V. prestó servicios en el año 2003 al departamento de Córdoba. Respecto de estos servicios se declaró posteriormente un contrato realidad, y el accionante y otras personas solicitaron el pago de sus acreencias laborales^[6].

3. En el año 2008, se celebró un acuerdo de reestructuración de pasivos de conformidad con la Ley 550 de 1999^[7], entre el departamento de Córdoba y sus acreedores. Según el accionante, en el marco de este acuerdo, el departamento se comprometió al pago de acreencias laborales del primer grupo de acreedores^[8], entre los que se encuentra él, dentro de un término de tres meses, so pena de las sanciones legales. Como consecuencia de ello, el accionante recibió un pago parcial de sus acreencias laborales correspondientes a cesantías y a la sanción moratoria que dispone la Ley 244 de 1995 por su no pago oportuno^[9]. Sin embargo, el demandante alega que existió una omisión del deber objetivo de cuidado por parte de la administración, “por la indebida operación administrativa”, al incumplir el plazo acordado para el pago. En específico, señala que hubo una demora que perjudicó a los acreedores por más de dos décadas^[10].

4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería (Córdoba), el cual, mediante Auto del 20 de junio de 2025, declaró su falta de jurisdicción para tramitar el asunto y ordenó su remisión a la Superintendencia de Sociedades^[11]. Esto, al considerar que “la controversia versa sobre el incumplimiento de las cláusulas pactadas relacionadas con los términos para el pago de las acreencias, como presupuesto de ineficacia del acuerdo de reestructuración”^[12].

5. Para sustentar dicha decisión, el juzgado citó el artículo 37 de la Ley 550 de 1999, y destacó que, de acuerdo con él, corresponde a la Superintendencia de Sociedades “en ejercicio de funciones jurisdiccionales y de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política (…) dirimir judicialmente las controversias relacionadas con la ocurrencia y reconocimiento de cualquiera de los presupuestos de ineficacia previstos en esta ley (…)”^[13].

6. La autoridad judicial también se refirió a la regla de decisión fijada por la Corte Constitucional en el Auto 1561 de 2022, según la cual, “la Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para conocer de los procesos judiciales derivados de la ejecución de los acuerdos de reestructuración de pasivos de entidades territoriales”. Señaló que la Corte en dicha providencia indicó que esta función jurisdiccional para definir “en única instancia algunas vicisitudes de los acuerdos de reestructuración”^[14] es “restringida y excepcional”^[15]. Además, precisó que, en ejercicio de esta competencia, la mencionada Superintendencia ha proferido múltiples pronunciamientos y, de acuerdo con su doctrina, esta competencia no la faculta “para decidir sobre la existencia, o conflictos derivados de las obligaciones post-Acuerdo, ni para tramitar procesos ejecutivos sobre tales obligaciones. Tales asuntos deben ser tramitados ante la justicia ordinaria”^[16].

7. La Superintendencia de Sociedades, mediante Auto del 18 de julio de 2025^[17], propuso un conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones y dispuso la remisión del expediente a la Corte Constitucional^[18]. A juicio de esta autoridad, el demandante no invocó ninguna circunstancia que habilitara su competencia para iniciar alguno de los procesos regulados por la Ley 550 de 1999, específicamente en sus artículos 26, 34, 37 o 39^[19], ni el CGP (Código General del Proceso). Para ella, contrario a lo sostenido por el juzgado administrativo, el demandante no pretende que se reconozcan los presupuestos de ineficacia de ninguno de los actos establecidos en la mencionada ley^[20], sino que se declare un daño antijurídico desplegado por la administración y su consecuente reparación de perjuicios^[21].

8. Con base en lo anterior, la Superintendencia señaló que, aunque las pretensiones pudieran parcialmente desprenderse de unos hechos que aluden al incumplimiento de un acuerdo de reestructuración, esto no basta para que la naturaleza de la acción y las pretensiones se modifiquen. Por ello, precisó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer acciones de reparación directa y determinar y reconocer perjuicios materiales y morales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 152 y 155 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

9. El 13 de agosto de 2025, la Superintendencia de Sociedades remitió el expediente a la Corte Constitucional^[22]. El 2 de septiembre de 2025, el asunto fue asignado a la magistrada ponente^[23], y el 3 de septiembre siguiente, la Secretaría General de la Corte remitió el expediente al despacho^[24].

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

10. La Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones de acuerdo con el artículo 241.11 de la Constitución Política de 1991^[25].

2. Requisitos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones

11. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones^[26]: (i) presupuesto subjetivo^[27], (ii) presupuesto objetivo^[28] y (iii) presupuesto normativo^[29]. En caso de que uno de estos presupuestos no se acredite, la Corte debe declararse inhibida. En el presente caso se reúnen los tres requisitos antes mencionados, tal y como se demuestra en el siguiente cuadro:

Tabla 1. Acreditación de los elementos para la configuración del conflicto entre jurisdicciones.

3. Competencia general de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las demandas de reparación directa contra el Estado

12. El artículo 104.1 del CPACA contiene la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de controversias relacionadas con la responsabilidad extracontractual del Estado. Esta norma establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce, entre otros, de los procesos “relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable”^[33]. El parágrafo de este artículo dispone que se entiende por entidad pública, entre otros, “todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación”^[34].

13. Por su parte, el título III del CPACA regula los distintos medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro de los cuales se encuentra el de reparación directa. En virtud de este medio de control, una persona puede demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión del Estado y éste responderá, entre otras, “cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”^[35].

14. Con base en lo anterior, esta Corporación en el Auto 3121 de 2023 fijó como regla de decisión que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la “competente para conocer las demandas de reparación directa en las que se pretende la indemnización de perjuicios derivada de las acciones u omisi[ones] de una entidad pública^”[36].

4. Competencia jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades en relación con los acuerdos de reestructuración

15. La Ley 550 de 1999^[37] regula los acuerdos de reestructuración que pueden celebrar, entre otras, las entidades territoriales, con el objetivo de “corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo”^[38].

16. Esta norma, en virtud del artículo 116 de la Constitución Política^[39], atribuyó distintas funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades relacionadas con los acuerdos de reestructuración regulados en dicha ley^[40]. Entre ellas, se destaca que el artículo 37 de la ley habilitó a esta autoridad para “dirimir judicialmente las controversias relacionadas con la ocurrencia y reconocimiento de cualquiera de los presupuestos de ineficacia”^[41] de los acuerdos. Así mismo, en lo que respecta a la solución de controversias, dispuso que “las demandas relacionadas con la existencia, eficacia, validez y oponibilidad o de la celebración del acuerdo o de alguna de sus cláusulas, sólo podrán ser intentadas ante la Superintendencia”^[42].

17. Esta disposición normativa también estableció que la Superintendencia de Sociedades es competente para resolver “cualquier diferencia surgida entre el empresario y las partes, entre éstas entre sí, o entre el empresario o las partes con los administradores de la empresa, con ocasión de la ejecución o terminación del acuerdo, distinta de la ocurrencia de un presupuesto de ineficacia de los previstos en esta ley”^[43]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se trata de una competencia “restringida y excepcional”^[44] otorgada a esta autoridad administrativa para definir, en única instancia, “algunas vicisitudes de los acuerdos de reestructuración”^[45]. Esta competencia no faculta a la Superintendencia “para decidir sobre la existencia, o conflictos derivados de las obligaciones post-Acuerdo, ni para tramitar procesos ejecutivos sobre tales obligaciones (…)”^[46].

5. Caso concreto

18. En el presente caso, en aplicación de la regla de decisión adoptada en el Auto 3121 de 2023, la Sala Plena considera que la competencia para conocer de la acción de reparación directa presentada por el señor Alfredo Bernardo Oliveros Viloria debe ser asignada a la autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior, ya que la demanda busca que se declare responsable y se condene el departamento de Córdoba por los daños y perjuicios morales y materiales causados al accionante, como consecuencia de una alegada omisión de su deber objetivo de cuidado al incumplir el plazo establecido en el acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado en el año 2008 para el pago de las acreencias laborales.

19. Así las cosas, las pretensiones del demandante no se ajustan a ninguno de los presupuestos que, según la Ley 550 de 1999, en particular su artículo 37, está habilitada para conocer la Superintendencia de Sociedades. En efecto, el debate planteado no versa sobre la existencia, eficacia, validez u oponibilidad del acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado por el departamento de Córdoba en 2008 ni sobre una diferencia con ocasión de la ejecución o terminación del acuerdo. El actor limita sus pretensiones a la indemnización de los perjuicios que presuntamente le ocasionó la entidad territorial por la demora en el pago de las acreencias laborales que le adeudaba.

20. En este sentido, la demanda y sus pretensiones se subsumen en el medio de control de reparación directa, cuyo conocimiento, según los artículos 104.1 y 140.1 del CPACA, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La autoridad judicial de esta jurisdicción es entonces la competente para pronunciarse sobre la viabilidad de la demanda y la prosperidad de las pretensiones.

21. Por las razones expuestas, la Corte concluye que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada en este caso por el Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, es la autoridad competente para conocer la acción popular instaurada por el señor Alfredo Bernardo O.V. contra el departamento de Córdoba. En ese sentido, la Sala ordenará remitirle el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

Regla de decisión. Reiteración del Auto 3121 de 2023. “De conformidad con los artículos 104.1 y 140 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer las demandas de reparación directa en las que se pretende la indemnización de perjuicios derivada de las acciones u omisión de una entidad pública”^[47].

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería (Córdoba) y la Superintendencia de Sociedades, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería es la autoridad competente para conocer la demanda presentada por Alfredo Bernardo O.V. en contra del departamento de Córdoba.

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-7014 al Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería para que proceda con lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a la Superintendencia de Sociedades, a las partes y a los demás interesados en el proceso.

N., comuníquese y cúmplase.

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

Ausente con excusa

N. ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General