Capítulo I: Hacia el diálogo judicial interamericano: La argumentación deliberativa e intercultural entre los jueces, la ciudadanía y las cortes para la construcción de la última palabra
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Capítulo I
Hacia el diálogo judicial interamericano: La
argumentación deliberativa e intercultural
entre los jueces, la ciudadanía y las cortes
para la construcción de la última palabra
1.APERTURA. AFIRMACIÓN CAPITAL, PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA Y EST RATEGIA ARGUM ENTATIVA
La administración de justicia nacional se distingue por su status
ontológico cerrado a la racionalidad deliberativa horizontal y su
anclaje elitista desde el retorno a la constitucionalidad en 1978. Ella
atraviesa una crisis de legitimidad e independencia por los siguientes
desajustes y desarreglos institucionales: (i) sus incapacidades para
(ii) la
carencia de repertorios institucionales que puedan dar respuestas
incluyentes, equitativas y democráticas a aquellas; (iii) la falta
de incorporación de la participación social en la organización de
dispositivos dialógicos en los procesos jurisdiccionales; y (iv) la
fractura directa a su independencia y autonomía por las injerencias
del poder político que han convertido a su locus de enunciación en
poleas de transmisión de decisiones de ese poder.
ecuatoriana –en su constante innovación– ya no pueden ser atendidas
–comprendidas– únicamente a partir de los procedimientos formales
jurisdiccionales herméticos, verticales y de espaldas a los remedios
judiciales dialógicos. Esto obliga a pensar en la necesidad que tiene el
con las tradicionales para replantear el acceso a los derechos relacionados
con la justicia y sus formas de ejercicio. La recomendación estaría
orientada hacia la implementación de dispositivos e instrumentos que
Paúl Córdova Vinueza62
democraticen la relación entre los jueces y la ciudadanía, lo cual pasa
por incorporar a otras identidades y segmentos sociales mediante la
generación de condiciones más pa rticipativas e incluyentes.
Para tomar prestada una metáfora del escenario político
institucional, ya anunciaba Benjamín Arditi que las distintas
migraciones que afronta la política crean un “escenario polifónico
en el cual múltiples voces hablan el lenguaje de la política desde
distintos lugares de enunciación”. Cuando nos remitimos a la historia
de los derechos, evidenciamos que las transformaciones progresistas
alcanzadas por los colectivos de mujeres, afroecuatorianos,
niños y adolescentes, entre otros grupos, han sido precisamente a
partir de la resistencia social porque la institucionalidad jurisdiccional
se encargó permanentemente de cerrarles sus puertas.
El modelo de administración de justicia ecuatoriana privilegió
que menoscabó los canales y segmentos participativos del sistema,
agotándolo a las decisiones últimas que puedan tomar los jueces como
poder contramayoritario con escasa legitimidad democrática. Eso
sobre cómo se ejercen los derechos y sus alcances, cuando esto
mayorías que estuvieron ausentes en la discusión de los destinos
constitucionales. Es decir que solamente los grupos de ciudadanos
convertían en los únicos ungidos representantes de la sociedad ante
las mayores decisiones iusfundamentales.
Una de las condiciones para ampliar y democratizar la
jurisdicción a la comunidad supone la generación de mayores
escenarios de participación y diálogo que superen las prácticas
monológicas jurisdiccionales. Pero también es imperativo avanzar
constitucionales interculturales que puedan incluir a la comunidad
para que respondan a la diversidad de identidades, culturas, pueblos
y nacionalidades que componen la nación ecuatoriana.
Capítul o I. Hacia el diálogo j udicial inte ramerica no: la argumentación...63
La instituciones deben agregar nuevos procedimientos y
metodologías orientadas a promover la deliberación en el ejercicio
de los derechos, amén de que el quehacer jurisdiccional requiere
la esfera propositiva de realización de la justicia para las diversas
Judicial, hacia su recomposición realmente incluyente y plural
a partir de escuchar las demandas populares y desterrando las
Corresponde, entonces, a los operadores de la rama judicial y
a la sociedad promover diálogos permanentes para escudriñar los
serios de protección. Generar el debate público stricto sensu implica
que los sectores interesados (los jueces y la ciudadanía) asuman con
rigor una comparación temática y programática de las sentencias y
pronunciamientos de las judicaturas locales o internacionales para la
discusión amplia y plural sobre el rumbo de los derechos en litigio,
sin agotar la esfera pública a la difusión de banalidades.
parámetros vigentes en el sistema interamericano de protección de
Poder Judicial para hacerlo más participativo mediante el intercambio
operadores jurisdiccionales que incorporarían el sentir y la energía
popular en la discusión de sus controversias para la toma de decisiones.
Hasta aquí se han anunciado las proposiciones capitales sobre el estado
de la administración de justicia ordinaria y sintetizadas ellas en las
asunciones propias que ut infra
a la administración de justicia constitucional.
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