Contextualización de la situación
| Autor | Juan Carlos Uribe Sandoval/Darwin Clavijo Cáceres |
| Cargo del Autor | Abogado, Magister en Derecho procesal. Docente universitario/Abogado, Magister en educación superior, Doctor en administración, hacienda y justicia en el Estado social. Docente Universitario |
| Páginas | 13-119 |
Context ualización de la situación
jurídico-política en Colombia, con la promulgación de una nueva
constitución y la determinación de un órgano independiente-
Corte Constitucional, compuesta por nueve magistrados, responsables
de decidir las acciones públicas de constitucionalidad, en los términos
del artículo 241 de la nueva Carta.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 y el artículo
242 numeral 2 de la Carta, la acción de inconstitucionalidad o de
inexequibilidad puede ser ejercida por cualquier ciudadano. Al
respecto, señala el Artículo 40 que “todo ciudadano tiene derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Para hacer efectivo este derecho puede: (...) 6. Interponer acciones
públicas en defensa de la Constitución y de la Ley”; a su vez el
artículo 242 numeral segundo señala que “cualquier ciudadano podrá
ejercer las acciones públicas previstas en el título precedente (...)”. El
acceso a la administración de justicia en Colombia, supone como
requisito indispensable, desde su conceptualización democrática y
constitucional, que el mero hecho de ser persona permite controvertir
de manera adecuada y efectiva, directa o indirectamente los derechos
que en su sentir han sido vulnerados o desconocidos.
Respecto de la Acción Pública de Inconstitucionalidad y la revisión
de ciertas normas proferidas por el Estado, es de suponer que tal derecho
es subyacente a la condición de ciudadano, hecho que permite ejercer el
derecho personal de demandar por los medios establecidos y adecuados las
decisiones de las instituciones, cuando éstas, en criterio del demandante,
no se adecuan al ordenamiento constitucional. No obstante, la titularidad
del derecho para activar la jurisdicción, reposa en diferentes actores,
dependiendo de la legitimidad que debiera asistir para invocar la protección
de un derecho reconocido por el sistema de normas estatales, como en
efecto sucede con la Acción Pública de Inconstitucionalidad, el referente
accionante tiene un condicionamiento especial: ser ciudadano.
Juan Uribe - Darwin Cl avijo14
Así las cosas, la exigencia de requisitos para la admisión o no
de las acciones públicas de inconstitucionalidad no puede superar
Constitucional colombiana se supone que el accionante debe disponer
de una serie de condiciones y competencias que sólo son posibles para
algunos de ellos, aun cuando la conceptualización de la acción pública
de inconstitucionalidad implique abiertamente el desarrollo de la
democracia como efecto de un derecho político que, prima fase, atañe a
constitucionales y legales, sino que además, existen condicionamientos
adicionales de tipo jurisprudencial, pues la Corte Constitucional ha
determinado otra serie de requisitos de tipo material, que se hacen
Frente a una revisión de los requisitos para interponer la Acción
Pública de Inconstitucionalidad, se podría deducir que su elaboración
establece en su artículo 2 los requisitos para la admisión de las
demandas de inconstitucionalidad así:
(1) El seña lamiento de las normas a cusadas como inconst itucionales,
su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la
(2) El señalamiento de las nor mas
constitucionales que se conside ren infringid as; (3) Las razones por
las cuales dichos textos se estiman violados; (4) Cu ando fuere el
caso, el señalamiento del trá mite impuesto por la Constitución
para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado; y (5) La razón por la cual la Corte es competente
para conocer de la demand a (1991).
norma que adolece de inconstitucionalidad, enfrentándola con la
norma constitucional presuntamente vulnerada, infringida, que se
transgrede con la demandada. También exige el citado decreto que
el actor debe dar razones por las cuales los textos constitucionales
se estiman violados y allí empieza a ser diferente y complejo
para un ciudadano que pretenda usar esta herramienta, pues no
se trata del simple hecho de dar razones de inconstitucionalidad,
sino que las razones deben tener una forma y un fondo que ya ha
sido parametrizado de alguna manera por la Corte Constitucional
Colombiana, sin ser de público conocimiento para los ciudadanos. Las
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sentencias no se reputan conocidas, ni de son elemental comprensión;
implican una exposición de fondo, haciendo de este mecanismo un
elemento más del tecnicismo jurídico, que una verdadera disposición
para el ejercicio de control democrático de constitucionalidad.
De hecho, el máximo tribunal constitucional así lo ha esgrimido
La claridad de la demand a es un requisito indispensable para
establecer la conducencia del concepto de la v iolación, pues aunque
“el carácter popular de la ac ción de inconstitucionalidad, [ por regla
general], releva al ciudadano que la ejerce de ha cer una exposición
erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la nor ma
que acusa y el Estatuto Fundamental”, no lo excusa del deber de
seguir un hi lo conductor en la argumentación que per mita al lector
que se basa (Corte Constituciona l 2001).
La acción de inconstitucionalidad exige un minucioso ejercicio
hermenéutico que implica el acopio de destrezas, habilidades y
competencias argumentativas del actor en cuanto a la presentación
y admisión de la correspondiente demanda, competencias
entonces lo que en criterio del máximo tribunal significa y
materializa argumentativamente “establecer la conducencia del
concepto de la violación” como requisito jurisprudencial para
proferir una sentencia de fondo.
En Colombia a diferencia de países como Bolivia, Perú, Costa Rica
o Argentina tienen un Código Procesal Constitucional que regula
los procedimientos en torno a la acción de inconstitucionalidad, no
existe una sistematización legal en este sentido teniendo que acudirse
a las decisiones de la propia Corte Constitucional para comprender
el orden técnico procesal para el ejercicio de la Acción Pública de
Inconstitucionalidad.
No se evidencian estudios serios sobre los requisitos necesarios
para el ejercicio de este inocultable derecho político. La propia Corte
Constitucional ha señalado que la acción de inconstitucionalidad es los
medios más importantes con que se cuenta en el país para asegurar
la institucionalidad política. Ello implica que imponer condiciones
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