¿Se enfrentarán los gobiernos al cultivo de coca o a sus causas?
| Autor | Adam Isacson |
| Páginas | 231-249 |
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Adam Isacson
En marzo del 2017, la nueva administración de Trump publicó la esti-
mación anual del Gobierno de los Estados Unidos de la producción de
coca en Colombia. Esta reportó una cantidad récord de 188000 hectáreas
en el 2016 (Ofce of National Drug Control Policy, 2017). La estimación
había crecido en un 133% del 2013 al 2016. A la vez, su estimación de la
producción de cocaína para Colombia aumentó en un 202%, a 710 to-
neladas. Esto era un retorno a niveles sólo antes vistos entre el 2000 y el
2001, cuando se lanzó el Plan Colombia.
El nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, expresó su frustración
en una audiencia del Senado, en junio del 2017: “Hemos conversado con
el Gobierno colombiano, con el presidente Santos, y preguntamos ¿por
qué? —ya saben— ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo puede ser?” (United
States House Committee on Appropriations, 2017).
La respuesta no es complicada. El aumento en la producción de coca
sucedió como suele suceder. A todo lo largo de la cadena de producción,
los participantes persisten en buscar atajos con escasos resultados. Los
pequeños agricultores de las zonas agrícolas fronterizas optan por el úni-
co cultivo que les garantiza ganancias jas, aunque modestas. Las élites
evitan la dura tarea de extender el Estado hacia territorios abandonados
o de erradicar de las frágiles instituciones la corrupción vinculada con
el crimen organizado. Los usuarios de los países consumidores buscan
apenas algunos momentos de bienestar articial. El Gobierno de los
Estados Unidos, en asociación con elementos de las élites locales y las
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LOS ORÍGENES DE LA COCAÍNA
fuerzas de seguridad, opta por estrategias que conduzcan a resultados
rápidos, como las campañas de erradicación forzosa. Estas eliminan al-
gunas plantas, pero dejan las raíces del problema intactas.
Con algunas excepciones, aún no hemos visto un enfoque decidido
y paciente que pueda producir un cambio permanente en las dinámicas
que impulsan la economía de la coca; uno que se fundamente en el diá-
logo con las poblaciones afectadas y que abarque las complejidades de
la producción y el consumo. El resultado de esta ausencia es evidente en
el récord de los cultivos de coca de mediados de los años 2010.
En los años de gobierno de Barack Obama (2009-2016) se abrió un
modesto espacio para la adopción de nuevos enfoques en materia de
drogas ilícitas. En los Estados Unidos, muchos de sus estados cambiaron
sus actitudes frente al cannabis. La atención se centró en la crisis nacional
de los opioides, con pocos llamamientos a una respuesta de línea dura
(Serrano, 2016). En medio de un consumo en declive, la coca andina pasó
a segundo plano.
Durante ese período, el Departamento de Estado “descerticó” a
Bolivia cada año y renunció a aplicar sanciones (United States Department
of State, 2016, p. 111). A los diplomáticos de la administración Obama les
disgustó el desafío de Bolivia al modelo anticoca de los Estados Unidos.
Sin embargo, era difícil discutir con los resultados del experimento de
“control social” de Bolivia. En la actualidad, el cultivo de coca rara vez
supera las 35000 hectáreas (o las 25000, según la estimación de la )
y alrededor de la mitad se destina al uso legal (United States Department
of State, 2000-2007; United Nations Ofce on Drugs and Crime, 2017,
p. 25; Andean Information Network, 2017). En la región del Chapare,
el manejo de la coca ilícita se logra por medio de un diálogo constante
con los agricultores. En la región cocalera de los Yungas, los planes del
Gobierno de Morales hallaron más resistencia (Andean Information
Network, 2017). Más que la coca, el mayor desafío actual de Bolivia es
el de la cocaína proveniente de otros lugares. El Departamento de Estado
de los Estados Unidos reporta que “las autoridades peruanas estiman
que 50% de toda la cocaína peruana sale hacia o pasa a través de Bolivia
por transbordo aéreo” (U. S. Department of State, 2016, p. 111).
En el Perú, el Gobierno de Ollanta Humala dio pasos iniciales hacia
un modelo independiente contra la coca. Sin embargo, fue retirado en
cuestión de semanas, a n de no confrontar a los Estados Unidos (Stone,
2012). Los objetivos del Perú para la erradicación forzosa siguieron ele-
vados. El embajador de los Estados Unidos felicitó al Gobierno peruano
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