Derechos indígenas y sistemas jurídicos propios de los pueblos nativos en Colombia y Guatemala - Sistemas de justicia, derechos de las mujeres y derechos indígenas en Colombia y Guatemala - Mujeres indígenas y campesinas. Transicionalidad, justicia y resistencia en Colombia y Guatemala - Libros y Revistas - VLEX 851097111

Derechos indígenas y sistemas jurídicos propios de los pueblos nativos en Colombia y Guatemala

AutorGuillermo Padilla Rubiano
Páginas113-156
Derechos indígenas y sistemas jurídicos
propios de los pueblos nativos
en Colombia y Guatemala*17
Situación de los pueblos indígenas en Colombia
Los pueblos indígenas de Colombia poseen un patrimonio colectivo que está
protegido por la constitución y los tratados internacionales suscritos por el
país, que constituye lo que se conoce como bloque de constitucionalidad.
Aun con esto, sus tierras y recursos se han convertido en centro de dispu-
tas y manifestaciones externas de poder para su control y explotación. Por
la defensa que de ello hacen los pueblos, han sido tratados como enemigos
públicos y como actores que obstaculizan el desarrol lo económico del país
(Finji, 1993), tal es el cas o de los Embera Katío del Alto Sinú, los Uwa (asenta-
dos en la Sierra Nevada del Cocuy, Andes colombianos nororientales), o más
recientemente los Nasa (Andes sur occ identales, depar tamento del Cauca),
a los que se ha pretendido estigmatizar por su voluntad de paz y su deseo de
expulsar de sus territorios todos los actores armados que han tr aído dolor y
muerte a sus comunidades.
Del total de pueblos indígenas del país, 102 según la Organización Na-
cional Indígena de Colombia (, 2012), veintiocho (28) poseen menos
de quinientos habitantes y en su conjunto suman 6.055 personas, esto es el
30.4% del total de pueblos y menos del 1% de la población indígena nacional.
Adicionalmente, quince (15) pueblos indígenas presentan menos de doscien-
tos habitantes y seis (6) menos de cien. Estos pueblos están en alto riesgo y
podrían ser conducidos a la extinción demográca si no se toman medidas
para garantizar su sobrevivencia. De estos pueblos indígenas con menos
de quinientos (500) habitantes, veinte (20) de ellos, esto es el 71.42%, están
asentados en la Amazonia y presentan los índices más bajos de poblamiento
de todo el país, cuatro de ellos presentan menos de sesenta (60) habitantes.
Colombia es un interesante caso de cómo el Estado con sus acciones
o silencios genera verdad social. Para 1991, cuando la Asamblea Nacional
* Guillermo Pad illa Rubiano
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Mujeres indígenas y ca mpesinas
Constituyente escribió la actual constitución política, la población indígena
era apenas el 1.5% del total de la población. Actualmente, según el último
censo nacional de población (Departa mento Nacional de Estadistica,  ,
2005), la población indígena no es menor al 3.4% del total del pa ís. Este cre-
cimiento por encima del 100% en menos de veinte años se explica por los
derechos que les fueron reconocidos a estos pueblos, dejados por fuera de los
benecios del Estado por más de quinientos años. Gracias a ellos se desató
un interés reivindicatorio de parte de comunidades campesina s e incluso ur-
banas, que comenzaron a organiza rse en cabildos, que es como se conoce en
Colombia las formas de organización propias de las comunidades indígenas.
En abril de 2005, Luís Evelis Andrade Casama, presidente de la 
presentó ante la 61ª sesión de la Comisión de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, en Ginebra, un informe titulado “Situación de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en
Colombia”, del cual extraemos algunos apar tes, por considerar que ilustra
la realidad de los pueblos indígenas de Colombia. Fundamentalmente, la
situación descrita por Luís Andrade hace siete años, no ha variado mucho y,
por el contrario, algunos problemas y amenazas hoy se tornan más ag udos,
debido a la política del gobierno nacional de desmontar derechos adquiridos
por los grupos étnicos, en vez de avanza r en la protección de los mismos como
le compete al Estado colombiano, como ha ocurrido con la reglamentación
del derecho a la consulta previa (Andrade, 2005).
De los ciento dos pueblos indígenas que tiene Colombia, cincuenta y
cuatro, el 57.5%, habitan en la Ama zonia. De la población indígena nacional,
esta región alberga 17.285 personas, según la Asociación Latinoamericana
para los Derechos Humanos (), que corresponden al 2. 32% del total,
siendo el pueblo con mayor número de miembros el Uitoto1 con 7.840 habi-
tantes y el de menor poblamiento el Taiwano, también conocido como Edu-
ria, con 22 personas (Departamento Nacional de Estadist ica, , 2005).
Al menos dieciocho pueblos indígenas se encuentran en situación de
emergencia por la violación de sus derechos humanos, constreñidos en su
movilidad, obligados a su desplazamiento, con incertidumbre al imentar ia,
connados en sus territorios, resistiendo fumigaciones áreas y bombardeos,
viendo invadidos sus territorios y vida cotidiana por maquina rias para pro-
yectos extractivos, soportando la proscripción de sus organizaciones y la
persecución y asesinato de sus autoridades y dirigentes. Además, los pueblos
1 Habitan la zona sur de l a Amazonía colombiana .
Sistemas d e justicia, derechos de l as mujeres y derechos indíge nas en Colombia y Guatemal a
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indígenas están amenazados y deben resist ir los ataques y provocaciones de
los actores armados, la colonización de sus territorios, la implantación de
megaproyectos, la violencia de los narcotracantes. Deben soportar el reclu-
tamiento forzoso de sus jóvenes para la guerra, y las mina s antipersonales,
entre otros agelos que les impide la realización y protección de sus derechos.
Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas son cuna de la bio-
diversidad y de recursos naturales minerales y energéticos. Desafortuna-
damente, estos pueblos se encuentran ubicados estratégicamente en zonas de
conicto armado, de cultivos il ícitos, de rutas de contrabando y de tráco de
armas, del desarrollo de megaproyectos y del deseo del gobierno de los Estados
Unidos por utilizar el territorio nacional para la expansión geopolítica que
sirva a sus intereses. Propósitos todos ajenos a los intereses de los indígenas,
para quienes sus territorios son lugares sacralizados, centro de su universo
y legado de la divinidad, que deben ser protegidos y consagrados. Con sus
acciones y discursos los indígenas claramente demuestran su propósito de
seguir siendo pueblos con identidad propia, cuyas raíces se hunden en su pa-
sado prehispánico. La defensa de su tierra y territorios y formas tradicionales
de gobierno ha sido crucial en el contexto de 150 años de política Repúblicana
tendiente a promover su integración (Finji, 1993).
En reiteradas oportunidades los pueblos indígenas, sus autoridades y
organizaciones han demandado del gobierno nacional, desde los más di-
versos escenarios y por diferentes medios, la adopción e implementación de
una política pública para indígenas que brinde gara ntías reales y protección
para la vida y la reali zación de sus planes de vida, paz y futuro, respeto por
el  y acatamiento del , el c umplimiento de las medidas legales pa-
ra salvaguarda r sus territorios ancestrales y la seguridad jurídica nece saria
para ejercer los derechos, culturales, económicos y colectivos. También se le
ha solicitado al gobierno el respeto y la aplicación sin interpretaciones que
evadan la constitución política, la normatividad v igente y los tratados e ins-
trumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas (Comision
de Derechos Humanos de , 2 003).
El movimiento indígena ha exigido al Estado colombiano procurar la s
acciones necesarias para que los pueblos indígenas puedan gobernar sus terri-
torios con base en su derecho propio, salvaguardando sus recursos natura les,
la biodiversidad, así como también la protección de los derechos fundamen-
tales como seres humanos, indígenas y colombianos, y la defensa y tutelaje del
derecho a existir con identidades cultura les, respeto por sus organizaciones

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