Efectos de la sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional y la aplicación de la ley 975 - Anotaciones sobre la ley de "justicia y paz" - Libros y Revistas - VLEX 840321165

Efectos de la sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional y la aplicación de la ley 975

AutorGustavo Gallón Giraldo - Michael Reed Hurtado - Catalina Lleras Cruz
Páginas31-37
El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la
no concesión de los efectos retroactivos de las decisiones
consignadas en la sentencia C-370 de 2006 generó varios
interrogantes respecto a los efectos inmediatos de las
mismas. En general, los interrogantes no son tan
complejos y el debate tendió a distorsionar la cuestión
como resultado de las presiones ejercidas por los grupos
paramilitares, que amenazaron una vez más con romper
el proceso de negociación, y la falta de compromiso del
Gobierno nacional con el acatamiento de los fallos de la
Corte.
La aplicación de las reglas generales sobre el efecto
inmediato de la sentencia de la Corte Constitucional
genera dos tipos de cuestiones. La primera está
relacionada con las normas declaradas inexequibles.
Dada la existencia del principio de favorabilidad en
materia penal, surge la cuestión relativa a los efectos
futuros de las normas declaradas inexequibles, si
resultaren más favorables para los procesados. El
segundo tipo de cuestión gira en torno al efecto inme-
diato de todas las constitucionalidades condicionadas
que estableció la Corte en su sentencia.
Con el fin de aclarar el alcance del efecto inmediato de
la sentencia C-370 de 2006, a continuación se
desarrollan tres acápites. El primero expone el contenido
básico de las reglas generales sobre el efecto inmediato
de las sentencias de constitucionalidad. El segundo
desarrolla los efectos de las inexequibilidades,
incluyendo la distinción entre normas de derecho penal
y de otras ramas del derecho. Y el tercer acápite tiene el
propósito de enfatizar el rol de los funcionarios encar-
gados de aplicar la ley 975, acatando las condiciones
que impuso la Corte para establecer la exequibilidad de
las normas.

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