Los estándares y el control judicial de la Ley de Justicia y Paz
| Autor | Manuel Fernando Quinche Ramírez |
| Páginas | 200-303 |
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Hasta el momento, esta investigación ha trabajado cuatro unidades temáticas.
Inicialmente hizo la presentación básica del contenido de la expresión “estándar”
y de los usos judiciales de la misma, la que fue pareja con la presentación del
contenido genérico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Hecha
esa presentación introductoria, fue articulado un relato reconstructivo en cuatro
fases, del sistema de estándares dispuesto por la Corte Interamericana alrededor
de los derechos a verdad, justicia y reparación, desde una muestra de casos
fallados en contra de Honduras, Guatemala, Perú y Colombia. El objetivo de
la sección fue el de determinar los estándares vigentes, con los que ha de ser
evaluada en sus resultados la aplicación de la Ley 975 de 2005. Los capítulos
3 y 4 se ocuparon en concreto de la ley. El capítulo 3 reconstruyó la totalidad
de los proyectos que fueron radicados en el Congreso, mientras que el capítulo 4
hizo una presentación analítica y crítica de la ley finalmente aprobada.
Este capítulo 5 examina el control judicial de la ley hecho por la Corte
Constitucional, desde la perspectiva de los derechos de las víctimas dentro del
proceso penal. La tesis es que el control hecho por la Corte Constitucional sobre
la ley permitió ajustarla a los estándares fijados por la Corte Interamericana
para el año 2004, fecha de expedición de la sentencia del Caso de la Masacre
de Mapiripán contra Colombia, lo que eventualmente “blindaría” el proceso,
evitando que el Estado colombiano y sus actores puedan ser juzgados en el
futuro por cortes internacionales, por permitir altos niveles de impunidad de los
crímenes cometidos por los paramilitares, con la participación del ejército, de
propietarios y de empresarios colombianos. No obstante, tres aspectos parecen
problemáticos en el proceso:
a) Que los estándares con los que ha de ser evaluada la negociación no son
simplemente los construidos para el año 2004, sino que el proceso total
debe ser examinado desde los estándares construidos por la Corte durante
el perfeccionamiento de la negociación y el proferimiento de los fallos
internos, para el caso cuando menos, los ya referidos Almonacid Arellano,
La Cantuta y La Rochela.
b) Que los estándares y las reglas de la Corte Interamericana hayan sido eludi-
dos e incluso diluidos por medio de los numerosos, continuos y tendenciosos
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Manuel Fernando Quinche Ramírez
decretos reglamentarios que dicen ser expedidos para “desarrollar” las leyes
decretos es una maniobra permanente de la administración de usurpación
de materias con reserva de ley, de evasión del control constitucional y de
disolución real de la división de poderes, en la medida en que no tienen
control alguno (pues le corresponde al Consejo de Estado), hasta permitir
sanciones inanes o amplios márgenes de impunidad.
c) Que los juzgamientos concretos que se hagan finalmente a los paramilitares
y sus eventuales condenas, adolezcan de uno cualquiera de los siguientes
vicios:
normativos de condenas inanes o de impunidad.
Consideradas las tres anteriores advertencias, tan solo evaluables al
finalizar la totalidad del proceso de negociación, presento los temas de este
capítulo. En primer lugar, hay una presentación de los derechos de las víctimas
en el proceso penal en Colombia, para evidenciar que el nuevo Código de
2005) fueron diseñadas con el malintencionado objetivo de enunciar toda clase
de derechos a las víctimas, sin ningún mecanismo procesal de efectividad (lo
que es incluso peor que no dar nada). Como de lo que se trata es de examinar
la fase constitucional de la negociación, en segundo término hay una presen-
tación general del control constitucional que realiza la Corte Constitucional en
Colombia, deteniéndose en el tema de las sentencias moduladas (especialmente
las condicionadas y las integradoras) que fueron justamente las utilizadas
tercer momento se hace una reseña general de los fallos de constitucionalidad
proferidos por la Corte alrededor de la Ley 975 de 2005, privilegiando allí los
más relevantes. La sección cuatro es analítica y gira alrededor de la sentencia
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