El derecho penal del trabajo en Colombia: un diagnóstico entre el principio de subsidiariedad y una regulación simbólica
| Autor | Ricardo Posada Maya |
| Páginas | 39-102 |
39
C
EL DERECHO PENAL DEL TRABAJO EN COLOMBIA:
UN DIAGNÓSTICO ENTRE EL PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD Y UNA R EGULACIÓN SIMBÓLICA
1*
1. C
1. La Constitución de 1991 (en adelante CN) y el Código Sustantivo
del Trabajo (en adelante CST2
derechos constitucionales e intereses legales, convencionales o contractuales
de los trabajadores públicos y privados3
y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un tr abajo en condiciones
dignas y justas”4, tal y como lo precisa el preámbulo de la CN, aludiendo con
1
Constitución y Democracia, y Director del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Justicia Transicional
2
2663 de 1950 y 906 de 1951. La protección de los derechos laborales en Colombia tiene antecedentes desde
3
valor y deber. A su turno, la Sentencia C-593 de 2014, indica las diversas normas constitucionales que
regulan el trabajo.
4 C. Const., Sentencias T-407 de 1992, C-047 de 1995, T-232 de 1999 y T-261 de 2000. Indica la Sentencia
T-14 de 1992, que: “El derecho al trabajo es una manifestación de la libertad del hombre y por tanto en
último término tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana. Este conlleva el derecho a obtener
un empleo, pero ello no quiere decir, que este derecho implica que exista una prestación u ofrecimiento
necesario de trabajo a todo ciudadano que se halle en condiciones de realizarlo. Aparece únicamente bajo
la virtualidad que le presta el principio de acceso a los cargos según el mérito y capacidad de los aspirantes,
40
ello a la protección de un trabajo estable, permanente o transitorio, y bien
remunerado, que permita satisfacer las necesidades básicas del trabajador y
de su familia5 en condiciones dignas.
la igualdad y en particular a no ser d iscriminados –en el trabajo–, especialmente
por su sexo, identidad sexual, d iscapacidades, raza, opción sexual, religión, ideas
castigado por la ley penal6
todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen
la misma protección y garantía, en consecuencia, queda abolido cualquier tipo
”.
debe tener el derecho penal en materia laboral –lo que se conoce como el
derecho penal del trabajo7–; asunto que es objeto de una viva polémica en la
doctrina nacional y extranjera, a pesar de que si algo caracteriza a Colombia,
condiciones materiales del trabajo, la informalidad, el incremento del trabajo
infantil, la tercerización contractual, la precariedad de la seguridad social,
la muy pobre gestión sindical8 que, en el sentir de la doctrina mayoritaria,
requisitos que tienen su aplicación más rigurosa en el ámbito público”; Sentencia C-799 de 1998. De igual
modo, Derecho penal, pp. 397-398, aclara que “[…] este mandato no tiene sentido personal […]
5
o intelectual, permanente o transitoria que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra,
labores distintas a las normalmente realizadas por el empleador.
6
7 Derecho penal del trabajo, pp. 31: “[…] conjunto de preceptos penales (criminales)
creados para garantizar la efectividad de las normas declarativas y ordenadoras destinadas a tutelar a los
trabajadores […]” y 103. Lo importante es concebir el derecho penal del trabajo como un garante de las
8 , “Delitos contra los trabajadores”, p. 507.
41
C
poco o nada se ha hecho en temas cruciales como la prevención laboral o la
protección de los derechos laborales básicos e irrenunciables concedidos a
9), además de
proteger la autodeterminación e integridad del trabajador (en sentido amplio).
normas laborales o profesionales (propiamente dichas), o las normas de la
responsabilidad civil extracontract ual; sin caer en el debate usual de este tipo de
textos, que discuten si el derecho penal debe sancionar estos comportamientos
lesivos, o si, por el contrario, estas conductas deben permanecer en el ámbito del
derecho administrativo o laboral sancionador. En todo caso, convine advertir
que las opiniones de la doctrina se encuentran divididas, del siguiente modo:
un importante conjunto
real (incluso algunos hablan de legitimidad) para prevenir la realización de
comportamientos abusivos (ilegales) que afecten los derechos laborales protegidos
como la vida o la integridad de los trabajadores, entre otros derechos.
En estos casos, la doctrina suele tratar de explicar y demostrar la
innecesaridad de la intervención penal mediante tres argumentos, que vale la
pena distinguir:
, por la reducida aplicación judicial de los delitos previstos en el
libertad de trabajo y asociación’ (que se intenta convert ir en un delito menor o en
una contravención querellable, susceptible de acción privada), y en particular los
agrega
que: “[…] el derecho penal laboral no desarrolla ninguna función promocional
de los derechos económicos y sociales de los trabajadores, no va a servir para
9
por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos
expresamente exceptuados en la ley”.
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