La incidencia política y el enfoque basado en los derechos humanos: propuesta teórico-práctica - Enfoque basado en derechos humanos. Guía para su uso en incidencia política y políticas públicas - Libros y Revistas - VLEX 850197238

La incidencia política y el enfoque basado en los derechos humanos: propuesta teórico-práctica

AutorMaría Fernanda Sañudo Pazos/Ricardo Sánchez Cárcamo
Páginas19-55
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Introducción
El trabajo académico y práctico a través del enfoque basado en los derechos hu-
manos nos obligó a reformular algu nos de nuestros primeros planteamientos sobre el
fortalecimiento de la capacidad de los sujetos para exig ir la garantía de sus derechos.
En términos técnicos, a esto lo llamamos el fortalecimiento para la exigibilidad1.
En Colombia, la exigibilidad de los derechos, a través de la tutela, se limita a los
derechos fundamentales, que se def‌inen como los derechos que no pueden ser suspen-
didos en Estados de excepción. Dentro de la categoría de derechos fundamentales,
se encuentran algunos derechos civiles y políticos (como el derecho a la vida, a la
participación, al debido proceso, a la igualdad, etc.), algunos derechos económicos,
sociales y cultura les en conexión con los derechos civiles y políticos (como el derecho
a la salud, que tiene una conexión con el derecho a la vida), algunos derechos de
colectivos que gozan de protección constitucional especial (como los derechos de los
niños, de las personas en situación de desplazamiento y de los pueblos indígenas) y
también aquellos derechos que corresponden a la prestación de un mínimo vital de
servicios públicos. Si tenemos en cuenta lo anterior, podemos decir que la mayoría
de los derechos económicos, sociales y culturale s y los derechos de tercera generación
no pueden ser reclamados por vía judicial, hecho que limita las posibilidades del
fortalecimiento de la capacidad de los sujetos para exig ir la garantía de sus derechos.
La propuesta metodológica que exponemos en este libro surge como una respuesta
a esta falencia.
1 En el libro Gestión de lo s derechos humanos: guía par a su aplicación en los proyectos de coope ración al
desarrollo, se estableció que uno de los objet ivos del uso del enfoque basado en los dere chos huma-
nos era fortalec er la capacidad de los sujetos para recla mar judicialmente al Est ado la garantía, el
respeto y la protección de su s derechos. En este sentido, las herra mientas propuestas en ese l ibro se
centraron en el uso de me canismos judiciales.
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María Fernanda Sañudo Pazos Ricardo Sánchez Cárcamo
La incidencia política ha sido def‌inida como el conjunto de “esfuerzos de la ciuda-
danía organizada, para inf‌luir en la formulación e implementación de las políticas y
programas públicos, por medio de la persuasión y la presión, ante autoridades estatales,
organismos f‌inancieros internacionales y otras instituciones de poder” (Mckinley,
2002, p. 6). Si tenemos en cuenta esta def‌inición, desde la perspectiva de los derechos
humanos, la incidencia política puede entenderse como la estrategia de los ciudadanos
para inf‌luir, de acuerdo con la normatividad internacional y regional, en la formulación,
en el diseño y en la ejecución de las políticas estata les para la garantía, la protección y
la realización de los derechos humanos.
Nuestra propuesta tiene en cuenta dos hechos. Primero, que los Estados, inde-
pendientemente de la naturaleza de los derechos (de inmediato cumplimiento o
progresivos), están obligados a desplegar las estrategias necesarias para cumplir con
las obligaciones2 a las que se han comprometido con la f‌irma y la ratif‌icación de los
instrumentos de derechos humanos. Segundo, el reconocimiento de la participación
como un derecho, cosa que implica que los Estados deben diseñar estrategias para
hacer posible dicha participación. En este sentido, bajo la perspectiva de los derechos
humanos, fortalecer la ciudada nía signif‌ica reforzar las posibilidade s que la normativi-
dad internacional, regional y nacional de derechos humanos ha otorgado a los sujetos
para inf‌luir, a través de la participación, en los asuntos públicos.
La incidencia política y los mecanismos de participación ciudadana
En varios manuales sobre incidencia política, se establece que, media nte estrategias
de inf‌luencia (como el cabildeo3, el litigio estratégico4, la constr ucción de alianzas, la
negociación, las estrategias de comunicación y la movili zación social), los ciudadanos
2 En el marc o del derecho internacional de los dere chos humanos, se establec en las siguientes obliga-
ciones para los Est ados: primera, respeta r los derechos humanos evitando la a dopción de medidas
que impidan, obstacu licen o restrinjan el ejercicio de estos p or parte de los ciudadanos; seg unda,
proteger los derechos huma nos desplegando los mecanismos nec esarios para promover el disfr ute
e impedir que terceros i njieran, obstacul icen o impidan el ejercicio d el derecho; tercer a, facilita r
oportunidade s, por medio de medidas positiv as, que permitan al ind ividuo el disfrute del derecho ;
cuarta , proveer directamente los ser vicios necesarios par a satisfacer las nece sidades de las personas.
3 El cabilde o es la capacidad de las or ganizaciones de la so ciedad civil de inf‌lui r sobre algunos actores
claves en la toma de decisione s.
4 El litigio es tratégico es la selección y prese ntación de casos de vulnera ción de derechos ante los tribu-
nales, con el objeti vo de lograr cambios en la socieda d.
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1 La incidencia pol ítica y el enfoque basado en lo s derechos humanos: propue sta teórico-prácti ca
pueden transformar las problemáticas que los afec tan, posicionar sus demandas en el
ámbito de la gestión política e inf‌luir sobre las decisiones de las instancias estatales.
Aunque estas estrategias han logrado que las personas permeen las instancias públi-
cas y transformen las condiciones de vida que los afectan, consideramos que ellas
no son del todo efectivas. Por ejemplo, los ciudadanos tienen que enfrentar la poca
voluntad política de quienes toman las decisiones, la inexistencia de los mecanismos
legítimos para la incidencia política (hecho que implica una relación no formal de
la sociedad civil con las autoridades), y el hecho de que el posicionamiento de las
exigencias de la sociedad civil dependa del parecer de los funcionarios públicos. En
este texto, con miras a corregir es tas falencias, proponemos el uso de los mecanismos
institucionalizados de par ticipación como un elemento sustancial para in f‌luir de una
manera contundente sobre los asuntos públicos. Esto, por supuesto, no implica el
desconocimiento del uso de los mecanismos de incidencia tradicionales.
Beltrán (2012), en un estudio sobre la incidencia para la defensa y la protección
de los animales en la agenda política de Bogotá, resalta que en la ciudad, hace más
de una década, organizaciones que luchan por los derechos de los animales, han uti-
lizado, de un lado, estrategias como la movilización social y el lobby y, de otro lado,
los canales estatales, para posicionar sus reclamos. En este sentido, como producto
de las demandas ca nalizadas a través de mecanismos de incidencia política y de par-
ticipación, el tema ha cobrado relevancia política.
El anterior ejemplo nos muestra que, en especial en el marco de la democracia
participativa, los ciudadanos deben tener disponibles una serie de mecanismos que
les permitan participar de manera activa en los asuntos públicos. Bajo este marco
político, la participación ciudadana es un derecho y un deber. Como derecho, la par-
ticipación ciudadana supone que los Estados deben desplegar los esfuerzos necesa rios
para hacerla posible. Como deber, esta implica que las personas tomen conciencia de
la importancia que tiene su accionar como sujetos políticos, es decir, como actores que
pueden afectar los asuntos que les competen como integrantes de una comunidad.
La participación ciudadana ha sido tratada en diferentes instrumentos de dere-
chos humanos de carácter vinculante y no vinculante. Por ejemplo, en el Artículo 1
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se af‌irma que las personas,
en un marco democrático, deben contar con las posibilidades para determinar su
condición política. Como parte de ello, las personas tienen el derecho a participar
en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos. Por esta razón, los Estados tienen la obligación de adoptar las
medidas necesaria s para garantizar que los sujetos puedan intervenir en las decisiones
políticas que los afectan. Entre est as medidas, se encuentran las disposiciones legales,
jurídicas y administrativas encaminadas a facilitar la inclusión de los sujetos en los

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