Excurso: la noción de Estado
| Autor | Raul Zelik |
| Cargo del Autor | Escritor, periodista y politólogo alemán |
| Páginas | 149-183 |
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5. EXCURSO: LA NOCIÓN DE ESTADO
5.1. dEfinición y constitución histórica dEl Estado
Probablemente la definición de Estado más conocida proviene de Max Weber
(2002: capítulo 9, “Sociología del Estado”), quien lo planteó en términos de una
combinación coherente del derecho racional, un funcionariado especializado,
un aparato administrativo y un monopolio territorial del uso de la violencia.
Weber afirma categóricamente:
Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territo-
rio —el “territorio” es esencial a la definición— reclama para sí (con éxito) el mo-
nopolio de la coacción física legítima. Porque lo específico de la actualidad es que
a las demás asociaciones o personas individuales solo se les concede el derecho de
la coacción física en la medida en que el Estado lo permite. Este se considera, pues,
como fuente única del “derecho a la violencia” (Weber 2002: 1056).
Para ser funcional, esta violencia tiene que apoyarse en un tipo de legiti-
midad1 que normalmente se nutre de tres fuentes: de relaciones tradicionales,
carismáticas o legales (Weber 2002: 170-241). El primer tipo de relaciones se
fundamenta en la autoridad de la tradición, “tal como la han ejercido el pa-
1 Las reflexiones de Weber sobre la legitimidad del poder evidencian similitudes interesantes
con el concepto de hegemonía de Gramsci (1985) y la noción de gubernamentalidad de Fou-
cault (2006 y 2009). Los tres autores coinciden en abordar el problema de la participación
de los súbditos en la creación de relaciones de poder y de las técnicas gubernamentales que
ponen en marcha la ‘producción’ de legitimidad, hegemonía o poder desde abajo.
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Raul Zelik
triarca y el príncipe patrimonial de todos los tipos” (Weber 2002: 1057). La
segunda fuente de legitimidad es el carisma de un líder, como en el caso de un
profeta, un militar elegido, un gobernante plebiscitado, un gran demagogo o
también un líder de un partido político. La tercera fuente es la legalidad, es
decir, aquella que se da “en virtud de la creencia en la validez de un estamento
legal y de la ‘competencia’ objetiva fundada en reglas racionalmente creadas”
(ibíd.). En síntesis, según Weber, la existencia de un aparato administrativo
que opere de modo previsible de acuerdo con determinadas normas, así co-
mo la existencia del derecho y de formas políticas de mediación, además de
caracterizar al Estado moderno, son requisitos de su legitimidad.
Si se analiza el caso colombiano usando estos criterios se obtienen resulta-
dos sumamente contradictorios. Actores armados no estatales han establecido
monopolios regionales del uso de la fuerza a nivel regional, que generalmen-
te tienen más reconocimiento y legitimación por parte de la población que
el mismo Estado central. En este sentido, se podría hablar de estatalidades
paralelas o de protoestados. En los barrios pobres de Medellín, por ejemplo,
las milicias de la guerrilla asumieron funciones policiales y jurídicas en los no-
venta, porque las instituciones estatales no garantizaban ningún orden fiable
y más o menos justo (cf. Téllez Ardila 1995, y estancia propia en Medellín en
1992). Pero también el orden autoritario del paramilitarismo desarrolló una
estatalidad paralela, por ejemplo, al negarle al aparato de Justicia la entrada a
ciertas regiones. Es llamativo que en su búsqueda de establecer el monopolio
de la fuerza, el Estado ha terminado socavando, en muchos casos, la propia
legitimidad estatal y, con ello, ha bloqueado el desarrollo del Estado. Por lo
general, el Ejército y la Policía son intransigentes y agresivos frente a la po-
blación que tiende a ser reacia al statu quo político y socioeconómico. Este
tipo de comportamientos ha lesionado la legitimidad del Estado. Además, la
ampliación de las funciones del Ejecutivo en el marco de las diferentes políti-
cas de seguridad nacional les facilita a los funcionarios estatales aprovechar su
posición para lograr beneficios personales. En algunas zonas esto llevó a que la
paraestatalidad de la guerrilla pareciera más funcional que el mismo Estado,
provocando en este una reacción represiva todavía más fuerte.
La discusión de los tipos de legitimidad política también resulta descon-
certante. En Colombia se puede observar la convivencia de las tres formas de
legitimidad planteadas por Weber: la racional, la tradicional y la carismática. No
obstante, ellas no conforman una estructura estable. Si bien existen aparatos
jurídicos y administrativos organizados según los criterios de Weber (2002:
176) —racionalidad, jerarquía de cargos, división de competencias, cualifi-
caciones especializadas, etc.—, en la práctica estos aparatos a menudo son
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Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia
instrumentalizados por intereses clientelistas que impiden el ejercicio normal
de sus funciones reguladoras. Debido a esta configuración limitada de la es-
tatalidad, la sujeción tradicional de la población por parte de los dos grandes
partidos —liberal y conservador— jugó un papel clave en la estabilización de
las relaciones de poder durante dos siglos2. Igual que en muchos otros países
latinoamericanos, a partir de los años ochenta, los vínculos tradicionales que
unían a una parte de la población con los partidos hegemónicos empezaron
a disolverse, entre otras cosas, por las contradicciones sociales, que eran más
fuertes que los lazos partidistas, pero también porque la lógica clientelista
del sistema quedó cada vez más en evidencia. Otra razón fue la intercambia-
bilidad de los dos partidos, pues no existían diferencias programáticas reales
entre ellos. A diferencia de Venezuela, Bolivia y Ecuador donde las “crisis de
representación” (cf. Colectivo Situaciones 2007, Zelik 2006a) llevaron al co-
lapso de los sistemas políticos, permitiendo la formación de nuevos bloques
hegemónicos, el establecimiento colombiano logró poner en marcha durante
los años noventa una transformación controlada del sistema político, primero
a través de la Constituyente y luego mediante la reconfiguración del escenario
político, impulsada por Uribe. La Constituyente de 1991 permitió oxigenar el
sistema político-jurídico, combinando avances en derechos ciudadanos con
políticas neoliberales de desestatización. El uribismo, como segundo elemen-
to de recomposición del poder tradicional, logró reagrupar a las corrientes
mayoritarias de los partidos Liberal y Conservador. En efecto, el uribismo
supo deshacerse de la imagen negativa del bipartidismo tradicional sin tener
que abandonar los fundamentos regionales de poder de la clase política, para
enfrentarse a una izquierda “moderna” —es decir, que no busca un cambio
de sistema— más débil3.
Los vínculos políticos tradicionales, sin embargo, han perdurado aun des-
pués de esta reconfiguración del sistema partidista, en la medida en que siguen
existiendo caciques regionales, cuyo poder político es heredado casi como una
propiedad feudal —y esto no solamente en las zonas periféricas sino también
en el centro del país. Muchos de estos caciques (que son simultáneamente
expresión, consecuencia y causa de la fragmentación continuada del Estado
2 También en el sentido inverso existe una relación causal. Los fuertes vínculos partidistas
impidieron la creación de una estatalidad moderna “independiente”.
3 Este reagrupamiento, visto con beneplácito por asesores internacionales, está pasando por
dificultades. La derecha gobernante no ha podido formar hasta hoy un partido común y,
además, el futuro de la alianza de centro-izquierda Polo Democrático Alternativo no está
claro.
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