Los fondos para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia - Núm. 61, Julio 2021 - Revista Estudios Políticos - Libros y Revistas - VLEX 870025032

Los fondos para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia

AutorGermán Darío Valencia Agudelo - Fredy Alexánder Chaverra Colorado
CargoDirector revista Estudios Políticos. Economista - Politólogo. Grupo Hegemonía, guerras y conflictos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA

El punto cinco del Acuerdo Final, relativo al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición (Gobierno Nacional y FARC–EP, 2016), se ha convertido en uno de los temas más importantes en la fase del posconflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP). En este componente, los actores que antes se enfrentaban en la guerra se comprometieron con las víctimas a darles prioridad y mejorar sus condiciones de vida, como un derecho que tienen las víctimas a recibir de sus victimarios una compensación por los daños y pérdidas causados por el conflicto armado que protagonizaron.

A su vez, dentro de este gran tema relacionado con la justicia transicional, el aspecto que más polémicas ha causado es el de la reparación. Para unos, por ejemplo, la reparación debe ser «integral» (González, 2010; De Greiff, 2011; Zernova, 2007) y proponen el restablecimiento del statu quo de las víctimas, el cual consiste en dejarlas en una situación similar a la condición previa al momento en que ocurrieron los hechos de victimización, sobretodo, en asuntos de empleabilidad y propiedad. La propuesta es que en la restitución se «compense» o «indemnice» a la población victimizada con los bienes perdidos a raíz del conflicto.

Otros van más allá, proponen una reparación «transformativa» (Uprimny y Saffon, 2009). Además de exigir la restitución de derechos económicos, como ingresos y empleo, se enfocan en proponer mejoras en las condiciones de las víctimas, en términos sociales —educación, salud e inclusión— y personales —psicológicos—, independientemente de la situación inicial en que se encontraban (De Greiff, 2010; Uprimny y Saffon, 2009). De allí que incorporan en sus demandas tanto la dimensión económica —física o material— como la simbólica, política y social o colectiva, lo cual tiene que ver con el restablecimiento público de la dignidad de las víctimas y la garantía de no repetición. Es una propuesta que busca transformar a los sujetos y comunidades, que los lleve a una plena ciudadanía, con un acceso a todos sus derechos (Uprimny y Saffon, 2009).

Las posturas sobre la reparación de las víctimas son variadas, enfatizan en lo económico, en lo psicológico y lo simbólico o cultural, proponen «una ayuda material, una asistencia psicológica y medidas simbólicas» (Reátegui, 2011, p. 53). Reparación necesaria, primero, por la necesidad que tienen las víctimas del conflicto de ser ayudadas, debido a su situación de pobreza, falta de educación y precarias condiciones de vida (Kiza y Rettberg, 2008, p. 71); segundo, por la urgencia que tienen las personas y comunidades de superar el trauma individual y social dejado por la guerra, y fortalecer la dignidad humana; y tercero, debido al derecho que tienen las víctimas a que los victimarios se responsabilicen de sus acciones en medio de la guerra y que la justicia vaya más allá de una condena o sanción al victimario.

En todo caso, cualquiera sea el enfoque —económico o social, individual o colectivo, material o simbólico, integral o transformativo—, se requiere contar con recursos y organizaciones que atiendan el posconflicto y se ocupen de las labores que hagan posible la reparación (González, 2010, p. 631). En este texto nos ocuparemos de presentar y discutir uno de los temas que mayor controversia han generado en el posconflicto colombiano, se trata de los bienes que los actores desmovilizados han entregado al Estado para construir los fondos para financiar la reparación de las víctimas del conflicto armado.

La evolución normativa de la reparación

Colombia ha vivido un largo conflicto armado (Vargas, 2002), sin embargo, solo hasta la última década del siglo XX la legislación colombiana reconoció el derecho que tienen las víctimas a una reparación por los daños físicos, mentales, financieros y jurídicos causados por el conflicto. En los últimos veinticinco años el país ha evolucionado de forma constante en los derechos multidisciplinarios que tiene la población que ha sufrido los horrores de la guerra. Esta evolución normativa se puede apreciar a partir de cuatro hitos: el primero ocurrió en 1997 con la Ley 418; el segundo se dio con la Ley 975 de 2005 y, con ella, el Decreto 1290 de 2008; el tercero con la Ley 1448 de 2011; y finalmente, en 2018 con la Ley 1922.

A pesar de que Colombia tiene un largo conflicto armado y que cuenta con una significativa población afectada por este, solo a partir de la década de 1990 se consideró el derecho que tienen las víctimas a la reparación. Esta situación obedece a tres motivos: primero, durante este periodo se produjo la desmovilización de varias guerrillas y con ello la discusión sobre los deberes que tienen frente a los daños causados (Valencia, 2019); segundo, las reglas de juego cambian con el rediseño institucional que se creó con Constitución Política de 1991 y que entregó a la población nuevos derechos, entre ellos, la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos fundamentales a las víctimas del conflicto, el cual puede exigirse a través de varios mecanismos, entre ellos, la acción de tutela; y tercero, los cambios de normas en el derecho internacional asociado a la guerra y con ella el acogimiento de Colombia a esta nueva normatividad internacional.

En este contexto de transformación normativa y de la realidad política es que surge el primer hito normativo de reconocimiento de las víctimas y su derecho a la reparación. Fue el gobierno de Ernesto Samper (1994–1998) el que adaptó la normatividad nacional en este nuevo escenario, atendiendo a la población afectada por el conflicto armado. Reconocimiento que quedó establecido con la Ley 418 de 1997, en la cual se elaboró un esquema de montos estandarizados para la reparación de las víctimas de delitos cometidos por grupos alzados en armas al margen de la ley —montos entregados de acuerdo a la tipología de las víctimas: desplazado, asesinato de un familiar, destrucción de la propiedad, entre otros—. En esta lógica, el Estado se comprometió a reparar económicamente a la población que ha sufrido las consecuencias nefastas de la guerra y a entregarle una indemnización monetaria a las víctimas.

Este modelo de monetización de la reparación fue revisado ocho años después, durante el doble gobierno de Álvaro Uribe (2002–2010) y en el entorno de las desmovilizaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006. La intensificación de la guerra durante este periodo provocó el aumento exponencial de las víctimas del conflicto (Grupo de Memoria Histórica, 2013) y debido a la presión de las organizaciones de víctimas, de la comunidad internacional y de las altas cortes se presentó un debate sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La Ley 975 de 2005, conocida también como la Ley de Justicia y Paz, avanzó en este camino, pero debido a las dificultades en la materialización de la reparación y a las críticas de la Corte Constitucional se expidió el Decreto 1290 de 2008, con el que se construyó un modelo de reparación que superó la idea original de simple...

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