Derecho Minero - Núm. 4, Junio 2021 - Industria Legal - Libros y Revistas - VLEX 870554145

Derecho Minero

AutorHernán Rodríguez
Páginas60-61
Industria Legal
hernan.rodriguez@dentons.com
Hernán Rodríguez
Bogotá - Medellín
https://dentons.cardenas-cardenas.com/es
Las dificultades fiscales que enfrenta el Estado
colombiano exigen nuevas fuentes de
recursos, que produzcan ingresos pronto. La
principal iniciativa desplegada por el Gobierno
con ese propósito fue una nueva reforma
tributaria con la que se pretendía recaudar
USD$6.376M.
Esta alternativa no fue bien recibida y
suscitó y recrudeció conflictos sociales y
políticos que hasta la fecha de redacción de
este artículo han resultado en el retiro del
proyecto de reforma tributaria, grandes
pérdidas económicas, y eventualmente en la
asunción de nuevos compromisos por parte
del gobierno frente a la ciudadanía.
Evidentemente, es necesario apostarle a
otras alternativas para solucionar el déficit
fiscal sin imponer mayores cargas a
contribuyentes, impulsando así la reactivación
económica y la generación de empleo.
Llegó el momento de mirar seriamente al
sector minero, que es una fuente segura de
recursos y de empleo. Aunque el Gobierno ha
hablado insistentemente del sector como un
actor importante en la reactivación,
desafortunadamente no hay avances
significativos en los procesos de licenciamiento
ambiental y/o consulta previa para la entrada
en operación de importantes proyectos como
Gramalote, Quebradona y Soto Norte.
Tampoco avanzan trámites de sustracción de
reserva forestal, que permitirían millonarias
inversiones en proyectos exploratorios de
cobre.
Empresas como AngloGold Ashanti y
Minesa han reportado que, una vez licenciados
los proyectos de Quebradona y Sotonorte, se
prevén inversiones por aprox. USD$1.000M
para la construcción y montaje de cada
proyecto. Así mismo, sumando cifras
proyectadas por B2Gold, Caldas Gold y
Mineros S.A. -que están pendientes de
permisos ambientales- junto con las
inversiones exploratorias que pretende Minera
Cobre cuando se apruebe la sustracción de
reserva forestal que llevan años tramitando,
hablaríamos de inversiones por US$4.500M y
hasta 35.000 empleos directos e indirectos en
el corto plazo.
Todo esto depende principalmente de la voluntad
política del Gobierno.
De esa manera el llamado es para que, con la
celeridad con que se toman otras medidas frente a
esta crisis, se redoblen esfuerzos para viabilizar
los proyectos mineros que esperan un permiso o
una simple señal para ejecutar millonarias
inversiones bajo altos estándares ambientales, eso
sí, pidiendo a las empresas sensibilidad con la
situación actual y las crisis de los territorios donde
operan.
Es hora de buscar alianzas estratégicas para
conjurar la crisis, y el sector minero sería
indudablemente un gran aliado.
DERECHO
MINERO
Sector minero: aliado estratégico del
gobierno para aliviar la crisis.

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