Derecho Ambiental
| Autor | Natalia Soto |
| Páginas | 20-21 |
Industria Legal
nsoto@lloredacamacho.com
Natalia Soto
Calle 72 Número 5-83 Piso 5, Bogotá
www.lloredacamacho.com
Con la reanudación de las sesiones
ordinarias desde el 16 de marzo/2021, el
Congreso retoma el trámite de varios y, en
algunos casos, controvertidos proyectos de
ley relacionados con asuntos ambientales.
Entre ellos, el Proyecto No. 283/2019,
pendiente de segundo debate, cuyo
propósito es sustituir el capítulo de delitos
ambientales actualmente contemplados en
el Código Penal. En la misma línea, el
Ministro de Ambiente anunció
recientemente la intención del gobierno
nacional de presentar un proyecto sobre
delitos ambientales encaminado, entre
otros, a combatir la deforestación y
promover la conservación.
Los dos proyectos de ley se centran en
la creación de nuevos delitos y el aumento
de penas; la iniciativa gubernamental
incluiría, además, la no excarcelación. Es
importante señalar que, bajo la legislación
actual, se prevén trece tipos penales,
incluyendo daño ambiental, contaminación
ambiental, ilícito aprovechamiento de los
recursos naturales y explotación ilegal de
yacimiento minero, los cuales,
correctamente interpretados y aplicados,
cubren gran parte de las conductas
delictivas que afectan el ambiente y los
recursos naturales del país.
En esa medida, sin perjuicio de los
análisis de técnica jurídica y política
criminal que ameritan la legislación vigente
y sus eventuales modificaciones, lo cierto
es que estas iniciativas corren el riesgo de
desviar la atención hacia asuntos
secundarios y entorpecer así una discusión
honesta sobre las falencias de nuestro
sistema ambiental. Y es que, en Colombia,
donde somos tan propensos a caer en la
salida fácil del populismo punitivo, el
cuidado del ambiente requiere mayor
creatividad y compromiso de parte de
todos.
Ante un ya sobrediagnosticado déficit económico,
humano y técnico en la administración del ambiente,
este espacio es un llamado a reenfocar los
esfuerzos, tanto del gobierno como del Congreso,
hacia la búsqueda de soluciones novedosas que
permitan fortalecer la capacidad de seguimiento y
control de las autoridades ambientales, capacitar a
los jueces y fiscales en temas ambientales,
implementar mecanismos financieros que provean
mayores recursos para la administración de las
áreas protegidas y, en general, apuntarle a atacar
las complejas causas sociales, económicas y
culturales de los conflictos ambientales.Todo ello,
como paso previo a la creación de nuevos delitos o
el endurecimiento de penas que, en últimas, no
solucionan la falta de control estatal sobre los
territorios y que, en el mejor de los escenarios, solo
agravaría la ya crítica situación de hacinamiento
carcelario con personas que, en muchos casos,
actúan por necesidad, por ignorancia o por órdenes
de los verdaderos beneficiarios de acciones tan
reprochables como la deforestaciòn o el daño
ambiental.
DERECHO
AMBIENTAL
Una nueva reglamentación sobre
delitos ambientales: ¿es ese el
camino?
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba