El catálogo de las pequeñas soluciones: alternativas para sustituir los cultivos de coca en Colombia desde lo local - La Reforma Rural Integral en Colombia - Libros y Revistas - VLEX 911541790

El catálogo de las pequeñas soluciones: alternativas para sustituir los cultivos de coca en Colombia desde lo local

AutorAndrés Bermúdez Liévano y Juan Carlos Garzón Vergara
Páginas217-253
217
Capítulo 8
El catálogo de las pequeñas soluciones: alternativas para
sustituir los cultivos de coca en Colombia desde lo local*
Andrés Ber múdez Liévano y
Juan Carlos Gar zón Vergara
La negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del
Pueblo (
FARC-EP)
en La Habana marcó la primera vez que la política de drogas fue un
tema central en un proceso de paz en Colombia, pese a que el narcotráfico ha sido
un factor de persistencia del conflicto armado desde hace varias décadas. Más aún,
fue también la primera vez que se planteó integralmente una relación directa entre
los objetivos de la Reforma Rural Integral (
RRI
) y el apartado relativo a los cultivos
de uso ilícito en el capítulo de drogas. El acuerdo propone, por lo tanto, un vínculo
estrecho entre ambos: la primera propone transformar los territorios rurales del
país y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, razón por la cual sus acciones
se convierten en las soluciones que podrían ayudar a romper la dependencia de las
poblaciones campesinas de economías ilícitas y que buscan alternativas.
La inclusión de la política de drogas en el acuerdo de paz se debió —como
explica el libro Los debates de La Habana: una mirada desde adentro del Instituto para
las Transiciones Integrales (
IFIT
)— en cierta medida a que una de las partes en la
mesa, las
FARC-EP
, estuvo involucrada en la cadena del narcotráfico y en la reali-
dad de que Colombia ha sido desde hace varias décadas el principal productor de
cocaína en el mundo. Sin embargo, la evidencia sugiere que las estrategias diseñadas
para reducir la oferta de drogas no han funcionado como se esperaba. De hecho,
la información del monitoreo de los cultivos de uso ilícito que hace anualmente la
Organización de las Naciones Unidas muestra que los niveles de productividad de
cocaína en Colombia han sido estables, con un incremento en años recientes.
* Todos los procesos comunitarios, así como las citas de sus protagonistas, provienen de una serie de
reportajes periodísticos documentados en terreno y escritos por Andrés Bermúdez Liévano entre
el 2017 y el 2020. Fueron publicados en medios como La Silla Vacía, Cerosetenta, Eater Magazine y,
especialmente, el Proyecto Coca de Pacifista. Todas las referencias se encuentran al final de este texto.
Los autores trabajaron en este texto gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en Colom-
bia (Fescol) y de la Fundación Ideas para la Paz (
FIP
), que publicaron una versión de este que bus-
caba sensibilizar a los tomadores de decisión sobre la importancia de estos procesos de sustitución
de coca y cultivos de uso ilícito.
218
La Reforma Rural Integral en Colombia
La aspersión aérea y la erradicación manual forzosa —dos de las principales
estrategias contra los cultivos de coca— han tenido un efecto de disuasión en muchos
campesinos cultivadores, pero no han logrado evitar las altas tasas de resiembra, no
han sido acompañadas con alternativas viables en el tiempo y con frecuencia han
minado la confianza de las comunidades hacia el Estado. En paralelo, los programas de
sustitución de coca o desarrollo alternativo han sido con frecuencia esfuerzos aislados,
muchas veces supeditados a estrategias de contrainsurgencia. Dentro de los proble-
mas principales, hay que destacar el insuficiente apoyo por parte del Estado, así co-
mo las dificultades para conectar las áreas productoras con los mercados legales.
Tampoco se ha priorizado la inversión en bienes y servicios públicos rurales
como vías, electricidad o asistentes técnicos que facilitarían que los productos legales
puedan llegar a los mercados y que mejoren la calidad de vida de sus promotores.
Además, teniendo en cuenta que el 60 % de los cultivos se encuentra fuera de la
frontera agrícola, hay un vacío importante en términos de alternativas “verdes” que
sean compatibles con la protección de ecosistemas que prestan valiosos servicios
ambientales a los colombianos.
Esta realidad marcó las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las
FARC-EP
en La Habana, lo cual se vio reflejado en la inclusión en el acuerdo final
de estrategias diferenciadas para los distintos eslabones de la cadena. Esa visión
reconoce que hay dos eslabones más vulnerables que los demás: los campesinos
cultivadores al inicio de la cadena y los usuarios de drogas ilegales al final de esta.
A su vez, esto suponía que el Estado debía concentrar con mayor eficacia todas
sus capacidades de seguridad y administración de justicia en desarticular las redes
criminales que sí concentran la rentabilidad del negocio.
En esa lógica, el acuerdo de paz propuso que el problema de los cultivos de uso
ilícito se resuelve con un trabajo concertado con las comunidades —que denominó
“sustitución voluntaria”— que permita reemplazar la coca por actividades económi-
cas legales, mediante un sistema que combine incentivos, compromisos obligatorios
y la pérdida de beneficios en caso de incumplirlos.
Justamente uno de los ejes de esta propuesta es la inversión en políticas com-
plementarias de desarrollo rural, de modo que —en línea con el objetivo del primer
capítulo del acuerdo de paz— se puedan transformar las condiciones de vida en el
campo colombiano. De hecho, el propio acuerdo concibe ese programa de susti-
tución como “un capítulo especial de la
RRI
”. En la práctica, este enfoque ayudaría
también a “desmilitarizar” el tema de la coca y, más bien, vincularlo a una agenda
de desarrollo humano, regional y sostenible en lo ambiental.
En la visión del acuerdo, el Gobierno debía crear un Programa Nacional Inte-
gral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (
PNIS
), que privilegiaría la sustitución
concertada con las comunidades, encontrando alternativas productivas mediante
un proceso de participación ciudadana y priorizando la inversión estatal en bienes
territoriales. Esta manera de abordar el problema permitiría, en el planteamiento
219
El catálogo de las pequeñas soluciones: alternativas para sustituir los cultivos de coca en Colombia…
del acuerdo, reconstruir lazos de confianza entre las comunidades y las institu-
ciones estatales, así como avanzar en la reconstrucción de las regiones más afec-
tadas por la guerra mediante acciones concretas como los Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial (
PDET
). Ese círculo virtuoso, una idea que atraviesa todo el
acuerdo de paz, es a lo que el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo bautizó como
“la paz territorial”.
El acuerdo de paz reconoce la agencia de las comunidades y la importancia de
las iniciativas locales, que en muchos casos no han tenido al Estado como protago-
nista. Esto es importante porque la transformación territorial supone la construcción
del Estado desde abajo. Por esta razón, en este capítulo no nos concentramos en la
implementación de los contenidos del acuerdo —desde arriba—, sino en las posi-
bilidades que se abren cuando el referente son las comunidades, sus experiencias
y capacidades.
Es relevante mencionar que los casos que abordamos anteceden a la imple-
mentación del acuerdo, pero permiten ilustrar qué quiere decir construir iniciativas
desde lo local. Más que una ruta perfectamente diseñada desde el centro o la puesta
en marcha de un programa con los pasos claramente establecidos, lo que mues-
tra la experiencia es que el desarrollo tiene sus propios cursos, es producto de las
iteraciones y no es lineal —sino que avanza a partir del ensayo y el error. Es claro
que la secuencia importa y que el papel del Estado es imprescindible—, especial-
mente cuando se trata de la provisión de bienes públicos, incluidas la seguridad y
la administración de justicia, pero es insuficiente: se requiere de la acción colectiva
de múltiples agentes —comunidades, autoridades locales, el sector empresarial,
universidades y la cooperación internacional.
Desde esta perspectiva, este capítulo es una invitación a releer los contenidos
del acuerdo de paz en clave de lo local. No hay que inventar la rueda, ya que ahí
están las opciones y las soluciones. La tarea es reconectar su implementación con
las veredas y los municipios más afectados por los cultivos de uso ilícito, a partir
de tres puntos básicos: la protección de las comunidades, la dignificación de los
ciudadanos —reconociendo que estos no solo tienen necesidades, sino también
capacidades— y el cumplimiento de las responsabilidades básicas del Estado, así
como de los compromisos adquiridos con las comunidades.
Para un “gran” problema, pequeñas soluciones
A finales del 2020, en Colombia había sembradas 143 000 hectáreas de coca, según
el informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de Naciones Unidas
que realiza anualmente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(
UNODC
, 2020). Poniendo esta cifra en perspectiva, se trata del cuarto pico del que se
tenga información, después del 2017, 2018 y 2019. En extensión, la coca cultivada

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR