Auto nº A. 811/24, Corte Constitucional, 02-05-2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

Auto 811 de 2024

Referencia: expediente CJU-5317

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Magistrada sustanciadora:

D.F.R.

B.D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

§1. Demanda. E.M.R.C., por intermedio de apoderada judicial, presentó demanda ordinaria laboral de primera instancia contra el Canal Regional de Televisión Teveandina LTDA. Pretende que se declare que, por primacía de la realidad, existió un contrato de trabajo entre ambas entre el 14 de agosto de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018^[1] y, en consecuencia, se condene al pago de acreencias^[2] laborales dejadas de percibir en el marco del contrato trabajo que, según la demandante, existió por la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios. El objeto contractual de estos consistía en prestar los servicios profesionales de manera autónoma e independiente para realizar el apoyo administrativo y operativo de la agencia TBL^[3].

§2. Declaración de competencia de la Jurisdicción Ordinaria Laboral. El 14 de mayo de 2021, el asunto fue repartido^[4] ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, quien admitió la demanda mediante auto del 7 de octubre de 2021^[5]. Continuó el proceso ordinario laboral y, mediante auto del 8 de noviembre de 2023, declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto y dispuso la remisión del expediente a los juzgados administrativos^[6]. Argumentó que las pretensiones de la demanda están dirigidas a declarar la existencia de una relación laboral entre las partes implicadas, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios con una entidad oficial, situación que activa la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para fundamentar esta posición, la autoridad judicial citó el auto 304 de 2022 proferido por la Corte Constitucional. Asimismo, referenció el artículo 16 del CGP y los artículos 40, 48 y 145 del CPTSS.

§3. Declaración de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El 24 de enero de 2024, el asunto fue repartido al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá^[7]. En auto del 23 de febrero de 2024, la referida autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción, propuso conflicto negativo de competencias y ordenó la remisión de la controversia a la Corte Constitucional. Argumentó que la demandante se desempeñó como trabajadora oficial de Teveandina, entidad que es considerada de naturaleza pública, razón por la cual la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer de la demanda presentada por E.M.R. en contra de Teveandina Ltda. Para fundamentar su decisión citó el auto 492 de 2021, el artículo 2 del CPTSS, los artículos 104, 105.4 y 135 del CPACA^[8].

§4. Reparto del expediente en la Corte Constitucional. El 12 de marzo de 2024, el expediente fue remitido a esta Corporación^[9]. En sesión virtual del 5 de abril de 2024, el asunto fue repartido a la Magistrada D.F.R.. El 9 de abril de 2024, el expediente digital respectivo fue enviado al despacho sustanciador a través del Sistema de Información Integrado de la Corte Constitucional, SIICOR^[10].

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

§5. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015^[11].

2. En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver

Cuadro único. Configuración del conflicto de jurisdicciones.

3. Naturaleza jurídica del Canal Regional de Televisión Teveandina LTDA

§6. La Ley 182 de 1995^[16] reglamenta el servicio de televisión, la cual dispone en su artículo 1° que la televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta Ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. Por otra parte, el artículo 2 del Decreto 878 de 1998^[17] dispone que la Sociedad Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., es una sociedad entre entidades públicas organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, que tiene el carácter de entidad descentralizada indirecta perteneciente al orden Nacional, vinculada a la Comisión Nacional de Televisión y podrá utilizar la sigla “Teveandina Ltda.”.

4. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer demandas en las que se pretende determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta por la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado. Reiteración Auto 492 de 2021^[18]

§7. En el Auto 492 de 2021, la Sala Plena estableció que de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado^[19]. La Corte Constitucional ha llegado a esta conclusión con base en el numeral 4 del artículo 104 del CPACA, según el cual la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá los asuntos laborales relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado. Además, es la que conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones que estén sujetos al derecho administrativo y en los que se encuentren involucradas las entidades públicas. Al contrario, a la Jurisdicción Ordinaria Laboral le corresponde el conocimiento de los procesos laborales en los que son parte trabajadores oficiales^[20].

§8. Ahora bien, las personas naturales se vinculan con el Estado para prestar sus servicios u oficios, a través de tres tipos de relaciones: (i) como empleados públicos en virtud de una relación legal y reglamentaria; (ii) como trabajadores oficiales por medio de un contrato laboral, y (iii) como contratistas mediante contrato estatal de prestación de servicios. Al respecto, esta Corporación ha mencionado que las dos primeras modalidades suponen la existencia de un vínculo de carácter laboral, mientras que la última no, dado su carácter “contractual estatal”^[21]. En específico, el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala que entre los contratos estatales^[22] están los contratos de prestación de servicios que son “los que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

§9. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer las controversias originadas para reclamar la declaratoria de un vínculo laboral oculto bajo la figura de un contrato de prestación de servicios celebrado con el Estado, porque es la jurisdicción que el ordenamiento jurídico ha habilitado para controlar y revisar los contratos estatales y determinar la calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une al contratista con la administración, a partir del acervo probatorio y las circunstancias específicas del caso concreto^[23]. Además, este Tribunal ha establecido que dicha jurisdicción dispone de los mecanismos de defensa idóneos para controvertir la existencia de posibles contratos laborales y el cobro de acreencias derivadas de la celebración indebida de contratos de prestación de servicios con el Estado^[24]. En consecuencia, cuando el litigio planteado cuestiona la legalidad de actuaciones de la administración, como los contratos de prestación de servicios celebrados por una entidad pública o la validez de un acto administrativo, la competencia es de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

5. La jurisdicción de lo contencioso administrativo debe conocer de la demanda interpuesta por E.M.R. en la que solicita se declare el reconocimiento de una relación laboral con el Canal Regional de Televisión Teveandina LTDA

§10. En el caso concreto, el asunto es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la medida que la señora E.M.R. pretendió el reconocimiento de una relación laboral con el Canal Regional de Televisión Teveandina LTDA a partir de la celebración sucesiva de contratos de prestación de servicios personales. En primer lugar, la Teveandina Ltda. es una sociedad entre entidades públicas organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, que tiene el carácter de entidad descentralizada indirecta perteneciente al orden Nacional, vinculada a la Comisión Nacional de Televisión. Segundo, la controversia se origina a partir de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios entre la señora E.M.R. y Teveandina Ltda. En ese sentido, la controversia propuesta por el demandante tiene su origen en la determinación de la naturaleza de los contratos estatales celebrado entre la demandante y el Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., caso en el que Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene la facultad para controlar, revisar y determinar la calificación de la naturaleza jurídica de dicho vínculo que une a la contratista con la administración, a partir del acervo probatorio y las circunstancias específicas del caso concreto.

§11. En ese sentido, la Sala Plena remitirá las presentes actuaciones al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para conocer de la demanda interpuesta por E.M.R. en la que solicita se declare el reconocimiento de una relación laboral con el Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda. a partir de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios entre las partes y, en consecuencia, se ordene el pago de las acreencias dejadas de percibir en el marco de la relación laboral que, según la demandante, existió.

§12. R. de decisión^[25]. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios con el Estado, de conformidad con el numeral 4 del artículo 104 del CPACA.

III. DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

RESUELVE

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en el sentido de DECLARAR que Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá es la autoridad competente para conocer de la demanda presentada por Erika Marcela Rey en contra del Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda. en la que se pretende declarar el reconocimiento de una relación laboral a partir de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios.

Segundo. REMITIR el expediente CJU-5317 al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para lo de su competencia, y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá.

N., comuníquese y cúmplase.

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

N. ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General