Consideraciones conclusivas y visión de conjunto
| Páginas | 527-533 |
| Autor | Manuel Grasso |
10.1. el dinero, los derechos:
¿cuánto dinero?
El principio de la condena pecuniaria del procedimiento per formulas in-
cidió en la elaboración jurídica de soluciones al problema de la extensión
de la sanción de derecho privado, ya sea por el incumplimiento de una
obligación preexistente, ya sea por la comisión de un hecho ilícito privado.
El contenido necesariamente dinerario de la condena es más que una
simple característica del proceso formulario: constituye una solución de
política del derecho que impone traducir en moneda cualquier tipo de ex-
pectativa. Salvo el cumplimiento voluntario del deudor antes de la condena
(o la transacción), el resultado exitoso del ejercicio de la acción jamás con-
ducirá a la obtención de la específica prestación (en caso de incumplimiento
de una obligación preexistente) o a la reposición del estado de cosas anterior
a la producción del daño (hecho ilícito), sino a una determinada cantidad
de dinero. En el derecho privado romano clásico, las posiciones jurídicas se
tutelan en última instancia acordando una suma de dinero a quien ha sufrido
un deterioro, un despojo, una privación de aquello que el Derecho le atribuye.
La deficiencia del único instrumento (la actio) idóneo para plantear re-
clamaciones por la vulneración de posiciones que el derecho protege incre-
menta la importancia del mecanismo de fijación del equivalente pecuniario:
la litis aestimatio. Los criterios para determinar el quantum de la condena
terminaron configurando el verdadero alcance de los derechos patrimoniales.
Asimismo, estos criterios compensan o no la originaria impotencia (en tanto
imposibilidad de exigir el primera deber de prestación) de la obligatio en
derecho romano clásico. La estimación de los daños (pérdida patrimonial;
valor de la cosa) o del interés del actor (pérdida patrimonial y lucro cesan-
te; utilidad de la cosa) son los modelos que emergen de la reconstrucción
histórica y que perviven en la actual discusión dogmática.
Hay etapas de la experiencia jurídica romana en que estos dos criterios
coexisten, con soluciones que en cierto modo hacen prevalecer uno sobre
otro (como en materia de delito aquiliano, en que termina por imponerse
el modelo del quod interest). Aun así, siempre subsiste la tensión entre dos
fuerzas: la que pretende dar certeza y contener la extensión de la sanción
a un parámetro objetivo que sirve de base y –de alguna manera– de tope, y
otra que abre la sanción para concretar una efectiva (aunque por equivalente)
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