Ejecución extrajudicial
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34 CONSEJO DE ESTADO
Acto administrativo demandado
No es necesario que esté autenticado, dado que la copia que del mismo reposa en los antecedentes
administrativos se reputa auténtica y, si hay dudas, se puede cotejar con la aportada con la demanda
juez le ponga de presente al deman-
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da a corregirlos y así se per mita el
nacimiento válido del proceso. Se
trata pues, de subsana r las formali-
dades de la demanda, i nstrumento
básico y formal para iniciar u n pro-
ceso válidamente. En el presente
demandante no aport ó copia autén-
tica con la constancia de publicación
del acto demandado y no dijo, al
momento de presentar la demanda ,
la constancia de la publicación para
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sión, el juez de instancia solicitara
la copia del acto. Sin embargo, en
a quo le otorgó al
demandante para subsa nar aportó
las pruebas de las solicitudes pre -
sentadas al municipio en busca de
la copia de ese acto y manifestó no
haber podido consegui rla. Así, para
la Sala, el demandante subsanó la
demanda dentro del tér mino otor-
esto es, manifestó la imposibilid ad
de aportar copia auténtica del acto
demandado y de la respect iva cons-
del acto, en los términos del pará -
grafo 4º del artículo 139 del Códi-
go Contencioso Administrat ivo.
Además, para la Sala, no es nece-
se solicitan los antecedentes adm i-
nistrativos a la parte d emandada,
la copia allegada con la demanda
reputa auténtica y se podr ía cote-
si hubiera dudas. (Cfr. Consejo de
Estado, Sección Cua rta de lo Conten-
Fernando Bastida s Bárcenas).
Actos disciplinarios sancionatorios
Proferidos por la Procuraduría General de la Nación. Suspensión provisional
Como sustento de la decisión el despacho señala, entre ot ras muchas
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de dichas medidas no está condicionad a a la admisión de la demanda y/o
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231 del , motivo por la cual, no con stituye impedimento proce sal el
recurso de reposición inter puesto por la Procuraduría General de la Nación
contra dicha decisión, para entr ar a decidir la suspensión provisional de
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sión administr ativa proferida por el señor Presidente de la República en
medida cautelar en el presente recae sobre los actos a dministr ativos san-
cionatorios, esto es, los actos expedidos por la Pro curaduría Gene ral de la
Nación mediante los cuales se declaró responsable disciplina riamente al
señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de Alcalde Mayor
de Bogotá, por la realización de tres falt as disciplinarias gravísimas. Estos
actos admin istrativos gozan de la presunción de legalidad, y de los atributos
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namente vigentes y la medida cautelar de la suspe nsión es procedente para,
esas decisiones admin istrativas proferidas por la Procu raduría Gener al de
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e inhabilidad al Alcalde Mayor de Bogotá con la norma s invocadas como
violadas, se determi nó la vulneración al debido proceso al no atender la s
reglas de competencia direct a del Procurador General de la Nación en su
Mayor de Bogotá, en el acto sancionatorio proferido por la Procurad uría
General de la Nación, se le imputó la comisión de faltas disciplina rias a
título de dolo y culpa gravísima. En cr iterio del Despacho, no se encuentra
intención de desconocer sus deberes f uncionales y transgred ir el ordena-
Esta circunsta ncia vulnera el debido proceso ad ministrativo por descono -
cimiento del principio de proporcionalidad de la sanción. (Cfr. Consejo de
Monsalve).
Decreto de medidas cautelares
No está sujeto a la existencia previa del auto admisorio de la demanda
Según el apoderado del Min isterio de Hacienda y C.P, se decretó la sus-
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rio no “exista”
medida es irreg ular, en tanto la demanda se ad mitió el 28 de marzo de
-
“En
de la demanda o en cualquier e stado del proceso, a petición de parte
debidamente sustentada , podrá el juez o magistrado ponente decretar, en
providencia motivada, la s medidas cautelares que consid ere necesarias
para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proc eso y la
efectividad de la sentencia de ac uerdo con lo regulado en el presente
ca pít ulo” .
las facultades del juez está la de decret ar las medidas cautelares a ntes de
mismo texto lo indica, gara ntizar la efectividad de la se ntencia y proteger
la norma, razón por la cu al no prospera como cargo del recurso de súpli-
ca.
Ejecución extrajudicial
Responsabilidad del Estado
En un reciente pronunciamiento, la Sala Plena de esta Sección consi-
pública y su posterior presentación ante las autor idades y ante la sociedad
como supuestos subversivos caídos en combate o asesinados por otros gr u-
pos armados al marge n de la ley, constituye una modalida d especialmente
seriamente la responsabilid ad del Estado. Para la Sala no cabe duda de
extrajudicial y, con ello, una abierta violación del derecho a la vida, además
de una infra cción grave de las normas del derecho inte rnacional humani-
tario. La Sala declara la responsabil idad administ rativa y patrimonial de
la entidad demandad a al encontrar acreditado, a part ir de testimonios y de
una conducta ir regular del Ejército Nacional constitutiva de una verdadera
-
tieron y ejecutaron al mencionado ciudada no, y trataron de exonerarse
de responsabilidad al present arlo como guerrillero a sesinado por grup os
armados ilegales. Por tanto, se impone la revocator ia de la sentencia de
(Cfr. C on-
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