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La cultura del mínimo esfuerzo probatorio: reflexiones sobre la heteroincriminación y las garantías constitucionales del proceso penal

AutorJaime Campaner Muñoz
Cargo del AutorLicenciado en Derecho en la Universidad de las Islas Baleares obteniendo el Premio Extraordinario (número 1 de su promoción)
Páginas195-212
195
La cultura del mínimo esfuerzo probatorio:
reflexiones sobre la heteroincriminación y las
garantías constitucionales del proceso penal
Jaime Campaner Muñoz*
INTRODUCCIÓN
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coimputados1 (“arrepentidos” o no) constituyen el paradigma de riesgo límite
para la presunción de inocencia del imputado incriminado. El nivel de riesgo
es, a mi juicio, todavía más elevado -si cabe- que el que tiene lugar cuando
la única prueba de cargo viene dada por la mera declaración de la supuesta
víctima, entre otras cosas porque esta tiene la obligación de decir verdad y,
por tanto, de no decirla, puede incurrir en un delito de falso testimonio en
causa criminal, castigado con severas penas de prisión, máxime en el caso
de recaer sentencia condenatoria contra el incriminado como consecuencia
de la declaración mendaz, o en un delito de acusación y denuncia falsa, tipo
que también lleva aparejada pena de prisión si el delito imputado es grave.
Así, la consideración de la declaración del coimputado como prueba
de cargo apta para destruir la presunción de inocencia constituye, en mi
*Jaime Campaner Muñoz se licenció en Derecho en la Universidad de las Islas Baleares
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Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada y Máster en Derechos
Fundamentales, especialidad Protección Jurisdiccional, por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Ejerce como Abogado penalista en causas de repercusión en todo el
territorio español y es profesor asociado de la UIB, donde actualmente imparte docencia en
materia de Derecho Procesal Penal (Grado de Derecho) y Derecho Penal de la insolvencia
(Máster en Derecho Concursal y Reestructuraciones Empresariales) y societario (Máster
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principalmente en Latinoamérica, y ha publicado artículos doctrinales en revistas jurídicas
especializadas.
Correo electrónico: jcm@valdivia-campaner.com
1En general, sobre declaraciones de coimputados, véase la reciente obra de Lozano Eiroa, M.
(2013). La declaración de los coimputados en el proceso penal. Navarra: Thomson Reuters,
Civitas
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opinión, el gran problema del proceso penal español moderno. O mejor, más
que del “proceso” propiamente dicho, de los jueces y tribunales españoles,
quienes, como se expondrá más adelante, beben de una poco o nada
garantista doctrina emanada del Tribunal Constitucional español (en lo
sucesivo TC), ignorando la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en
adelante, TEDH) y, en suma, los derechos fundamentales de los ciudadanos
incriminados en los términos reconocidos tanto en la Constitución Española
(CE), como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y el resto de textos
internacionales.
Esta situación se ha visto agravada en las causas seguidas por alguna de
las manifestaciones de la denominada corrupción2, de suerte que, de un
tiempo a esta parte, casi a diario, amén de incoarse un nuevo proceso penal
por supuestos hechos pretendidamente constitutivos alguno o varios de los
delitos que hallarían cobijo bajo el paraguas del expresado concepto, es
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esto es, un coimputado (o coacusado, en función de la fase procesal de la
que se trate) que, ora por iniciativa propia, ora por consejo de su Abogado,
decide reconocer los hechos que se le imputan, mas, no limitándose a
asumir su responsabilidad, incrimina al resto de imputados o acusados (lo
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proceso, obtiene una sensible reducción de la pena, evitando, en muchos
casos, su efectivo ingreso en prisión3.
Derecho Procesal Garantista y Constitucional: Proceso, garantía y libertad
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la impunidad del Legislador”, El Notario del siglo XXI, Revista del Colegio Notarial de Madrid
núm. 47, enero-febrero 2013, pp. 13 a 17.
3La tendencia, además, sobre todo en causas seguidas por delitos contra la salud pública es
que los coacusados incriminantes –previo acuerdo con el Ministerio Fiscal- sean mayoría,
dejando en minoría a los coacusados que decidan no pactar y defenderse de las acusaciones.
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ni insólito ya que siendo diez los acusados, nueve decidan incriminar en juicio al único que
decida defenderse.

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