CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60362 del 04-05-2022
| Sentido del fallo | CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | 60362 |
| Fecha | 04 Mayo 2022 |
| Tribunal de Origen | Estados Unidos de América |
| Tipo de proceso | EXTRADICIÓN |
| Número de sentencia | CP067-2022 |
FABIO OSPITIA GARZÓN
Magistrado Ponente
CP067-2022
Radicación N.° 60362
Acta 95
Bogotá D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022).
VISTOS
Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JUAN ALBERTO LÓPEZ MORENO, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
ANTECEDENTES
1. Mediante Nota Verbal No. 219 del 8 de febrero de 2021, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición de JUAN ALBERTO LÓPEZ MORENO, ciudadano colombiano requerido para comparecer a juicio por «delitos de lavado de dinero», según la acusación No. CR 2:20-cr-00431-DMG (también enunciada como Caso No. 2:20-cr-00431-DMG), dictada el 25 de septiembre del 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
2. En resolución del 10 de febrero de 2021, el Fiscal General de la Nación decretó la captura del requerido con fines de extradición.
Su detención se materializó el 3 de agosto de 2021, en la Carrera 75A No. 13A-15 del barrio Quintas de Don Simón, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.
3. A través de Nota Verbal 1791 del 28 de septiembre de 2021, la representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición de JUAN ALBERTO LÓPEZ MORENO y, para tal efecto, aportó la documentación pertinente.
4. El 29 de septiembre de 2021, en el concepto previsto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que es del caso «proceder con sujeción a […] la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”» y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional»1.
Agregó que, en los aspectos no regulados por los instrumentos internacionales referidos, el trámite debe regirse por lo previsto en los artículos 491 y 496 del Código de Procedimiento Penal.
5. El mencionado Ministerio remitió el expediente al de Justicia y del Derecho que, tras constatar la debida formalización de la solicitud, lo envió a la Corte Suprema de Justicia para que adelantara el trámite a su cargo.
Tras arribar a esta Corporación, mediante auto del 13 de octubre de 2021, se requirió al reclamado para que designara apoderado. Como guardó silencio, se le asignó una abogada adscrita a la Defensoría del Pueblo y, el 26 de enero de 2022, le fue reconocida personería jurídica, corriendo además traslado a los intervinientes para que formularan las postulaciones probatorias que estimaran pertinentes.
6. Dentro del plazo respectivo, la Procuraduría Segunda delegada para la Casación Penal informó que “no es necesario la práctica de pruebas, como quiera que los hechos tuvieron desenlace en el territorio del estado requirente, y están dados los presupuestos legales que no requieran ser probados”.
La defensa, por su parte, hizo las siguientes solicitudes:
“1.- Se oficie a la Fiscalía General de la Nación, a efecto de que verifique en sus sistemas de información SPOA, SIJUF, SIAN:
Si en contra de J.A.L.M., se ha emitido sentencia condenatoria, y/o, se adelantó o se adelanta alguna investigación y, en caso afirmativo, indique su número de radicación, los hechos que dieron lugar a la misma, el delito que se imputa, el estado en que se encuentra y se remita copia de las decisiones de fondo adoptadas dentro de la o las actuaciones respectivas, o en su defecto, precise el Juzgado en el cual se adelantó la correspondiente etapa de juicio.
2. Se oficie a la Dirección de Investigación Criminal INTERPOL DIJIN, para que consulte en el Registro Único de Antecedentes y Anotaciones Judiciales del Sistema Operativo de Información SIOPER de la Policía Nacional, si existen investigaciones o antecedentes en contra suya”.
7. El 16 de marzo de 2022, mediante auto CSJ AP1124-2022, la Sala decretó las postulaciones probatorias dirigidas a verificar una eventual vulneración del principio constitucional del non bis in ídem y, por consiguiente, ofició a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, para que consultaran en sus bases de datos si obra alguna investigación en contra del reclamado JUAN ALBERTO LÓPEZ MORENO y, en caso afirmativo, informaran el número de radicación, los hechos objeto de investigación y el estado actual del trámite.
8. En respuesta a las pruebas decretadas, las autoridades informaron, al unísono, que no encontraron asuntos penales relacionados con J.A.L.M., distintos al presente trámite de extradición.
9. Agotada la fase probatoria, en auto del 8 de abril de 2022, se corrió traslado a los intervinientes para que presentaran sus alegaciones. El término corrió del 18 al 22 de abril del 2022, plazo dentro del cual se recibieron los alegatos de la Procuraduría, el 19 de abril, y de la defensa, el 22 siguiente.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
1. Del Ministerio Público.
El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal consideró cumplidas las condiciones para emitir concepto, toda vez que se allegó la documentación exigida por la normativa procesal penal; la persona aprehendida por cuenta del trámite fue identificada plenamente; las conductas por las que es requerido J.A.L.M. se adecúan en nuestro país en los artículos 323 y 340 del Código Penal –lavado de activos y concierto para delinquir, respectivamente– y se detallaron con suficiencia los actos que motivaron la solicitud.
Por lo tanto, solicitó a esta Corporación que emita concepto favorable a la petición de extradición elevada por el gobierno de los Estados Unidos, siempre que se condicione su procedencia al cumplimiento de los condicionamientos sobre la protección de los derechos humanos del requerido.
2. De la defensa.
Solicitó que se conceda la extradición, pero que ésta se condicione a que a J.A.L.M. se le respeten todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable y que sea condenado a pena de muerte, juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, “ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política”.
CONCEPTO DE LA CORTE
1. Aspectos generales.
El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, como quiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo.
No obstante, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, como quiera que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, que lo incorporaron a la normatividad nacional, fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que impone aplicar las normas del Código de Procedimiento Penal –Ley 600 de 2000 o 906 de 2004- vigente para la fecha en que se inició el trámite de extradición (CSJ CP163, 27 oct. 2021, R.. 56386), toda vez que éstas regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.
En el caso examinado, el concepto que se debe dictar al interior del trámite de extradición entre los países de Colombia y Estados Unidos se contrae a verificar los requisitos contenidos en la Constitución Política y lo previsto en los artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004 (disposición vigente para la fecha en que inició el trámite de extradición).
Estos son: (i) las condiciones constitucionales de improcedencia de la extradición; (ii) la prohibición de doble juzgamiento, (iii) la validez formal de la documentación presentada, (iv) la demostración plena de la identidad del solicitado, (v) la doble incriminación de la conducta en las dos naciones, y (vi) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
2. Verificación de las condiciones constitucionales impedientes de la extradición.
El artículo 35 de la Carta Política2 establece que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna, que no ostenten el carácter de políticos y hayan sido cometidos en el exterior desde el 17 de diciembre de 1997.
2.1. Para el caso, las conductas por las cuales es solicitado JUAN ALBERTO LÓPEZ MORENO no son de carácter político3, lo cual impide que se configure la prohibición constitucional referida.
Además, de acuerdo con la documentación aportada por el país requirente, los hechos materia de juzgamiento se cometieron «entre aproximadamente agosto del 2015 y septiembre del 2016, [cuando] blanqueó ingresos en efectivo de la venta de drogas ilícitas en los Estados Unidos, y arregló para que los ingresos en efectivo se entregaran a sus dueños, quienes son traficantes de drogas ilícitas radicados generalmente en Colombia […] Él arregló que los ingresos en efectivo de las ventas de drogas ilícitas en los Estados Unidos se recogieran en California y otros lugares, y después arregló que los ingresos en efectivo se trasladaran, generalmente por transferencias electrónicas a través de instituciones financieras estadounidenses, a cuentas bancarias en Colombia y otras partes».
Con ello se observa satisfecho el principio de territorialidad de la ley penal, sobre el cual dijo la Sala en CSJ CP137 – 2015 (reiterado en CSJ CP089 – 2018 y CSJ CP163 – 2017 entre otros), que:
“…la conducta puede tener lugar en diversos...
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