Boletín No 04: Reformando la administración de Justicia sin contar con la Rama Judicial - Serie Serie Estado social y democrático de derecho
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Boletín N°4, serie Estado Social y Democrático de Derecho
Reformando la administración de Justicia
sin contar con la Rama Judicial
Durante el gobierno de Álvaro Uribe varias veces se han anunciado reformas estructurales de
la rama judicial, casi todas en medio de un contexto de polarización y ataques de diversa índole
contra esta rama del poder público. Entre las últimas propuestas estuvo la promovida a
mediados de 2008, cuando el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, puso a
consideración de las Altas Cortes un texto de reforma, en borrador. En esa ocasión la Corte
Constitucional se abstuvo de estudiar el documento porque, de acuerdo con su Presidente,
Humberto Sierra Porto, “el articulado no estaba completo y faltaban una serie de estudios e investigaciones
donde se explicaran las virtudes y problemas que podría tener la reforma”1. Por su parte, el presidente del
Consejo Superior de la Judicatura “manifestó que en esa propuesta [había] un sesgo de improvisación” 2.
A su vez, el Procurador General de la época, Edgardo Maya, también se pronunció sobre la
reforma y manifestó que esta no planteaba mejoras reales a los asuntos de fondo que debían
ser objeto de una reestructuración de la justicia. Aun así, al inicio de la legislatura 2008-2009 el
Gobierno presentó el proyecto de reforma y la improvisación fue evidente, a tal punto que el
Ministro del Interior y de Justicia retiró el proyecto y lo presentó nuevamente al día siguiente
para que los impedimentos de los congresistas no obstruyeran su curso legislativo. Aun así, el
trámite de la reforma fracasó.
El 18 de diciembre del año pasado, más de un año después del fracaso del proyecto de reforma
anterior, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, actuando como
delegatario de funciones presidenciales, creó mediante decreto una comisión de expertos
encargada de evaluar la posibilidad y el alcance de una reforma estructural a la administración
de justicia en Colombia. Dicha comisión está integrada por disposición del decreto 4932 de
2009 por José Alejandro Bonivento Fernández, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura y profesor universitario (quien la
preside) y por algunos magistrados y ex magistrados de las Altas Cortes.
Aunque la creación de esta comisión parece responder, por la experticia de sus miembros, a la
búsqueda de estrategias para superar la improvisación de propuestas pasadas, la misma resulta
extraña porque excluye a los representantes del poder público judicial de la construcción de los
lineamientos para la administración de justicia, con lo cual se desconocen los dispositivos
institucionales, contemplados en la Constitución y desarrollados por la ley, para garantizar el
respeto del mandato constitucional y de la característica básica de un Estado de Derecho,
consistente en la separación de poderes y la colaboración armónica entre ellos.
Estos dispositivos institucionales incluyen espacios creados para definir y evaluar lineamientos
de la administración de justicia a través del ejercicio de funciones de coordinación y planeación
entre las diferentes jurisdicciones y entre estas y otros órganos de la rama judicial. Tal es el caso
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión
1 “Corte y Rama Judicial objetaron reforma”, El Colombiano.com, 31 de julio de 2008.
2 Ibídem.
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