Clientelismo y Familias en Acción: una mirada desde lo local
| Autor | Mónica Barrios González |
| Cargo | Abogada, Universidad Nacional de Colombia; magíster en Gobierno y Políticas Públicas, Universidad Externado de Colombia |
| Páginas | 147-164 |
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OPERA, No 11
1 Abogada, Universidad Nacional de Colombia; magíster en Gobierno y Políticas Públicas, Universidad Externado
de Colombia; consultora en temas relacionados con la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas
y en procesos de rendición pública de cuentas.
2 Para profundizar en este tema véase G (2005, 2007).
3 El artículo 13 de la Constitución avanzó en la consagración de la igualdad material –y no solo formal– de sus
ciudadanos: “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o losóca.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancia de debilidad maniesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
4 C es un acrónimo para referirse a los mercados emergentes de Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Tur-
quía y Sudáfrica.
introDucción
La pobreza y la inequidad han sido fenó-
menos permanentes y sistemáticos en los paí-
ses de América Latina y, por ello, las políticas
sociales que se adoptan para hacerle frente a
estos problemas han sido objeto de diversos
estudios a nivel regional que apuntan a eva-
luar la efectividad y pertinencia de las mismas
a partir de un debate respecto del papel del
Estado en la garantía de los derechos sociales
y económicos de sus ciudadanos2.
La forma en que los Estados deciden
garantizar la protección social a sus ciudada-
nos determina el grado de asistencialismo o
universalismo que prevalece en un contexto
determinado. En Colombia, la Constitución
Política garantiza los derechos económicos y
sociales para la vida digna de todos sus habi-
tantes3. Sin embargo, la sociedad libre, justa
y equitativa de la que habla la Carta Política
dista mucho de la realidad, pues la desigualdad
existente en nuestra nación es comparable a la
de países como Haití y Angola, posicionán-
donos en el segundo nivel de desigualdad más
alto en América Latina y el Caribe después de
Bolivia, y el primero en el grupo de economías
emergentes 4, incluso más que Sudáfri-
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ESTudIOS POlíTICOS y ElECTORAlES
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ca; esto, a pesar del desarrollo económico de
los últimos años que hoy ubica a Colombia
como un país de ingreso medio alto5.
En este contexto, uno de los programas
más visibles en la lucha contra la pobreza en
Colombia es Familias en Acción, que se imple-
menta desde hace más de una década y tiene
como objetivo principal mantener el ingreso
de las familias más pobres para fortalecer el
capital humano y evitar situaciones como
la desnutrición y la deserción escolar en los
menores.
El programa, que hoy beneficia a
2.300.000 familias en condiciones de pobre-
za6 y a 5 millones de menores, otorga subsidios
en efectivo equivalentes a $50.0007 mensuales
por familia sin importar el número de hijos,
siempre que existan menores de 7 años en el
caso de nutrición, y subsidios para educación
que van desde $15.000 hasta $60.000 men-
suales dependiendo del grado de escolaridad
(primaria, secundaria o media vocacional) y
del municipio de residencia, por cada menor
que haga parte de la familia y que tenga más
de 7 y menos de 18 años (, 2010).
Para recibir el subsidio las familias deben
certicar que sus hijos asisten regularmente
a controles de crecimiento y nutrición en los
centros de salud de sus municipios y la perma-
nencia escolar de los menores en al menos el
90% de las clases escolares.
Familias en Acción pertenece al esquema
de transferencias condicionadas en efectivo
(), una de las estrategias más acogidas en la
región. Las son programas que otorgan un
subsidio monetario a familias de un bajo nivel
socioeconómico previamente focalizadas que,
a cambio, deben cumplir con ciertos compro-
misos que implican una inversión en capital
humano, como el envío regular de sus hijos
a la escuela o a centros de salud (R y
R, 2003, p. 9). Estos programas nacieron
como una estrategia del Banco Mundial ()
para mitigar los efectos de la crisis económica
de nales de la década de los noventa y se han
expandido de manera muy amplia en toda
América Latina (M F y V -
, 2008).
Actualmente, países como Brasil, Argen-
tina, México, Nicaragua, Honduras, Ecuador,
Costa Rica y Colombia cuentan con algún
programa de . Los programas guardan cier-
tas características similares, y a pesar de tener
diferencias en su diseño e implementación
coinciden en el objetivo de mitigar la pobreza
y contribuir al desarrollo de capital humano a
través del fortalecimiento de dos componen-
tes: salud y educación (R, 2011).
5 Según el informe de desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo () (2009),
Colombia es el tercer país más desigual del mundo solo superado por Haití y Angola. Ver también http://www.dinero.
com/actualidad/economia/articulo/colombia-septimo-pais-mas-desigual-del-mundo/147127
6 El programa está dirigido a la población desplazada, indígena y a la perteneciente a 1. El es el sis-
tema de identicación y clasicación de potenciales beneciarios para programas sociales existente en Colombia.
7 Valor en pesos colombianos.
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