CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51249 del 24-01-2018
| Sentido del fallo | CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | 51249 |
| Fecha | 24 Enero 2018 |
| Tribunal de Origen | Estados Unidos de América |
| Tipo de proceso | EXTRADICIÓN |
| Número de sentencia | CP002-2018 |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
Magistrado ponente
CP0022018
Radicado N° 51249.
Aprobado acta N° 16.
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho (2018).
V I S T O S
Se emite concepto en el trámite de extradición -simplificada- del ciudadano colombiano J.L.O., quien es requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
A N T E C E D E N T E S
1. Mediante Nota Verbal No. 1013 del 11 de julio de 2017, el Gobierno de Estados Unidos de América, por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó del Ministerio de Relaciones Exteriores la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano J.L.O., quien es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos, según la acusación sustitutiva No. 4:17-CR-73 dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas el 10 de mayo de 2017.
2. Mediante resolución del 17 de julio del año pasado, el señor Fiscal General de la Nación decretó la captura con fines de extradición del requerido, identificado con la cedula de ciudadanía 12.564.444, la cual se llevó a cabo el 19 de julio siguiente por la Policía Nacional.
3. La representación diplomática del Estado solicitante formalizó la petición de extradición del ciudadano, mediante la Nota Verbal No. 1459 del 13 de septiembre de 2017, allegando la respectiva documentación traducida y legalizada.
4. El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió la mencionada nota verbal y los documentos anexos a su homólogo de Justicia y del Derecho, entidad que a su vez la hizo llegar a esta Corporación.
5. El 24 de octubre del año pasado, el solicitado, por medio de su defensor público, radicó escrito a través del cual expresó su intención de acogerse al trámite de extradición simplificada. El 17 del mismo mes, la Corte ordenó correr traslado de la referida solicitud a la Procuraduría General de la Nación.
6. La Procuradora Delegada Segunda para la Casación Penal allegó memorial el 16 de noviembre de 2017 donde coadyuva la solicitud de procedimiento simplificado, pues corroboró que el requerido declaró su voluntad de manera libre, espontánea, voluntaria e informada. En el mismo escrito, consideró que la extradición es procedente porque se cumplen los requisitos previstos en el Acto Legislativo No 1 de 1997 y en la Ley 906 de 2004 (art. 502).
C O N C E P T O
1. Aspectos generales
Se emitirá concepto de plano sobre la procedencia de la extradición del ciudadano colombiano J.L.O., quien renunció al trámite ordinario previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 siendo coadyuvado por el Ministerio Público, para lo cual se verificará, especialmente, el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 502 ibídem, sin perder de vista que de conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el 1º del Acto Legislativo No. 01 de 1997, la extradición se solicitará, concederá y ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.
De igual manera, tal y como lo certificó el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra vigente para los países involucrados la «Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas» suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, cuyo artículo 6 prevé: «4. Las partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas» y «5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición».
Siendo así, en primer lugar, se observa que, de acuerdo con la acusación formal No. 4:17-CR-73, dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, el 10 de mayo de 2017, la imputación que se le formuló a J.L.O. y otros corresponde a un delito federal de narcóticos cometido en el trascurso y desde el 2016. Significa lo anterior que el requerimiento del país extranjero se funda en un delito que no tiene naturaleza política y que habría sido cometido con posterioridad al precitado Acto Legislativo No 01 de 1997, razones por las cuales no existe motivo constitucional impediente.
2. Validez formal de la documentación presentada
Entre los documentos allegados por la embajada del país requirente, se encuentran los siguientes: la acusación N°4:17-CR-73 presentada el 10 de mayo de 2017 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas contra J.L.O.[1]; la orden de aprehensión que en su contra fue librada[2]; la declaración jurada de C.A.E.[3], Fiscal auxiliar, y de J.C., agente especial de la DEA[4]; y las copias de las disposiciones penales del Código de los Estados Unidos aplicables al caso[5]. Todos los documentos enunciados fueron traducidos al idioma castellano y debidamente autenticados.
En efecto, el cónsul de Colombia en Washington autenticó los soportes documentales de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano J.L.O. y la firma de aquélla fue abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores[6]. El funcionario colombiano certificó la autenticidad de la firma de D.W., Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien se encuentra autorizada para suscribir el nombre del Secretario de Estado, R.W.T..
De igual manera, aparece la rúbrica de J.B.S., Procurador de los Estados Unidos, quien certifica la de J.M.G., Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encargado de dar cuenta de la autenticidad de las declaraciones juradas de C.A.E., Fiscal auxiliar, y de J.C., agente especial de la DEA[7].
Así las cosas, los documentos en mención se entienden otorgados de conformidad con la ley de Estados Unidos de América, tal y como lo dispone el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil cuyo tenor, en lo fundamental, fue reproducido por el artículo 251 del novel Código General del Proceso. La remisión a la norma extrapenal citada resulta indispensable según lo previsto en el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, pues se trata de una materia que no se encuentra expresamente regulada en esta última.
3. Identidad plena del solicitado en extradición
De acuerdo con las notas diplomáticas Nos. 1013, 1459 y sus anexos, J.L.O., es ciudadano colombiano nacido el 25 de mayo de 1965 y es titular de la cédula de ciudadanía N° 12.564.444. Por su parte, la persona capturada se identificó con el mismo nombre y documento de identidad, tal y como quedó registrado en la notificación de la resolución que ordenó su aprehensión, la respectiva acta de derechos y la constancia de buen trato[8]. Igual lo hizo el requerido en la solicitud de extradición simplificada que elevó ante esta Corporación[9] y en el «Acta de verificación de garantías fundamentales» levantada por un funcionario de la Procuraduría General de la Nación. Finalmente, la identidad entre la persona requerida y la capturada fue establecida plenamente mediante informe pericial de dactiloscopia[10].
4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero
Como lo ha reiterado en diversas oportunidades la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se cumple con tal requisito siempre que, de conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, se haya dictado en el exterior, por lo menos, resolución de acusación o su equivalente.
En el presente evento, el 10 de mayo de 2017, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas presentó la acusación formal por un delito federal de narcóticos, acto procesal éste que equivale a la acusación prevista en el sistema procesal penal colombiano, tanto la regulada en el artículo 398 de la Ley 600 de 2000 como al escrito acusatorio del artículo 337 de la Ley 906 de 2004.
Tales providencias, si bien no son idénticas, guardan similitudes que las tornan equivalentes; en efecto, contienen un pliego de cargos, de los cuales se debe defender el acusado en juicio. A su vez, constituyen presupuesto procesal para la iniciación de la etapa de juzgamiento que culmina con el respectivo fallo de mérito. En ellas se consigna una relación detallada de los hechos con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron, y la calificación jurídica de la conducta, con indicación de las...
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