Gaceta del Congreso del 08-02-2007 - Número 32PL (Contenido completo)
| Fecha de publicación | 08 Febrero 2007 |
| Número de Gaceta | 32 |
GACETA DEL CONGRESO 32 Jueves 8 de febrero de 2007 Página 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co
SENADO Y CAMARA
AÑO XVI - Nº 32 Bogotá, D. C., jueves 8 de febrero de 2007 EDICION DE 288 PAGINAS
DIRECTORES:
REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO
ANGELINO LIZCANO RIVERA
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA
www.camara.gov.co
EMILIO RAMON OTERO DAJUD
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co
P R O Y E C T O S D E L E Y
G a c e t a d e l c o n G r e s o
I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E
S
PROYECTO DE LEY NUMERO 201 DE 2007 CAMARA
por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones
“Estado Comunitario Desarrollo Para Todos” 2006 – 2010.
El Congreso de Colombia
DECRETA
T I T U L O I
PARTE GENERAL
Artículo 1°. Objetivos del Plan de Desarrollo. A partir de los lo-
gros obtenidos durante el período 2002 – 2006 en seguridad, conanza,
desarrollo económico y equidad social, el plan nacional de desarrollo
2006 – 2010 tendrá como orientación básica consolidar y continuar las
directrices del plan 2002 – 2006 pero con particular énfasis y prioridad
en dos objetivos fundamentales: Mantener el crecimiento económico
alcanzado recientemente y complementarlo con una noción más amplia
de desarrollo.
Esa noción más amplia reconoce que, si bien el crecimiento econó-
mico es necesario, este por sí solo no es suciente y debe tener como
contexto sólidas políticas sociales y de seguridad democrática, en las
cuales obren como criterios relevantes y decisivos la equidad, la reduc-
ción de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y la descentralización.
Sobre esas bases, la acción estatal se dirigirá a los siguientes objeti-
vos esenciales, a saber:
a) Un Estado comunitario: desarrollo para todos que promueva el
bien común, tenga presente que la actividad pública sólo se concibe en
benecio de los gobernados, auspicie y permita la participación ciuda-
dana en las decisiones públicas y en su ejecución y control, garantice
eciencia, equidad y transparencia en las acciones ociales y facilite el
acceso a la información en aras de difundir un entorno de conanza y
una conciencia clara sobre las posibilidades y limitaciones institucio-
nales;
b) Una Política de defensa y seguridad democrática que compren-
da acciones y estrategias dirigidas a garantizar el control del territorio,
combatir frontalmente las drogas y el crimen organizado, garantizar
la seguridad ciudadana, solucionar el agelo del desplazamiento de la
población, proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos,
procurar la reconciliación, vincular a los entes territoriales en el marco
de una estrategia global y diseñar y promover un modelo de desarrollo
y paz;
c) Una Política de promoción de reducción de la pobreza y promo-
ción del empleo y la equidad que conduzca a soluciones ecaces contra
la pobreza y la vulnerabilidad, el desempleo, las deciencias de co-
bertura y calidad en la seguridad social, las deciencias de cobertura y
calidad de la educación, la imposibilidad de acceso de los marginados a
los servicios nancieros, las asimetrías e insuciencias en el desarrollo
urbano, las limitaciones en el acceso a la vivienda propia, las limitacio-
nes en los servicios y suministros de agua potable, energía y transporte,
las limitaciones de la población marginada acceso a la informática y el
agelo de los altos niveles de pobreza rural;
d) Una política encaminada al crecimiento económico alto y sos-
tenido: la condición para un desarrollo con equidad, como condición
indispensable para un desarrollo equitativo, con criterios enmarcados
dentro de la Agenda Interna: desarrollo empresarial, innovación y
desarrollo tecnológico; formación de capital físico con énfasis en el
transporte, abastecimiento energético y tecnologías de comunicación;
formación de capital humano; y mejora en la competitividad del sector
agropecuario; y un marco de instituciones y políticas que sea propicio
para el crecimiento;
e) Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo
sostenible, sustentado en la articulación adecuada de las dimensiones
económica, social y ambiental. Así mismo, una gestión de riesgo orien-
tada no sólo a la atención, sino prioritariamente a la prevención;
f) Un mejor Estado al servicio del ciudadano en el cual se consoli-
den el modelo democrático y los mecanismos de participación, se re-
estructure y fortalezca la administración de justicia, se posibilite la in-
tervención del Estado a través de funciones de planeación, promoción,
regulación, control y participación en actividades empresariales y en un
marco de eciencia y transparencia;
g) Una política que tenga en cuenta las dimensiones especiales del
desarrollo en aspectos tales como la equidad de género; la protección
y el estímulo de la juventud; la formulación de programas especícos
en relación con los grupos étnicos y las relaciones interculturales; la
implementación de estrategias de desarrollo regional que fortalezcan
la descentralización; la ampliación y consolidación del conocimiento y
la innovación tecnológica para contribuir a la transformación produc-
tiva y social del país; el incremento de los entornos propicios para la
cultura y el deporte; el diseño de políticas especícas para armonizar el
desarrollo económico con la dinámica demográca; la promoción de la
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economía solidaria; y el respaldo, de modo decidido, a la integración
económica latinoamericana, sudamericana y andina.
Artículo 2°. Consideraciones macroeconómicas. El crecimiento eco-
nómico sostenido es el principal vehículo para mejorar las condiciones
de equidad y el ingreso de la población, razón por la cual el objetivo del
PND es el desarrollo de estrategias señaladas para mantener las tasas de
crecimiento en niveles del 5%.
Esta meta de crecimiento económico implica elevar la tasa de in-
versión al 26,1% del PIB al nal de 2010 (70,4% a cargo del sector
privado), situación que implica un crecimiento real anual promedio de
la inversión del 6,4%. El empleo, por su parte, crecerá a una tasa pro-
medio de 3,1%, lo que conducirá a una tasa de desempleo promedio
de 8,8% en 2010; y a su vez, los aumentos de productividad manten-
drán la tendencia de los últimos años. El crecimiento promedio de las
exportaciones totales en dólares es del orden del 8,5% y el de las no
tradicionales del 12,5%, con estos crecimientos, el coeciente de aper-
tura aumentará del 34,9% al 37,8% entre 2007 y 2010. Las anteriores
metas son consistentes con una tasa de ahorro doméstico de 23,5% del
PIB al nal del cuatrienio, de la cual el 76.2% se sustentará en el sector
privado, y con una inversión extranjera directa que será del orden del
2,7% del PIB, lo cual equivale a montos promedios entre 2007 y 2010
de 4.000 millones de dólares por año.
El décit scal del sector público consolidado (SPC) estará en pro-
medio alrededor de 2,3% del PIB entre 2008 y 2010. Este décit es
consistente con una reducción de la deuda neta de activos nancieros
del Sector Público No Financiero (SPNF) a niveles inferiores a 30% del
PIB en 2015.
La sostenibilidad del crecimiento es consistente con las condiciones
de la estabilidad macroeconómica, que permiten incentivar favorable-
mente la inversión nacional y extranjera. Para ello, será fundamental la
aprobación del proyecto de reforma al Sistema General de Participa-
ciones.
Artículo 3°. Incorporación del Documento “Estado Comunitario
Desarrollo Para Todos” al Plan de Desarrollo 2006 – 2010. Téngase
como parte integral de la parte general del presente plan nacional de
desarrollo el documento anexo denominado “Bases del plan nacional
de desarrollo 2006 – 2010 Estado comunitario: desarrollo para todos”,
elaborado por la Presidencia de la República y el Departamento Na-
cional de Planeación, con la participación del Consejo Superior de la
Judicatura, con las modicaciones efectuadas por la presente ley.
Artículo 4°. Vinculación y armonización de la planeación nacional
con la territorial. La vinculación y armonización del Plan Nacional de
Desarrollo con la Inversión Territorial presentará, con carácter indicati-
vo, la distribución plurianual por sectores y regiones. En consecuencia
se propone de la siguiente forma:
REGIONALIZACION INDICATIVA–TOTAL GENERAL
PLAN DE INVERSIONES 2007–2010
Cifras (Millones de Pesos Constantes de 2006)
SECTORES
Regiones
Total
Costa
Atlántica Occidente Centro
Oriente Orinoquia Amazonía Bogotá Nacional
Agrope-
cuario
991,082 926,200 1,082,094 311,882 83,937 02,116,929 5,512,123
Acción
social
1,824,713 1,876,867 1,674,734 494,275 301,575 517,920 529,186 7,219,270
Ambiente,
viv. y dllo
terr.
1,121,002 1,563,935 1,367,544 274,921 123,174 405,228 15,703,475 20,559,279
Comercio,
ind. y
turismo
20,103 43,901 47,622 4,246 2,957 27,025 600,231 746,086
Comunica-
ciones
1,835,215 2,458,751 1,195,061 398,727 230,214 1,336,128 1,504,520 8,958,617
Congreso 0 0 0 0 0 0 13,459 13,459
Cultura 63,907 163,852 58,857 15,077 5,661 182,948 166,524 656,826
Dane 13,332 11,872 19,493 2,568 2,213 261 375,702 425,443
Dansocial 0 0 0 0 0 0 17,322 17,322
Defensa y
seguridad
0 0 0 0 0 0 9,837,445 9,837,445
Educación 10,575,037 15,098,250 10,029,435 2,104,835 1,342,228 4,658,489 1,764,105 45,572,379
SECTORES
Regiones
Total
Costa
Atlántica Occidente Centro
Oriente Orinoquia Amazonía Bogotá Nacional
Función
Pública
1,177 3,558 3,617 684 041,249 27,536 77,822
Hacienda 259,235 635,078 346,015 1,710 623 1,655,813 4,223,442 7,121,915
Justicia 74,954 303,635 244,787 178,512 148,807 114,032 2,009,845 3,074,573
Minas y
energía
11,180,232 3,558,454 10,542,005 7,079,397 673,207 734,229 2,126,043 35,893,567
Organismos
de control
0 0 0 0 0 0 418,877 418,877
Planeación 469,273 481,077 349,069 82,792 67,728 152,262 5,555,562 7,157,765
Presidencia 0 0 0 0 0 0 85,574 85,574
Protección
social
9,001,952 12,939,317 8,112,238 3,307,212 2,106,109 3,275,843 4,698,515 43,441,185
Relaciones
exteriores
0 0 0 0 0 0 39,152 39,152
Transporte 5,509,690 4,602,814 5,682,825 680,854 459,500 545,853 4,188,756 21,670,292
Asignaciones
especiales
203,322 316,662 155,011 58,741 32,714 22,300 0 788,750
Propósito
general
1,684,616 2,726,339 2,634,462 459,017 229,404 443,341 08,177,179
Municipios <
25 mil Hab.
193,223 350,553 442,641 80,266 29,472 0 0 1,096,156
TOTAL
GENERAL
45,022,065 48,061,117 43,987,511 15,535,717 5,839,524 14,112,920 56,002,200 228,561,054
Las anteriores cifras corresponden a la proyección de las erogacio-
nes que realizarán la nación, los establecimientos públicos, el sector
descentralizado y el sector privado directa o indirectamente en las dife-
rentes regiones del país.
T I T U L O II
PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS
CAPITULO I
Proyección de recursos nancieros
Artículo 5°. Proyección de los recursos nancieros disponibles para
el Plan de Inversiones Públicas 2006–2010. El Plan de Inversiones Públi-
cas tendrá un valor de doscientos veintiocho billones quinientos sesenta
y un mil cincuenta y cuatro millones de pesos ($228.561.054.000.000)
a pesos constantes de 2006, nanciados de la siguiente manera:
Cifras en millones de pesos de 2006
Fuentes Usos
Ingresos Presupuesto General de la Nación 151.805.343 Gobierno Nacional 132.934.272
Recursos Nación 130.789.542
Sistema General de
Participaciones 72.615.227
Recursos Contingentes Nación 2.144.730 Inversión 60.319.045
Recursos Propios Establecimientos
Públicos 18.871.071 Establecimientos
Públicos 18.871.071
Recursos Propios EICE y SEM /1 18.971.017 S. Descentralizado 18.971.017
Participación Sector Privado 57.784.694 S. Privado 57.784.694
Total 228.561.054 Total 228.561.054
1/ Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta.
CAPITULO II
Descripción de los principales programas de inversión
Artículo 6°. Descripción de los principales programas de inversión.
La descripción de los principales programas de inversión que el Gobier-
no Nacional espera ejecutar durante la vigencia del Plan Nacional de
Desarrollo 2006–2010, es la siguiente:
1. ESTADO COMUNITARIO: DESARROLLO PARA TODOS
El Estado Comunitario es el instrumento que el Plan de Desarrollo
concibe para lograr un desarrollo que benecie a todos. El Estado Co-
munitario sostiene que la seguridad es un valor democrático, indispen-
sable para la paz, y por eso se empeña en garantizarla, con total apego
a los valores y procedimientos democráticos, y con plena vigencia de
todas las libertades civiles y de los derechos humanos.
Como directriz general del enfoque económico, el Estado Comuni-
tario no ve ninguna contradicción entre el crecimiento económico y la
cohesión social. Por el contrario, ve esos dos elementos como comple-
GACETA DEL CONGRESO 32 Jueves 8 de febrero de 2007 Página 3
mentarios, e incluso como necesarios el uno para el otro. La conanza
del inversionista permite el crecimiento económico con el cual se pue-
den nanciar los instrumentos de cohesión social previstos en el Plan.
El crecimiento se ve como insostenible sin equidad, mientras que los
esfuerzos de cohesión social sin crecimiento sólo son capaces de dis-
tribuir pobreza. Al tiempo que en el Plan se hace un gran esfuerzo de
inversión en seguridad democrática, hay el cuidado de que la inversión
social crezca aún más.
2. POLITICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRATICA
Con el propósito de avanzar en la consolidación de las condicio-
nes de seguridad, se continuará la tarea por alcanzar una Nación que
haga de la seguridad democrática un verdadero puente hacia la paz,
la reconciliación y la prosperidad general. En este sentido, además de
los innegables logros en materia de preservación de la vida, la política
de defensa y seguridad democrática ha tenido y seguirá teniendo un
componente importante de política social. El logro de estos propó-
sitos requerirá la concurrencia de esfuerzos del Gobierno Nacional,
la comunidad internacional, las entidades territoriales y la sociedad
colombiana.
2.1 Hacia la consolidación de la Política de Seguridad Democrática
Las acciones tendientes a consolidar la política de defensa y segu-
ridad democrática se dirigirán a garantizar el control del territorio y la
defensa de la soberanía nacional, a combatir el problema de las drogas
y el crimen organizado y a promover una política de seguridad y convi-
vencia ciudadana desde lo local.
La estrategia denida por el Ministerio de Defensa Nacional para
garantizar el control del territorio y la defensa de la soberanía nacio-
nal implica implementar cinco líneas de acción: enfrentar las ame-
nazas, dar sosteniblidad a la política, fortalecer las relaciones con
la comunidad, mejorar la eciencia y transparencia en el uso de los
recursos y adelantar reformas estructurales a la Fuerza Pública. Para
ello, será indispensable continuar con el fortalecimiento y profesio-
nalización de las Fuerzas Militares y la Policía, proceso que incluye
el respaldo para la defensa judicial de los miembros que enfrentan
investigaciones por hechos relacionados con el servicio, al tiempo
que se debe aumentar la movilidad de las unidades y avanzar en el
desarrollo de la Doctrina Conjunta y Combinada. Igualmente, resul-
ta clave mantener las capacidades estratégicas del Estado y fortale-
cer las capacidades de inteligencia estatal. Para esto, se conformará
la “Comunidad de Inteligencia”, como un sistema donde un Plan
Nacional integre, coordine y articule la actividad de las entidades
que cumplen funciones de inteligencia en el país. Se continuará el
proceso de modernización del DAS como una entidad fundamental
dentro de esta comunidad.
Se considera indispensable desarrollar un conjunto de programas
sectoriales de respaldo a la política como son: incrementar la disponibi-
lidad, modernización y estandarización del armamento, las comunica-
ciones y la infraestructura operacional; la modernización de la carrera
militar y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En este último pun-
to, se harán los ajustes en las normas presupuestales de manera que se
incentiven los proyectos de investigación y desarrollo de las entidades
que conforman el grupo social y empresarial de la defensa. Adicional-
mente, serán reformados y articulados los diferentes programas de pro-
tección a personas existentes en el país y se implementará un programa
de rehabilitación integral de los miembros de la Fuerza Pública en si-
tuación de discapacidad, que comprende entre otros un apoyo económi-
co a los soldados regulares discapacitados que no cuentan hoy con un
respaldo suciente en estos casos.
Para avanzar en la lucha contra el narcotráco, el terrorismo y el cri-
men organizado, se considerará prioritario la consecución de equipos,
sistemas logísticos, infraestructura y capacidades técnicas que permitan
ejercer un control efectivo sobre los distintos ujos que traspasan las
fronteras nacionales. Estos esfuerzos permitirán que la tasa de homi-
cidios por 100 mil habitantes llegue a 25 en 2010 y que el número de
secuestros extorsivos se reduzca en un 65%. Para llevar a cabo estas
estrategias el Gobierno hará un esfuerzo adicional a los recursos del
Marco de Gasto de Mediano Plazo, cercano a los $8,3 billones.
En lo que se reere al combate, al problema de las drogas ilícitas y al
crimen organizado, se fortalecerá la política en materia de control a los
cultivos ilícitos haciendo énfasis en los Grupo Móviles de Erradicación
y en Familias Guardabosques (que será integrado con otros programas
de desarrollo alternativo). De la misma manera, se dará continuidad a
las acciones de interdicción aérea, marítima, uvial y terrestre y al con-
trol al tráco de armas y precursores químicos mejorando la capacidad
operativa de la Fuerza Pública.
La erradicación voluntaria se fortalecerá dando continuidad a los
Programas de ‘Familias Guardabosques’ y ‘Desarrollo Alternativo’,
de manera que para el cuatrienio 2006–2010 estarán vinculadas 80.000
Familias Guardabosques y 50.000 habrán consolidado sus proyectos
productivos.
Se consolidará la política de prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, mediante la descentralización de la misma, se revisarán y
robustecerán las medidas de prevención en aulas educativas, los siste-
mas de comunicación y difusión de los riesgos asociados con el consu-
mo, entre otras.
Bajo el principio de “responsabilidad compartida”, se procurará po-
sicionar a Colombia en los escenarios multilaterales de decisión sobre
el tema de drogas ilícitas. Se adelantará, a nivel internacional, una ac-
tiva campaña contra el consumo de estupefacientes y se invitará a los
países de la comunidad internacional a que cooperen con las diferentes
acciones dirigidas a combatir este problema.
Se mantendrá la política de extradición y se fortalecerán los meca-
nismos relacionados con el proceso de investigación judicial, al igual
que se reestructurará, la Dirección Nacional de Estupefacientes. En este
mismo sentido, se fortalecerán las entidades encargadas de la detección,
control del lavado de activos y extinción de dominio y se aumentará la
eciencia y ecacia de este proceso. Igualmente, se apoyará el soste-
nimiento nanciero del Sistema Integrado de Monitoreo y Control de
Cultivos Ilícitos (SIMCI). Sin perjuicio de lo que establezca esta ley,
para el logro de estos propósitos será necesaria la actualización de las
En términos de lucha contra el secuestro y la extorsión, se fortalece-
rán las herramientas técnicas y legales que han facilitado la desarticu-
lación de organizaciones dedicadas a la comisión de estos delitos y los
mecanismos que han permitido incrementar la capacidad preventiva y
reactiva del Estado.
Será necesario optimizar los sistemas de información, difusión y
aplicación de las medidas de atención que prevé la ley para el secues-
trado y su familia; implementar y ejecutar un plan de acción que permi-
ta replicar regionalmente las políticas de intervención y atención a las
víctimas. Adicionalmente, se formulará una estrategia de lucha contra
la extorsión.
El Gobierno promoverá una estrategia integral para la convivencia
y seguridad ciudadana, en el marco del aanzamiento de la presencia
municipal de la Policía Nacional y su ampliación a los corregimientos
colombianos. Para ello, se fortalecerá el modelo de policía comunitaria
mediante mejoras en movilidad, tiempos de respuesta y comunicación
con la población civil. En este contexto, se actualizará el Código Na-
cional de Policía. Así mismo, se implementará el sistema integrado de
emergencias y seguridad y el programa departamentos y municipios
seguros (DMS) y los consejos municipales de seguridad. Igualmente,
se promoverá el desarrollo de un sistema único de registro nacional de
la violencia intrafamiliar y sexual, y se avanzará en la prevención de la
criminalidad juvenil, con el n de aumentar la capacidad institucional
para proteger a la población vulnerable.
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