Establecimientos educativos oficiales: potestades en materia de disposición de bienes fiscales
| Fecha | 01 Enero 2023 |
| Autor |
45
Fecha correspondencia:
Recibido: 21 de julio de 2022.
Revisado: 27 de marzo de 2023.
Aceptado: 14 de abril de 2023.
DOI: 10.21615/cesder.6859
ISSNe: 2145-7719
https://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho
ARTÍCULO DE REFLEXIÓN
Establecimientos educativos oficiales: potestades en materia de disposición
de bienes fiscales
Public educational establishments: powers to dispose of fiscal assets
Lucas Ramírez Sierra 1
1 Estudiante de derecho de la Universidad Nacional de Colombia.
Forma de citar: Ramírez, Lucas. “Establecimientos educativ os oficiales: potestades en matera de disposición de bienes
fiscales” En: Revista CES Derecho. Vol. 14. No. 1, enero a abril de 2023. pp. 45-xx. https://dx.doi.org/10.21615/cesder.6859
Resumen
El presente artículo de reflexión pretende dilucidar el campo de acción de que disponen los establecimientos educativos
oficiales en materia de disposición de bienes fiscales. Para ello s e indagan los precisos alcances y limitantes de sus
competencias contractuales en la materia y las eventuales respon sabilidades derivadas de su irregular ejercicio, acudiendo
para el efecto a fuentes jurídicas primarias y doctrinales. Se concluye en el sentido de señalar que tales posibilidad es son
restringidas y autorizan únicamente concesiones del uso de los bienes, sin permitir en ningún caso la transferencia de su
dominio.
Palabras clave: bienes fiscales; contratación estatal; disposición de bienes; educación; establecimientos educativos; negocio
jurídico.
Abstract
This reflective article aims to elucidate the scope of action available to official educati onal establishments in terms of
disposing of government assets. To achieve this, it examines the precise scope and limitations of the ir contractual
competencies in this area, as well as the potential liabilities that may arise from their irregular exercise, drawing on primary
legal and doctrinal sources. The conclusion reached is that such possibilities are limited, and only permit concessions for the
use of assets, without allowing for the transfer of ownership under any circumstances.
Keywords: assets disposition; contract; education; educational establishments; fiscal as sets; public contract.
Introducción
Es manifiesta la alta preocupación ciudadana e institucional frente al fenómeno de la corrupción administrativa.
La noción de ‘‘lo corrupto’’ es tan indeterminada como estudiada y teorizada; es posible, no obstante, extraer
puntos comunes subyacentes a las varias definiciones ofrecidas. La acción corrupta se enmarca en la
participación en una cierta institución y supone el quebrantamiento de su régimen normativo con miramientos
a la extracción de un beneficio individual en detrimento de los valores que inspiran la po sición que se detenta
(Seña, 2014, pp. 171-172; Garzón, 1997).
El punto distintivo se encuentra, al decir de los autores citados, en la subversión de una cierta normatividad bajo
la forma de la inobservancia de deberes profesionales e individuales. ‘‘Por esa razón, la corrupción siempre es
Ramírez, Lucas.
Vol. 14 No. 1 / enero - abril de 2023
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parasitaria de la violación de alguna regla según un marco normativo de referencia’’ (Malem Seña, 2014, p. 171)
y, en esa medida, puede presentarse en una amplia variedad de ámbi tos y contextos, si bien los esfuerzos
jurídicos —y mediáticos— diseñados para su contención se dirigen a la órbita de las instituciones públicas (Gilli,
2014, pp. 43-44).
Se torna, así, indispensable para la bandera anticorrupción el conocimiento detallado de las normatividades que
rigen la actividad del sector público, toda vez que ellas constituyen la frontera objetiva de la conducta corrupta
y delimitan los comportamientos que para el servidor público devienen inadmisibles por ser ajenos a sus precisas
facultades legales y reglamentarias —bien por omisión, ora por extralimitación (Const., 1991, art. 6°)—.
Descendiendo al ámbito educativo, las afectaciones de las conductas administrativas irregulares son palmarias:
la población atendida es objeto de especial protección constitucional y el recto funcionamiento del servicio exige
adecuados y suficientes recursos de todo tipo . Los administradores directos de tales bienes son los
establecimientos educativos que, en cuanto tal, tienen sobre ellos un gran margen de disposición material —
fáctica—. Su accionar a este respecto, tornándose antijurídico, da pie a potenciales afectaciones del derecho
humano a la educación en modalidad directa, esto es, como derivación inmediata de una cierta conducta
administrativa (Báez y Jonguitud, 2014, pp. 132-133). Se justifica de esta manera la pretensión de conocer el
ordenamiento vigente al respecto que, no obstante, carece de especial atención y dedicación investigativa.
De tal forma, con el fin de contribuir a la delimitación de las conductas antijurídicas en este ámbito, el presente
artículo quiere ofrecer un panorama normativo general de las facultades dadas constitucional, legislativa y
reglamentariamente a los establecimientos educativos oficiales y sus administradores —en tanto actores del
andamiaje educacional— en materia de disposición de los bienes fiscales puestos al servicio del sistema
educativo. Para tales efectos es necesario dilucidar el contexto jurídico referente a (i) las significancias
constitucionales del derecho a la educación, (ii ) el marco normativo de los establecimientos educativos —en lo
tocante a su naturaleza jurídica y capacidad contractual— y (iii) el régimen de los bienes fiscales, con especial
consideración de (iv) los caracteres principales de aquellos afectos al servicio educativo.
Los anteriores abordajes permiten estudiar concretamente (v) los al cances negociales que sobre sus bienes
poseen los establecimientos educativos, separadamente según se trate de actos de transferencia o mera
limitación del dominio. Así puede bosquejarse una tesis general para responder al objetivo planteado.
Se sigue una metodología investigativa de tipo documental determinada por el estudio de fuentes primarias. Así
pues, la Constitución Política, la legislación relevante en materia educativa y de bienes fiscales, el Código Civil y
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Asimismo, ciertas sentencias pertinentes
emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en particular por la Sección Tercera y la Sala de
Consulta y Servicio Civil. El abordaje comprende también fuentes secundarias —esto es, de tipo doctrinal—
relevantes en los campos del derecho civil y la contratación estatal.
Acercamiento a la educación en clave constitucional
Los diferentes instrumentos jurídicos contenidos en el bloque de constitucionalidad incluyen sendas menciones
de la educación. El artículo 67 superior la define como ‘‘un derecho de la persona y un servicio público que tiene
una función social’’ (inc. 1°). Tienen aquí origen, al decir de la Corte Constitucional (Sentencia C-418 de 2020),
tres entendimientos que se desarrollan someramente a continuación.
El carácter más estudiado y visible de la educación es el de un derecho fundamental. En cuanto tal, supone ciertas
prerrogativas ciudadanas con correlativas obligaciones estatales. A este respecto, la Constitución Política (art.
67) y el Protocolo de San Salvador (Organización de los Estados Americanos [OEA], 1988, art. 13) tienen algunos
puntos en común. Se plantea que la educación debe obedecer a valores como el pluralismo, el respeto por los
derechos humanos, la paz, la cultura democrática y el desarrollo personal y colectivo.
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