Conceptualización de la participación ambiental
| Autor | Gloria Amparo Rodríguez - Lina Marcela Muñoz |
| Cargo del Autor | Abogada. Especialista en Derecho Ambiental y Negociación, Conciliación y Arbitraje de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. - Abogada. Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario |
| Páginas | 85-159 |
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Capítulo III
Conceptualización y ejercicio de la participación
ambiental
Como se ha señalado en capítulos anteriores, la participación también se pre-
senta en materia ambiental, en donde reviste una trascendental importancia
teniendo en cuenta que el cuidado y protección del ambiente es tarea primor-
dial de las personas, del Estado y de los sectores productivos, pues de esto de-
pende la posibilidad de disfrutarlo en el futuro. En las últimas décadas el medio
ambiente ha sido una preocupación mundial que ha tomado mucha relevancia.
En las próximas líneas se expondrá cómo ha sido el ejercicio de la partici-
pación en materia ambiental, su desarrollo en implementación en los últimos
años en Colombia, cuál ha sido su importancia y qué mecanismos jurídicos se
han desarrollado a nivel internacional y nacional.
Asimismo, se presentarán las características de la participación, las ins-
tancias y de qué manera se han organizado las sociedades frente a este tema,
entre otros aspectos.
1. La participación en América Latina
A partir de la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre el Medio
Humano en 1972, en donde se hizo un reconocimiento de la necesidad de pro-
tección del ambiente como elemento necesario para garantizar al ser humano
una vida digna y con bienestar, y del aumento en el surgimiento de confl ictos
en la relación del hombre y la naturaleza, el ambiente ha tomado un carácter
prioritario en la conciencia mundial, incluyéndose este asunto dentro de las
agendas y discursos de todas las naciones.
La participación en la gestión ambiental: un reto para el nuevo milenio
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Como previamente se mencionó, con la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 se marcó un cambio en la orien-
tación de las políticas mundiales en el tema ambiental, pues no solo se consa-
gró de forma expresa el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, sino
que también se propuso un modelo de desarrollo “que integra armoniosamen-
te la protección del ambiente, el crecimiento económico, el desarrollo social, el
fortalecimiento de la democracia (participación pública), el afi anzamiento de
las identidades nacionales y la creación y fortalecimiento de valores culturales
generadores de una conciencia ambiental, en lo que se llama Desarrollo Hu-
mano Sostenible”.1
Es así como la Declaración de Río de Janeiro de 1992 se integra a algu-
nos de los sistemas jurídicos de los países que aprobaron los acuerdos surgidos
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
Específi camente en materia de participación, esta incorporación se dio por me-
dio del principio 10, el cual señala que “el mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados, en el nivel
que corresponda”.
Es por esto que los Estados han procurado proteger el medio ambiente
en sus sistemas jurídicos a través de normas de la más alta jerarquía como la
Constitución. Las Cartas Políticas nacionales se han visto envueltas en la ten-
dencia mundial del último cuarto de siglo denominada enverdecimiento o gree-
ning, que ha marcado una renovación en las disposiciones ambientales positi-
vizadas dados los giros de conciencia y preocupación por el medio ambiente a
nivel global. Esto se ha constituido en la base para establecer las legislaciones
ambientales de los países.2
A continuación señalaremos algunas de las disposiciones normativas más
signifi cativas en materia de participación ambiental.
1 Almonte, José Rafael. La participación pública en la legislación ambiental centroamericana y
de la República Dominicana, p. 1. Ver: www.ine.gob.mx
2 PNUMA. El acceso a la justicia ambiental en América Latina, estudio realizado por Raúl Bra-
ñes, México, D. F., febrero de 2000. Ver: http://www.pnuma.org/deramb/documentos/Acceso_Justi-
cia_Ambiental_Raul_Branes.pdf
Gloria Amparo Rodríguez, Lina Marcela Muñoz Ávila
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1.1. Marcos legales en algunos países latinoamericanos
1.1.1. La participación ambiental en Centroamérica
a. Costa Rica
La Constitución Política de Costa Rica de 1949, reformada en varias ocasio-
nes, establece el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado y, asimismo, las faculta para ejercer acciones de
reparación en los casos en los que se haya causado un daño.3
De igual manera, establece cargas al Estado en materia de protección am-
biental:
– Garantizar el derecho de protección al ambiente y al disfrute de un
ambiente sano.4
– Procura del mayor bienestar posible para los habitantes del país.5
Lo anterior señala que esta constitución ha consagrado el derecho a par-
ticipar por la protección del ambiente, facultando a las personas no solo para
denunciar los actos que vulneren el derecho al medio ambiente sano, sino tam-
bién para reclamar la reparación del daño causado.
b. Nicaragua
La Constitución Política de Nicaragua de 1986, reformada con posterioridad en
1995 y en el año 2000, ha señalado expresamente el derecho de los ciudadanos
a participar como un derecho político.6 Señala que todos los ciudadanos tienen
derecho a participar en igualdad de condiciones en todos los asuntos públicos y
en la gestión del Estado y delegó su regulación al legislativo determinando que
la participación efectiva del pueblo se garantiza por medio de una ley.
3 Art. 50.
4 Arts. 46 y 50.
5 Art. 50.
6 Idem.
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