La carga de la prueba: Una barrera de acceso a la administración de justicia para los empleados públicos - Núm. 27, Enero 2021 - Revista Diálogos de Derecho y Política - Libros y Revistas - VLEX 861583638

La carga de la prueba: Una barrera de acceso a la administración de justicia para los empleados públicos

AutorPaula Andrea Chaverra Madrid
Páginas93-123
Diálogos de Derecho y Política \\ Número 27 \\ Año 10 \\ ISSN 2145-2784 \\ septiembre diciembre de 2020. Pág. 93
www.udea.edu.co/revistadialogos - revistadialogos@udea.edu.co
La carga de la prueba:
Una barrera de acceso a la administración de justicia
para los empleados públicos
Paula Andrea Chaverra Madrid 1
Resumen
En el ordenamiento jurídico colombiano, desde la promulgación de la Constitución Política de 1991
y el reconocimiento del Bloque de Constitucionalidad, las actuaciones tanto públicas como privadas
se han ido moldeando bajo un paradigma de la primacía de los derechos fundamentales, entre ellos el
derecho al trabajo. No obstante, muchos son los retos que quedan por superar con el fin de garantizar
un acceso efectivo a la justicia. Para el caso concreto, se abordará la desmedida carga probatoria que
tienen que asumir los empleados públicos cuando se ven abocados a un proceso ante la jurisdicción
contencioso administrativa, que les permita la protección y materialización de sus derechos, un
proceso que se rige desde la óptica de operadores jurídicos que piensan y toman decisiones conforme
al principio de legalidad formal del acto administrativo, dejando de lado el contexto social y
económico en el que se encuentra el trabajador, y principios como el de protección e igualdad que
son intrínsecos al proceso laboral.
Palabras clave: carga dinámica de la prueba; empleado público; jurisdicción contencioso
administrativa; acceso a la administración de justicia.
1 Artículo derivado de la profundización en Derecho Administrativo Laboral. Asesor: Hernán Darío Vergara
Mesa, docente vinculado a la Universidad de Antioquia, Colombia.
Estudiante de noveno semestre de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de
Antioquia, Colombia. Correo Electrónico: paula.chaverra@udea.edu.co
Diálogos de Derecho y Política \\ Número 27 \\ Año 10 \\ ISSN 2145-2784 \\ septiembre diciembre de 2020. Pág. 94
www.udea.edu.co/revistadialogos - revistadialogos@udea.edu.co
La carga de la prueba: Una barrera de acceso a la
administración de justicia para los empleados públicos
Introducción
La categoría de trabajo cobra vital importancia no solo por ser una obligación social por parte
del Estado, o por tratarse de un derecho fundamental1, sino, porque de su cumplimiento y
garantía depende la materialización de otros derechos fundamentales, como el derecho
fundamental al mínimo vital, a una vida digna, a la educación, entre otros.
Así mismo, el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 (C.P.), establece la obligación
que tiene el Congreso de la República de expedir el estatuto del trabajo2, teniendo como
principios mínimos fundamentales, la “(…) igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales (…)”. Sin embargo, la materialización de estos principios se pone en tela de juicio
cuando, dentro del contexto colombiano, se ha podido evidenciar cómo el derecho al trabajo
ha sido vulnerado con el transcurrir de los años, un ejemplo actual y preocupante, es que; la
tasa de desempleo, según cifras del DANE (2020) para el mes de abril del 2020 “(…) fue
19,8%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año
pasado (10,3%). (…)”.
Lo anterior resulta contradictorio a lo expresado en el artículo 25 de la Constitución Política
de 1991, en el cual se dice que el derecho al trabajo“(…) goza, en todas sus modalidades, de
la especial protección del Estado (…)”; en otras palabras, no importa si se trata de una
relación reglamentaria entre empleado público y el Estado, o si se trata de un contrato de
trabajo, cuando se hace referencia a trabajadores oficiales o no oficiales, o incluso cuando se
pretende encubrir una relación de trabajo bajo la modalidad del contrato de prestación de
servicios; en todos los casos el trabajador debe tener un trato especial tanto en el ámbito
privado como público, lo que no deja de lado el ámbito administrativo y jurisdiccional en el
que se estén discutiendo derechos laborales, por tratarse de un sujeto de especial protección.
2 Decreto 2663 de 1950. Código sustantivo del trabajo. Este decreto no regula las relaciones individuales de
trabajo de los servidores públicos (artículo 3 y 4).

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