La existencia de una brecha de implementación de los derechos territoriales indígenas en Colombia
| Autor | Juan Pablo Muñoz Onofre |
| Páginas | 207-212 |
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Una apreciación que permite la exposición de las disputas en torno al reconocimiento y la eficacia de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios en el marco de las normas, las políticas y los jueces consiste en afirmar como evidente el hecho de que la aprobación de la Constitución Política de 1991 es uno de los acontecimientos normativos más representativos dentro el capítulo nacional de la irrupción política vivida por los pueblos indígenas durante la segunda mitad del siglo xx, tanto en el ámbito del derecho internacional, como en el de varias de las legislaciones latinoamericanas.310
Ello fue, como se vio, un hecho coyuntural en las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado colombiano pues, a la luz de la inclusión de los primeros en este nuevo pacto democrático, fue reconocida, cuando menos formalmente, la diversidad étnica y cultural como un principio del Estado. Así, en cuanto a las normas se refería, de los discursos tutelares e integracionistas se había pasado al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.
A partir de la aprobación de este nuevo ordenamiento constitucional que se articula con los instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas y ambiente aprobados en los mismos años, al tiempo que se abrió para los pueblos indígenas la posibilidad de tener una mayor visibilidad política y presencia institucional en varios ámbitos del Estado, se produjo –y esta podría ser una segunda apreciación– una transformación en los términos en que serían en adelante planteados los conflictos territoriales entre estos pueblos, el Estado y la sociedad mayoritaria. Así, junto a las aún irresueltas exigencias
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de titulación, ampliación y saneamiento de tierras de resguardo, se abrieron paso nuevas demandas enfocadas en la autonomía y la descentralización, en la participación en las decisiones que afecten sus territorios, así como en la protección del ambiente y los recursos naturales; todas ellas respaldadas en derechos y principios constitucionalmente reconocidos.
Esta transformación en las demandas indígenas territoriales y en los conflictos que suscitan su atención por parte del Estado se refleja también en las nuevas instancias institucionales y órbitas normativas en las que, con posterioridad a 1991, se ha jugado la materialización de tales derechos. Así, el análisis realizado permite ver cómo la satisfacción de los derechos territoriales indígenas se ha visto muchas veces obstaculizada por cuenta, no solo de un inadecuado o inexistente desarrollo legislativo y reglamentario en cada una de las materias que lo componen, sino también, y esto se quiere destacar, a causa de su reiterativo desconocimiento por la acción y omisión de las diferentes autoridades administrativas, cuyo rol, como se ha visto, es prevalente en cada una de las cuatro dimensiones de los derechos territoriales indígenas analizadas a lo largo de este trabajo.
De esta manera, de las pugnas por los reconocimientos políticos y constitucionales de los derechos territoriales de los pueblos indígenas se pasó en el año 1991 a otras centradas en dar a estos plena eficacia. Los obstáculos legislativos y administrativos señalados, junto con los derivados de la existencia de un conflicto armado interno, han terminado por contraponer el...
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