Colombia más allá de la fachada

Colombia es un país particularmente vulnerable a los efectos del ccih, como lo señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —pnud—:

La mayor parte de la población se encuentra en las partes altas de las cordilleras, donde se prevén problemas de escasez hídrica e inestabilidad de suelos, y en las costas, donde el aumento del nivel del mar y las inundaciones pueden afectar los asentamientos

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humanos y las actividades económicas clave. El país tiene, además, una alta recurrencia de eventos extremos, con una gran y creciente incidencia de emergencias asociadas al clima. (2010, p. 1)

La vulnerabilidad de Colombia se debe, asimismo, a su posición geográfica, que se encuentra en latitudes tropicales del planeta. A lo largo del territorio del país existe una alta sensibilidad climática de sectores fundamentales como agricultura o infraestructura; además, hay una baja capacidad del país para atender el incremento de fenómenos como inundaciones, sequías o deslizamientos de tierra (Ministerio de Relaciones Exteriores, s. f.).

Tal sensibilidad del país se hizo evidente en la oleada invernal que tuvo lugar entre los años 2010-2011, como se mencionó. García, Piñeros, Bernal y Ardila (2012) explican que en el 2010 se observó uno de los periodos más críticos en términos de anomalías en precipitación frente al promedio anual, el mes de julio de 2010 fue el más lluvioso en los últimos 30 años; igualmente, en diciembre de 2010 se presentaron inundaciones de gran magnitud en virtud del fenómeno de la Niña. En aquella ocasión Colombia experimentó graves daños en la infraestructura y en los procesos socioeconómicos (Cárdenas & Rodríguez, 2012).

La Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambien-tales —Ideam—, indica que en el país existe una tendencia al aumento de la temperatura media entre 2 y 4 °C y, asimismo, a una modificación de las condiciones hidrológicas, entre otras cosas, por la reducción de las precipitaciones en algunas regiones en hasta un 30 % (Ideam, 2010). En lo que se refiere al recurso hídrico se ha indicado la necesidad de definir políticas e instrumentos que faciliten la reacción inmediata y efectiva de los sistemas sociales, económicos y ambientales, que son altamente vulnerables a la variación de caudales con alteraciones climáticas (García, Piñeros, Bernal, & Ardila, 2012).

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El Gobierno Nacional también expidió, en el año 2017, la Tercera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en ella se pone de relieve que en general todos los municipios de Colombia presentan algún riesgo por cambio climático. Este riesgo se materializa principalmente en asuntos como: la seguridad alimentaria, el suministro del recurso hídrico y servicios ecosistémicos, la infraestructura que se encuentra en la cordillera de los Andes y también en la región costera; asimismo en el hecho de que se demandan muchos servicios por parte de los centros urbanos sin incluir consideraciones de cambio climático en sus líneas de desarrollo (Ideam, 2017).

Es claro pues que resulta imperioso, necesario y urgente que Colombia tenga unas políticas públicas que estén a la altura del gran riesgo que el ccih representa para este país. En el año 2016, Colombia vivió un fenómeno del Niño de proporciones gigantes, que generó graves sequías, las cuales impactaron la economía y el sector energético —recordemos que la mayor parte de la matriz energética de Colombia está conformada por las hidroeléctricas—, al punto tal que estuvimos ad portas de una racionalización energética.

Asimismo, no podemos dejar de lado lo ocurrido en el municipio de Mocoa, en Colombia, el cual se vio gravemente afectado por las avalanchas y deslizamientos generados por el desbordamiento de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulatos y por las fuertes lluvias, en el 2017. Se calcula que 315 personas murieron a causa de este evento climático extremo. Los expertos, como Clare Nullis de la omm, al igual que Luz Marina Mantila —directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI— y Luis Alexander Mejía —director de Corpoamazonía— coinciden en que la deforestación fue uno de los factores que impulsó en gran medida lo ocurrido. Ello ya que esta circunstancia imposibilita la firmeza de los suelos y evita que exista una barrera para las aguas; además, cuando se deforesta la tierra y los suelos, los cuales están en gran parte compuestos por ceniza volcánica, estos se

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tornan húmedos y cuando caen aguas lluvias se pueden generar avalanchas como la que tuvo lugar en el referido municipio de Colombia (Naciones Unidas, 2017c) (Paz Cardona, 2017).

A continuación, revisaremos la indc remitida por Colombia y, posterior a ello, el sisclima, que es el mecanismo por medio del cual se espera hacerle frente al cambio climático y sus efectos asociados que ya se están viviendo en este país.

En su indc Colombia se comprometió a reducir 20 % sus emisiones con respecto al escenario business as usual —bau—¹en 2030. Se trazó, asimismo, una meta condicionada a reducir 30 % sus emisiones con respecto al escenario bau en 2030, siempre y cuando reciba el apoyo necesario de los países desarrollados. Al respecto, conviene aclarar que Colombia, si bien ha puesto este condicionante, no ha sido específico y preciso sobre en qué consistiría dicho apoyo.

Este país es responsable del 0,46 % de las emisiones de gei globales. Esta cifra tiene tendencia a crecer y se calcula que si no se toman medidas podría aumentar un 50 % en 2030. La meta de Colombia incluye los seis gei reconocidos por el pk: CO₂, CH₄, NO₂, HFCs, PFCs, SF₆ (García, Vallejo, Higgings, & Escobar...