Entre la fragmentariedad y el entrelazamiento: una agenda para la investigación de la propiedad pública a partir de la distinción entre subsuelo y suelo
| Autor | María Carolina Olarte-Olarte |
| Páginas | 95-130 |
95
CAPÍTULO 4
ENTRE LA FRAGMENTARIEDAD Y EL
ENTRELAZAMIENTO: UNA AGENDA PARA LA
INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA A
PARTIR DE LA DISTINCIÓN ENTRE SUBSUELO Y SUELO*
María Carolina Olarte-Olarte**
La distinción entre el suelo y el subsuelo ha jugado un papel definitivo en la dis-
tribución de derechos y del acceso a recursos. Los conflictos entre los usuarios de
la tierra y el Estado1 asociados a esta distinción, y en particular el traslape sis-
temático de los derechos a la tierra, el suelo y los recursos naturales en forma de
concesiones, han sido incluso calificados como un fenómeno global2. Este trasla-
pe está relacionado con la complejidad de la seguridad en la tenencia de la tierra
en áreas ricas en recursos naturales debido a que múltiples personas pueden lle-
gar a tener reclamos o demandas legítimas sobre una misma área del suelo. Pero
en el escenario actual de la crisis climática y del carácter irreversible que ciertas
intervenciones al territorio pueden tener, la discusión sobre la explotación del
subsuelo va más allá de los conflictos de propiedad, al tiempo que interpela el rol
del derecho de propiedad mismo en la configuración de una respuesta urgente a
esas situaciones.
Este artículo explora algunos de los lentes a través de los cuales el derecho
ha configurado y difundido, pero también asumido, una clara distinción entre
el suelo y el subsuelo. Desde esta perspectiva busca ofrecer una aproximación
* Para citar este capítulo: http://dx.doi.org/10.15425/2017.398
** Muchas gracias a Ángela María Sánchez por su asistencia de investigación durante la elaboración de
este capítulo.
1 Julio Postigo, Mariana Montoya y Kenneth Young, “Natural resources in the Subsoil and Social
Conflicts on the surface: perspectives on Perú’s surface Political Ecology”, en Subterranean Struggles:
New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America, editado por Anthony Bebbington y Jeffrey
Bury (Austin: University of Texas Press, 2013), 223.
2 James Mitchell, “The systematic overlaying of rights to land and natural resources - a global phe-
nomenon, a global challenge”, en
GPA
20Plus20: Reflections on Urban Development, compilado por
Geoffrey Payne (Londres: , 2018).
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diferente a la teoría y ejercicio de la propiedad pública del subsuelo mediante el
examen crítico de un supuesto que con frecuencia subyace a las decisiones sobre
exploración y explotación del subsuelo, a saber, la posibilidad material de frag-
mentar nítidamente el territorio. La fuerza del derecho consiste aquí, entonces,
en que habilita dicha suposición, y no ya la posibilidad misma. Con esto, argu-
mentaré, moviliza una comprensión del suelo, la capa vegetal y el subsuelo como
espacios independientes el uno del otro. Así, por ejemplo, ante eventos en los
que demandas sobre la afectación del suelo y el agua, como consecuencia de ex-
plotaciones mineras del subsuelo, se traslapan con demandas que exigen la pro-
tección de los títulos de explotación, tal supuesto ha servido de sustento para
posicionar la explotación del subsuelo como elemento definitorio del mandato
constitucional para el ejercicio de la propiedad pública. Se trata, entonces, de una
suposición con profundos efectos materiales que paradójicamente convive con el
reconocimiento jurídico de que las intervenciones al subsuelo implican afectacio-
nes al suelo.
Ahora, si bien la distinción constituye un parámetro constitucional y le-
gal para la asignación de derechos, no contamos con alternativas claras que nos
permitan una aproximación capaz de responder a la innegable interconexión,
interdependencia e integralidad del territorio, la capa vegetal y lo que a esta
subyace. A pesar de que la jurisprudencia ha advertido en años recientes que las
intervenciones en el subsuelo necesariamente implican cambios para el suelo y,
consecuentemente, para la disponibilidad de uso de este último, la escala espa-
cio-temporal de las implicaciones socioambientales de la distinción jurídica exi-
ge análisis urgentes y más profundos. Concretamente, este capítulo examina una
serie de decisiones de la Corte Constitucional acerca de la participación local y de
la competencia de los municipios y las comunidades locales respecto de las po-
sibles implicaciones socioambientales de las decisiones sobre el subsuelo (C-123
estos avances jurisprudenciales son apenas un tímido reconocimiento de una in-
terrelación y una apelación ambigua, por decir lo menos, a la concertación entre
entidades territoriales y del orden nacional, contribuyeron significativamente al
debate. En contraste, una decisión de la Corte Constitucional (SU-095 del 2018)
modificó el mencionado reconocimiento y restringió aún más la apelación am-
bigua a la concertación. Mientras que para las primeras decisiones la explotación
económica no es una característica ineludible del ejercicio de la propiedad y co-
existe con una noción densa de protección del ambiente y la participación local;
la SU-095, argumentaré, hace equivaler el interés general con una comprensión
económica de corto plazo de la gestión del subsuelo y los recursos naturales no
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renovables. Esta lectura modifica el contenido del mandato constitucional para
el ejercicio de la propiedad pública, porque hace equivaler el interés general con
criterios economicistas en función de una compresión particular de desarrollo y
de corto plazo en la gestión del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.
Este artículo interpela la reconfiguración jurídica del subsuelo en esta deci-
sión con una propuesta de agenda de investigación para repensar la distinción
y sus alcances desde el derecho a partir de algunas preguntas y claves de análi-
sis que ofrecen laecología política, la geografía jurídicay losestudios de la ciencia y
la tecnología. Mientras que la decisión de la Corte enmarca las discusiones sobre
el alcance de las consultas populares locales en las decisiones de explotación del
subsuelo en una lectura reductiva de la propiedad de este en cabeza del Estado,
las contribuciones de los tres espacios de investigación mencionados convergen
en hacer evidente el carácter irreductible de las relaciones de interdependencia e
interconexidad entre lo que el derecho denomina suelo y subsuelo. Las preguntas
que abren y articulan están cuestionando una lectura reductiva de la propiedad
pública. En este marco, el artículo invita a tender puentes transdisciplinarios
que permitan problematizar la asumida independencia entre uno y otro, y, en
esta línea, ofrecer herramientas para dar cuenta de la experiencia y defensa de los
territorios que activen una labor de traducción orientada a modificar los lentes
jurídicos empleados para adoptar decisiones sobre estos espacios.
La primera parte del artículo examina el reconocimiento explícito en la juris-
prudencia constitucional de la interacción entre el suelo y el subsuelo, así como
sus limitaciones. A continuación sostiene que la decisión SU-095, con ocasión
de los debates sobre el alcance de la autonomía territorial y las consultas popu-
lares locales, se alejó de dicho reconocimiento y reconfiguró el mandato consti-
tucional para el ejercicio de la propiedad pública del subsuelo. Aquí, el artículo
resalta el rol que jugaron los supuestos espaciales en la representación jurídica
del territorio. Esa representación, argumentaré, está al servicio de una equiva-
lencia del interés general con criterios economicistas que privilegian un tipo de
desarrollo económico a expensas de las discusiones democráticas sobre el susten-
to constitucional del ejercicio de la propiedad pública. En contraste, la segunda
parte introduce algunos de los cuestionamientos que diversas aproximaciones
transdisciplinarias ofrecen para el estudio de la distinción entre suelo y subsue-
lo. Específicamente busca dos objetivos. Primero, visibilizar el carácter interre-
lacionado y entrelazado de los elementos biofísicos del suelo y el subsuelo pero
también de estos con los modos de vida, economías y experiencias del lugar de
quienes habitan la superficie. Segundo, a partir de lo anterior, resaltar el papel
que la distinción jurídica puede tener en la invisibilización de formas de despojo
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