Los estándares de la Corte Interamericana sobre los derechos de las víctimas
| Autor | Manuel Fernando Quinche Ramírez |
| Páginas | 40-128 |
Capítulo II
Los estándares de la Corte
Interamericana sobre los derechos
de las víctimas
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El contexto de los sucesos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y el interés
de los vencedores, dio lugar al derecho internacional de los derechos humanos
y, posteriormente, a la noción de “sistema de protección”. Este derecho
en sentido estricto, está conformado por los tratados de derechos humanos
firmados por los Estados en el marco de la Organización de las Naciones
Unidas (sistema universal) o de sistemas regionales como la Organización
de Estados Americanos. Los tratados de derechos humanos obligan a todos
los Estados que los han ratificado a respetar, proteger y garantizar estos
derechos. Cada tratado indica cuál es el órgano encargado de verificar su
cumplimiento.29
En caso de infracción, se establece un procedimiento para obtener la
condena del transgresor.
Bajo el sugerido concepto de protección internacional de los derechos
humanos se articula la construcción de los sistemas de protección de esos
derechos: del Sistema Universal de Protección, articulado dentro del marco de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU); de los sistemas regionales de
protección, dispuestos desde tres ámbitos geográficos: el Sistema Interamericano
de Protección, construido en el marco de la Organización de Estados Americanos
(OEA); el Sistema Europeo de Protección, construido bajo el marco del Consejo
de Europa; y el Sistema Africano de Protección, en construcción, bajo el marco
de la Organización de la Unidad Africana.
Se denomina Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos al conjunto de tratados internacionales y de organismos e instituciones
internacionales, articulados dentro del marco de la Organización de Estados
Americanos (OEA), destinados a la protección de los derechos humanos en la
región. Los principales instrumentos internacionales que conforman el sistema y
sus órganos, de conformidad con las descripciones de Botero y Guzmán, son:30
29 Botero, Catalina y Guzmán, Diana. El sistema de los derechos. Bogotá, DeJuSticia, 2007,
p. 21.
30 A continuación se reseñan los principales tratados que conforman el sistema, desde la enun-
ciación contenida en Botero y Guzmán, ibíd., pp. 55 a 62.
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Manuel Fernando Quinche Ramírez
Convención Americana sobre Derechos Humanos. También llamada
“Pacto de San José”, suscrita dentro del marco de la Conferencia Especiali-
zada sobre Derechos Humanos, celebrada en San José de Costa Rica entre
el 7 y el 22 de noviembre de 1969. Este instrumento fue aprobado por
Colombia mediante la Ley 16 de 1972, siendo ratificado el 31 de julio de
1973. Entrada en vigor el 18 de julio de 1978.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
También denominado “Protocolo de San Salvador”, adoptado por la Asam-
blea General de la Organización de Estados Americanos en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988. Este instrumento fue aprobado por Colombia
mediante la Ley 319 de 1996, con control de constitucionalidad realizado
por la sentencia C-251 de 1997,31 siendo ratificado el día de diciembre de
1997. Entrada en vigor el 16 de noviembre de 1999.
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados America-
nos en Cartagena de Indias, el 17 de diciembre de 1985. Este instrumento
fue aprobado por Colombia mediante la Ley 409 de 1997, con control
ratificada el 19 de enero de 1999. Entrada en vigor para Colombia el 18
de febrero de 1999.
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. Este instrumento
ratificada el 12 de abril de 2005. Entrada en vigor para Colombia el 12 de
mayo de 2005.
31 Corte Constitucional, sentencia C-251 de 1997, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
32 Corte Constitucional, sentencia C-351 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz.
33 Corte Constitucional, sentencia C-580 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
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