Control de Constitucionalidad al Fast Track: ¿Debilitando el Poder Constituyente?
| Autor | Juan Diego Dimaté - Santiago Vernaza |
| Páginas | 1-14 |
UNA Revista de Derecho
Vol. 2: 2017
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1
Análisis jurisprudencial
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD AL FAST
TRACK: ¿DEBILITANDO EL PODER
CONSTITUYENTE?
Juan Diego Dimaté y Santiago Vernaza
Después de la firma definitiva del Acuerdo de Paz con las FARC el 24 de
noviembre de 2016 comenzó su complicado proceso de “implementación”. El
primer paso, para el que el gobierno viene preparándose desde el 2015, era
la construcción de un andamiaje jurídico que le permitiera al Gobierno
crear legislación ágilmente que sea fiel a lo pactado con las FARC.
Considerando que irremediablemente algunos de los puntos pactados deben
ser leyes surgió el siguiente problema para el Gobierno: ¿Cómo hacer para
incluir los Acuerdos en el ordenamiento jurídico ágilmente y con fidelidad a
lo pactado, considerando que algunos de los puntos pactados
necesariamente tienen que ser leyes? ¿Cómo hacer para, desde el punto de
vista del Gobierno, evitar que la Rama Legislativa ralentizara el proceso de
implementación jurídica de los Acuerdos y/o que lo alterara?
La respuesta del Gobierno fue impulsar el Procedimiento Legislativo
Especial para la Paz, también llamado
Fast Track.
Como estaba
originalmente planteado en el Acto Legislativo 1º de 2016, este consistitía
en un procedimiento especial según el cual se agilizaba el procedimineto
legislativo y se establecían ciertas prerrogativas para el –y el se imponían
limitaciones al Congreso- en el trámite de los proyectos de ley con los que se
implementaran los Acuerdos.1
Esta reseña de jurisprudencia tiene como objeto de estudio la sentencia C-
699 de 2016, por medio de la cual la Corte Constitucional declaró la
exequibilidad de algunas de las herramientas jurídicas del AL. 1º de 2016
y
se pronunció sobre la validez de la refrendación vía Congreso, para
determinar los efectos que tiene sobre la
teoría de la sustitución de la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Dos de las particularidades que más polémica generaron fueron (i) la reducción
en los debates para aprobar las leyes y (ii) la imposibilidad de los congresistas de
introducir cambios en los proyectos de ley sin la autorización del Ministerio de
Interior. Además, se permitía al presidente expedir, dentro de los 180 días
siguientes a la entrada en vigor del AL 1º de 2016, los decretos con fuerza de ley
necesarios para facilitar y asegurar la implementación de los acuerdos de paz.
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