Derecho ambiental
| Autor | Natalia Soto |
| Páginas | 20-21 |
Industria Legal
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Natalia Soto
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Una de las externalidades más significativas
del Covid-19 es el crecimiento exponencial
de la fabricación y consumo de plásticos
desechables, junto con la consecuente
generación de residuos y agravación de la ya
preocupante contaminación ambiental. Por
ello, aunar esfuerzos para garantizar la
gestión adecuada de los residuos plásticos
es un asunto prioritario.
Precisamente, aunque la regulación del
plástico está en la agenda internacional, y
nacional desde hace varios años, en lo que
va corrido de 2021 son numerosas las
iniciativas normativas que abordan la materia,
y cuyos efectos trascienden la industria del
plástico.
Por una parte, el 1 de enero de 2021 entró
en vigencia la “Enmienda de Noruega” al
Convenio de Basilea, bajo la cual el
movimiento transfronterizo de residuos de
plástico, con algunas excepciones, se
encuentra sometido a trámites de
consentimiento previo y otros
condicionamientos que, hasta el 2020, se
encontraban reservados a residuos
peligrosos. Esta modificación se da como
reconocimiento a la problemática asociada a
la gestión de residuos plásticos,
principalmente en países en desarrollo, e
impone controles y retos adicionales a
quienes desarrollan proyectos regionales de
economía circular.
A su vez, en el ámbito nacional, desde
2013 se han presentado varios proyectos de
ley, hasta ahora infructuosos, encaminados a
regular los plásticos y sus residuos.
Actualmente, se tramita un proyecto dirigido a
prohibir gradualmente la fabricación,
exportación, importación, comercialización y
distribución de algunos plásticos de un solo
uso (PUU); ordenar la implementación de
planes de gestión ambiental para aquellos
PUU no prohibidos; y adoptar medidas
complementarias (etiquetado, campañas
educativas y compras públicas, entre otras).
De ser aprobada, esta ley impactaría a diversos
actores, incluyendo empresarios, entidades públicas y
consumidores, que se verían avocados a ajustar sus
procesos y decisiones. Ello, sin contar con las
regulaciones municipales sobre esta materia.
La transición hacia alternativas al plástico que sean
más sustentables, en el mediano y largo plazo, no solo
resulta deseable, sino que pareciera, además,
inevitable, por la adopción de regulaciones cada vez
más rigurosas y, paralelamente, una mayor
concientización ambiental. No obstante, en una
coyuntura tan compleja como la actual, dicha transición
debe basarse en la gradualidad de su implementación,
para reducir traumatismos sobre los ya golpeados
sectores productivos; en la coordinación institucional y
coherencia normativa; en la promoción a la innovación
y apoyo a la reconversión; en la formalización de
recicladores de oficio; y, especialmente, en la difícil
modificación de hábitos de productores y
consumidores.
DERECHO
AMBIENTAL
Plásticos y sus residuos: protagonistas
de la agenda regulatoria 2021.
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