El derecho de vecindad - Sección tercera. Limitaciones al derecho de dominio - Derecho Civil Bienes. Derechos reales - Segunda edición - Libros y Revistas - VLEX 794630577

El derecho de vecindad

AutorJuan Enrique Medina Pabón
Páginas389-410
389
Capítulo segundo
El derecho de vecindad
196. Restricciones derivadas de la convivencia
La mayoría de las limitaciones atribuibles al derecho de vecindad son cargas
reales, pero algunas serán verdaderas obligaciones reales y otras se prestan
para dudas, confirmando que estamos ante temas jurídicos.
En el derecho de vecindad incluiremos una parte de las servidumbres
que nos presenta el Código Civil, debido a que no cumplen los requisitos que
permitan calificarla de servidumbres, porque no hay predios sirvientes o no hay
dominantes o no tienen la vocación de perpetuidad en el ejercicio, y además
porque recaen prácticamente sobre todos los inmuebles, sean bienes privados, de
uso público, e incluso destinados al culto, algo que no podría en general aplicarse
a las servidumbres, que solamente pueden recaer sobre bienes comerciales.23
197. Determinación del bien y del derecho
Para poder ejercitar el derecho sobre un bien es necesario saber precisamente
cuál es, por lo que la ley consagra el derecho para cualquiera para conseguir
que se elimine la incertidumbre sobre el derecho suyo. La mayoría de los bienes
tienen una morfología y otras características que permiten su individualización,
pero de no tenerla será necesario proceder a hacerlo porque no se puede ejercer
un derecho sobre objeto indeterminable.
198. Deslinde y amojonamiento
Las superficies inmobiliarias son continuas por lo que se hace necesario saber
hasta dónde llega un bien y empieza otro, de modo que cuando hay dudas en
esta materia, el derecho y su ejercicio se hacen igualmente inciertos, lo que
debe remediarse para evitar conflictos.
23 Ver: vélez, Fernando. Estudio Sobre el Derecho Civil Colombiano, T. III, nº 477. Ediciones París-
América, 1926, pp. 314 y 315.
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Derecho civil. Bienes. Derechos reales
Todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que lo separan
de los predios colindantes, y podrá exigir a los respectivos dueños que concu-
rran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes. [Art. 900 C. C.]
Los linderos entre inmuebles pueden ser imprecisos por diversas razones,
como la falla inicial en los títulos, la pérdida de las señales o mojones que indican
cuánto abarca un bien, el cambio de cercas, medidas equivocadas y otras. Cuando
por cualquier razón no está claro hasta dónde llega su terreno o hay un conflicto
entre vecinos por los límites, cualquiera de las partes queda facultada para llamar
a sus colindantes para buscar la correspondiente acotación predial.
La ley civil menciona al dueño como titular de la facultad de convocar a
sus vecinos (dueños igualmente) a la delimitación, porque este era el único que
tenía facultades de disponer de su derecho y, en el evento de llegar a un acuerdo de
fijación de los límites y por tratarse de asuntos inmobiliarios, de elevar el acuerdo
a escritura pública y efectuar el correspondiente registro. Si los colindantes no se
ponen de acuerdo adelantarán las acciones judiciales pertinentes.
Ahora bien, el artículo 460 del Código de Procedimiento Civil y hoy el
artículo 400 del Código General del Proceso extendió la acción de “deslinde y
amojonamiento”, además del dueño pleno o nudo, a los poseedores que lleven más
de un año de posesión, a cualquiera de los comuneros y al usufructuario (quizá al
usuario), pero no aclara si estos interesados cuentan con facultades para celebrar
acuerdos privados sobre los límites y en qué forma deben hacerlo, para que tenga
oponibilidad frente al dueño. Al respecto se pueden adoptar dos posiciones: que estos
“no dueños”, pueden hacer esos acuerdos sobre linderos mediante actos que hagan
tránsito a cosa juzgada (conciliaciones, arbitramientos) o que solamente pueden
obtener la delimitación mediante el proceso judicial respectivo. Incluso cabría una
tercera opción que sería que estos acuerdos solo son oponibles entre los que cele-
braron el acuerdo, a falta de una norma expresa que vincule a los demás a esas
actuaciones. Tampoco es claro si el acuerdo privado que sobre linderos que hagan
el nudo propietario y su vecino cobija al usufructuario. En Chile los tribunales han
llegado a esta última solución por vía doctrinaria, y como no existe obligación de
integrar un litisconsorcio necesario (aquí tampoco) han tenido que admitir que los
legítimos interesados, que no fueron parte en el juicio, puedan discutir el derecho,
basándose por cierto en la no caducidad de la acción.24
24 Peñailillo arevalo, Daniel. Los bienes, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2011, p. 498.

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