Decreto número 1983 de 2017, por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela
| Emisor | Ministerio de Justicia y del Derecho |
| Número de Boletín | 50433 |
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un instrumento judicial para la protección directa de derechos fundamentales.
Que el artículo 37 del Decreto-ley 2591 de 1991 prescribe que la competencia para conocer de la acción de tutela en primera instancia la tienen los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o amenaza del derecho fundamental.
Que el artículo 1º del Decreto 1382 del 2000 estableció las reglas de reparto de las acciones de tutela.
Que el artículo 1º del Decreto 1382 del 2000 fue compilado en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
Que el Decreto 1382 de 2000, compilado en el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, definió algunas reglas de reparto de la acción de tutela que no previeron otros supuestos respecto de los cuales se hace necesario fijar también reglas de reparto.
Que en la dimensión constitucional del Plan Decenal de Justicia se propuso el adelanto de ajustes normativos en materia de tutela para mejorar la eficacia, cobertura y especialidad del mecanismo.
Que mediante Auto 050 de 2015, la Corte Constitucional señaló lo siguiente respecto al marco jurídico que determina la competencia en materia de tutela:
"8. La Corte Constitucional ha señalado que las normas que determinan la competencia en materia de tutela son: el artículo 86 de la Constitución, que dispone que esta se puede interponer ante cualquier juez; y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito.
9. De otra parte, se ha sostenido en la jurisprudencia constitucional que el Decreto 1382 de 2000 establece únicamente las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las
que definen la competencia de los despachos judiciales. Esto, en tanto este decreto por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones (legales y constitucionales), no puede modificar las normas de superior jerarquía normativa. [5]
En este sentido, esta Corte ha dicho que "la observancia del mencionado acto administrativo [Decreto 1382 de 2000]
en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela...
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