Un enfoque económico de la detención preventiva. Crecimiento de la población reclusa y hacinamiento carcelario en el tránsito del sistema penal acusatorio colombiano (2003-2008)
| Autor | Ángela Patricia Zorro Medina, Camilo Andrés Acosta Mejía y Norberto Hernández Jiménez |
| Cargo del Autor | Economista y abogada de la Universidad de los Andes/Magíster en Economía de la Universidad de los Andes/Abogado, especialista y magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre |
| Páginas | 251-281 |
UN ENFOQUE ECONÓMICO DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA.
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RECLUSA Y HACINAMIENTO
CARCELARIO EN EL TRÁNSITO DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO COLOMBIANO (2003-2008)*
ángela patricia zorro medina
**
camilo andrés acosta mejía
***
norberto Hernández jiménez
****
Resumen: La presente investigación utiliza el análisis económico del derecho
como herramienta para interpretar la proliferación de la detención preventiva
y su impacto en el sistema carcelario colombiano. Para esto, se contextualiza
brevemente la aplicación de la economía al proceso penal, en específico al
derecho penitenciario. Se tratarán los lineamientos generales de la detención
preventiva y se estudiará el hacinamiento carcelario como consecuencia del
crecimiento de la población reclusa. Para finalizar, se hará un análisis pragmá-
tico de esta situación, a través de la implementación de un modelo economé-
trico que dará los resultados de la medición relacionados con el impacto de la
detención preventiva en el hacinamiento carcelario, en la coyuntura del sistema
penal acusatorio colombiano.
Palabras clave: costo esperado del castigo, detención preventiva, hacinamiento
carcelario, proceso penal.
* Este documento se presentó y socializó en el First Workshop in Law and Economics (
lawle
-
2014), organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de los Andes
de Colombia y el
itam
de México, en Santiago de Chile los días 20 y 21 de noviembre del 2014
(N. de la C.).
** Economista y abogada de la Universidad de los Andes. Magíster en Derecho y candidata a doctora
en Derecho de la Universidad de Yale, Estados Unidos. Correo electrónico: ap.zorro263@
uniandes.edu.co
*** Magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Estudiante del doctorado en Economía
de la Universidad de Toronto, Canadá. Correo electrónico: ca.acosta966@uniandes.edu.co.
**** Abogado, especialista y magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre. Especialista en
Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Candidato
a doctor en Derecho por la Universidad de los Andes. Coordinador del Grupo de Prisiones de la
Universidad de los Andes y conjuez del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. Correo electró-
nico: n.hernandez29@uniandes.edu.co.
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Teoría y puesTa en prácTica del análisis económico del derecho colombiano
introducción
El análisis económico del derecho se ha usado sobre todo en las áreas jurídicas
en las que hay un contenido económico explícito (estudios de mercado), en
especial en aquellas que regulan el ámbito privado (bienes, contratos, responsa-
bilidad) y el tributario. Sin embargo, el estudio del sistema penitenciario, vincu-
lado directamente con el derecho procesal penal (estudios de no mercado), no
es ajeno al análisis económico, máxime cuando la reclusión intramural no genera
utilidades para el erario público. Por el contrario, implica una carga que se debe
sufragar, en detrimento de otros intereses en los cuales podría concentrarse el
Estado, como son la educación y la salud.
En esta perspectiva, también se pueden analizar conductas que no ameritan un
costo de transacción tan elevado, como la que supone la internación intramural
del individuo1. Si se acude a los criterios de eficiencia de Pareto, una solución al
problema de la internación intramural pueden ser las penas alternativas2 o las
medidas cautelares que garanticen la convivencia pacífica y que, a su vez, dismi-
nuyan los costos que debe sufragar el Estado3. Así se mejorarían las condiciones
de los internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, sin que se
empeore la situación de las víctimas de la conducta punible. En todo caso, se
mantendría incólume el cumplimiento de los fines de la pena4.
La población reclusa puede clasificarse en dos grandes grupos: condenados y
sindicados5. Los últimos tienen una medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva6. A pesar de la excepcionalidad de esta medida de asegu-
1 Juan Trujillo. Aproximación al análisis económico del derecho de algunas instituciones del sistema jurídico colom-
biano, 2006. Consultado el 10 de febrero del 2014 en http://www.redsociojuridica.org/ponen-
cias_2006/analisis_economico.pdf, pp. 3 y 15-18.
2 Luigi Ferrajoli. Derecho y razón, traducido por Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan
Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco y Rocío Cantarero Bandrés. Madrid: Trotta, 1997,
p. 418.
3 “Mantener un interno le cuesta al Inpec más de $12 millones al año, incluyendo la dieta diaria,
los servicios públicos, la seguridad y vigilancia y los traslados a audiencias entre otros gastos.”
(Ricaurte, 2013)
5 En la presente investigación se utiliza el término sindicado, propio del sistema de enjuiciamiento
individuos sometidos a un proceso penal y para quienes no se ha proferido una sentencia conde-
natoria ejecutoriada en su contra. El término comprende las categorías del sistema acusatorio
imputado y acusado.
6 La detención preventiva es una medida de aseguramiento de carácter excepcional que pretende
evitar que el sindicado altere los elementos materiales probatorios y la evidencia física de la inves-
tigación judicial o que se fugue y no responda a una eventual sentencia condenatoria. Con base
en el comportamiento anterior, la detención preventiva también se impone como respuesta a la
predicción de que el sindicado al permanecer en libertad constituirá un peligro para la víctima o
para la comunidad.
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