Derecho penal de la Constitución
| Autor | Esiquio Manuel Sánchez Herrera |
| Páginas | 61-80 |
61
captulo ii
derecho penal de la constitucin
Bajo este título se comprende el conjunto de disposiciones de la Constitu-
ción que obligan a los operadores jurídicos en sede penal a la consulta de la
Carta, para resolver los conflictos jurídicos sometidos a su consideración.
El derecho penal de la Constitución establece ese marco relativo a temas
jurídicos en sentido general, y político-criminales específicos, que se consti-
tuyen en fuente de inspiración y consulta obligatoria para el legislador penal
en la creación de la ley, así como para los demás operadores del sistema penal
en la adopción de sus decisiones y la realización de sus tareas.
El derecho penal constitucional surge entonces: del contenido expreso
de las disposiciones que la Norma Superior establece en materia penal; de
los principios y valores constitucionales que tienen incidencia en el campo
penal; de las normas y principios internacionales aplicables en el orden
interno por virtud del bloque de constitucionalidad y de los compromisos
internacionales asumidos por el Estado Colombiano; de las normas implí-
citas de la Carta que generan efectos penales; y, también, de las interpre-
taciones que el Tribunal Constitucional ha efectuado de las disposiciones
constitucionales, interpretaciones que funcionan como precedentes y deben
ser asumidas por los jueces penales y por los demás operadores del sistema
penal. Ese conjunto de postulados fundamenta el derecho penal constitu-
cional colombiano.
La Constitución, tanto de forma directa como por inferencia, deter-
mina la necesaria vinculación del ordenamiento jurídico a sus postulados,
de suerte que también el derecho penal, en cuanto parte que es de ese
orden, debe imperativa y categóricamente estar referido a ella, es decir,
debe estar vinculado a sus valores, normas y principios, al contenido de
los derechos fundamentales, propiciando de esa manera el respeto de los
derechos humanos y la protección y garantía de los bienes jurídicos que
surgen de aquella.
No puede ser otro el sentido de la Constitución que el de propiciar para el
derecho penal, en el sentido práctico, que las leyes que se creen sean ajustadas
a las valoraciones que de ella emanan, y que las decisiones que los fiscales
y jueces adopten al interior del proceso penal atiendan a sus principios y
consulten la justicia material.
Derecho penal constitucional. El principialismo penal
62
Al modelo de sistema penal configurado a partir de los principios de la
Constitución se le formula como principal crítica el hecho de no propiciar
una dogmática para la ciencia del derecho penal de carácter supranacional,
en la medida en que la Constitución solo tiene un funcionamiento interno
sin proyección internacional, en tiempos de un mundo globalizado en el que
se impone la internacionalización del derecho. Sin embargo, considero que
las constituciones democráticas terminarán imponiéndose en todo el mundo,
y además las garantías materiales de las normas superiores que acogen como
prototipo de Estado al Estado social y democrático de derecho se identifican
en sus postulados esenciales de respeto a la dignidad humana y a los dere-
chos fundamentales. Por otra parte, importa más que al orden interno se
incorporen aquellos principios y normas internacionales que protegen los
derechos humanos, que imponer valores internos en ámbitos internacionales.
Así las cosas, cualquiera que sea el fundamento que se le quiera reconocer
a la ciencia del derecho penal, ella no puede desconocer como principios
fundamentales el respeto de la dignidad humana, la solidaridad, la libertas
y la igualdad, etc.
Nos dedicaremos en el siguiente apartado a la tarea de establecer cuáles
son los principios axiológicos contemplados en la Constitución que inspiran
el sistema penal y forman el denominado “derecho penal constitucional”. Es
menester afirmar con vehemencia que esos principios no son meros límites
del ius puniendi, sino que son también fundamento y basamento del derecho
del Estado a castigar a quienes infringen las disposiciones del código de las
penas. Así lo asentó, de manera certera, el profesor bricola, al expresar:
La dogmática se percibe como concretización de los principios rectores de la política
criminal explícita o implícitamente derivados de la Constitución; los principios
constitucionales operan, por un lado, como basamento sobre el que apoyar la
reconstrucción dogmática y, por otro, como límite garantizador selectivo entre las
posibles vías a recorrer en la estrategia de lucha contra la criminalidad1.
Nuestra Constitución, de corte antropocéntrico, comportó una variación,
de suyo innovadora, de todo el ordenamiento jurídico interno en sentido
general y del derecho penal y procesal penal en particular, convirtiéndose
de esa manera en el plan estructural básico y trascedente de todo el sistema
1 franco bricola. “Rapporti tra dommatica e politica criminale”, ridpp, 1988, p. 16.
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