La Corte Constitucional: institución que señala el rumbo del nuevo derecho en Colombia

La Constitución Política de Colombia expedida en 1991, fue el producto de un consenso real entre múltiples sectores políticos, muchos de los cuales estaban marginados de las instituciones que cotidianamente eran fuente de poder, por un bipartidismo, que a ultranza decía representar las opciones políticas, por ello, el fruto de este ejercicio popular y democrático fue una Norma Superior con innovadoras deiniciones estatales más acorde a los tiempos modernos. En consecuencia, se dio un reconocimiento de múltiples derechos con sus respectivas garantías y novedosas instituciones como la Corte Constitucional.

La institucionalización del Tribunal Constitucional conllevó a una nueva realidad política y jurídica en una reinterpretación del Derecho. La Asamblea Nacional Constituyente deinió a Colombia como un Estado Social de Derecho, es decir, una organización política donde prima la institucionalidad del Estado de Derecho, el adecuado cumplimiento de las reglas y el control del poder, como el conjunto de preceptos que fundados en el respeto a la dignidad del ser humano, permiten vivir en sociedad.

En la década de los 80´s, el Estado colombiano basado en la Constitución de Caro y Núñez de 1886, fue sacudido con una fuerte oleada de inestabilidad política y violencia, además de las confrontaciones sociales que caracterizaron al país, dieron argumentos a distintos sectores y actores sociales para gestar profundos cambios políticos y jurídicos sin precedentes en el Estado colombiano.

El presente trabajo relexiona sobre la labor de la Corte Constitucional, Corporación que tiene mucho que ver con los replanteamientos jurídicos dando el impulso deinitivo a los elementos dados por la nueva Constitución Política, incorporando una nueva interpretación jurídica en los desarrollos políticos del Estado colombiano.

Gracias a los pronunciamientos de la Corte Constitucional al interpretar nuestra carta política se han dado aportes al derecho en general posicionando la jurisprudencia constitucional como un referente de vanguardia jurídica en el concierto mundial.

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La labor de la Corte Constitucional se destaca en dos frentes muy importantes: 1) En los controles de constitucionalidad, proiriendo sentencias tipo "C" es decir, los juicios que se realizan para garantizar la supremacía de la carta política, casos en los cuales se puede declarar la exequibilidad cuando las normas sub-examine están acordes a la Constitución Política, o bien sea, la inexequibilidad cuando la norma bajo estudio, es condenada a ser expulsada del ordenamiento jurídico. Estas situaciones hacen tránsito a cosa juzgada constitucional; es decir, no son objeto de recursos u otras instancias. 2) En otro frente de trabajo, la Corte Constitucional, por mandado de la Carta Política en sede de revisión y de forma eventual por el volumen de trabajo, realiza, mediante sentencias tipo S.U., y T., declaraciones sobre derechos fundamentales

El Artículo 241 de la norma de 1991 expresa que: "A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución", y en el mismo artículo se detallan las facultades asignadas por el constituyente a dicha Corporación; por tanto, se ha constituido en una institución garantista con la importante labor de establecer límites al poder en el ejercicio del sistema de pesos y contrapesos velando por la implementación de una cultura constitucional que proclama el correcto cumplimiento de los preceptos normativos correspondientes a un estado social derecho.

Mediante el ejercicio de sus facultades, en la órbita de sus competencias como órgano de administración de justicia, la Corte ha contribuido grandemente a la pedagogía y eicacia del Estado Social de Derecho.

En el balance sobre la Constitución Política al cumplirse los veinte años de su expedición, es indudable la magna labor cumplida por la Corte Constitucional, corporación que ha sido deinitiva en la materialización del Estado Social de Derecho, el control de los poderes, la enunciación y defensa de los derechos fundamentales, tomado en serio la labor de guarda y custodia del Estatuto Básico.

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La magna labor enunciada, no pocas veces ha generado controversia como en el caso de la Sentencia C-113 de 1993, providencia que con ponencia doctor Jorge Arango Mejía expresó los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional: "Pues la facultad de señalar los efectos de sus propios fallos, de conformidad con la Constitución, nace para la Corte Constitucional de la misión que le confía el inciso primero del Artículo 241, de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, porque para cumplirla, el paso previo e indispensable es la interpretación que se hace en la sentencia que debe señalar sus propios efectos. En síntesis, entre la Constitución y la Corte Constitucional, cuando esta interpreta aquella, no puede interponerse ni una hoja de papel".

El Tribunal Constitucional elabora tesis jurídicas que se convierten en líneas jurisprudenciales, derroteros que permiten a operadores judiciales y administrativos establecer el alcance de nuestro marco normativo. En la Sentencia C-479 de agosto 13 de 1992 el Alto Tribunal, a la luz de su facultad de intérprete de la Carta Política, determinó el concepto oicial sobre el Estado Social de Derecho en dicha providencia se conceptuó que:

La declaración expresa formulada por la nueva Constitución Política (Artículo 1º) en el sentido de que Colombia es un Estado Social de Derecho, corresponde a una deinición ontológica del Estado, que alude a un elemento esencial de su estructura. Se trata de un concepto que, sin desconocer los postulados sobre los que se sostiene el Estado de Derecho, subraya el fundamento que el interés común coniere a la actividad del Estado y a la responsabilidad de las autoridades públicas, llamadas a intervenir, dentro de los marcos constitucionales, para asegurar a los gobernados unas condiciones mínimas de convivencia, las cuales no son dádiva o merced que dispense el gobernante, sino verdadero derecho tutelado por la Carta Fundamental.

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Por ser parte de la deinición del Estado, el término "social" no puede ser visto como algo intrascendente o residual, sino como un concepto cuyo contenido debe relejarse en la actuación de los poderes públicos y muy especialmente, en las previsiones del legislador en materias que, como el trabajo, tienen hondas repercusiones en el desenvolvimiento de la vida comunitaria.

El carácter del Estado de Derecho, sin embargo, no desaparece sino que viene a armonizarse con la condición social del mismo, al encontrar en la dignidad de la persona y en el interés colectivo los puntos de fusión. Así, a la seguridad jurídica que proporciona la legalidad se le suma la efectividad de los derechos humanos y la justicia social como elementos que cohesionan y orientan la acción del Estado.

Si bien la noción del Estado Social de Derecho gobierna la actuación de todos los operadores jurídicos, en el caso que nos ocupa ella está dirigida muy especíicamente a la relación del Estado con sus servidores; dentro de él, el poder público está sujeto a un marco axiológico completo, establecido por la Constitución, cuyo fundamento es la persona...