Incorporación del enfoque de género en la política ambiental en Colombia
| Autor | Sara Sofía Moreno Gallo |
| Páginas | 27-52 |
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El reconocimiento de la exclusión y marginación, así como el intentar construir lógicas sustentables para el desarrollo no son algo ajeno a la sociedad, al ser humano y a las relaciones que se entablan, tanto de carácter social (entre hombres y mujeres) como con su entorno, con el ambiente. Por lo tanto, para poder construir políticas de desarrollo coherentes con estas lógicas de sustentabilidad se debe explicar y comprender la dinámica de las relaciones sociales y naturales y las relaciones entre ambos sistemas. “En este marco, las relaciones de género también son expresión de formas de apropiación, distribución, acceso y uso del ambiente, ya que influyen y son influidas por ellas” (Ricaldi, 2004, p XX).
La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas ha tenido como fin visibilizar y corregir las desigualdades e inequidades de género, por medio del compromiso ineludible del Estado de revertir las desigualdades presentes en la sociedad y, a su vez, de transformar las relaciones de género. Además, ha sido identificada como una estrategia para incrementar la eficacia y eficiencia de las mismas políticas; construir políticas públicas más equitativas y mejorar su focalización; incentivar la participación ciudadana; fortalecer la democracia y contribuir a la modernización del Estado y la gestión pública (Solar & Ochoa, 2011, p XX).
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Todo ello por cuanto se ha identificado que el tema “género” no está desligado de los tópicos políticos centrales. Las relaciones de género no se encuentran ajenas a las formas en las que se constituyen las autoridades, las relaciones de poder (Wills, 1999, p XX), y por ende a las políticas públicas que se profieren como expresiones de las mismas.
De allí que haya surgido el concepto de “transversalización de la perspectiva de género”, entendido no solo como un proceso de evaluación, sino de formulación de acciones afirmativas que se plasmen en planes de acción, leyes, políticas públicas y programas encaminados a superar las situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres, en todos los niveles y áreas. Es una estrategia para hacer de las experiencias e intereses, tanto de la mujer como del hombre, una dimensión integral del diseño, implementación y evaluación de las políticas y programas en todas las esferas, políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres se beneficien igualitariamente y que la desigualdad no sea perpetuada. La última meta es la de alcanzar la igualdad (ecosoc, 1997).
De manera específica, las políticas con enfoque de género reconocen que mujeres y hombres tienen diferentes necesidades derivadas de los diferentes roles que desempeñan en la sociedad, y viven de manera diferente los mismos problemas, es decir, dependiendo de dónde se encuentren ubicados, hombres y mujeres, podrán aprovechar o no los efectos de las políticas. Tienen en cuenta la situación de las mujeres y de los hombres en su diversidad étnica, generacional, sexual y económica, en una sociedad en la que interactúan de tal modo que la subvaloración y discriminación pueden ser múltiples, dependiendo de las tantas identidades a las que pertenecemos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012).
La necesidad de contar con este tipo de políticas se justifica, en primer lugar, en el hecho de que las mujeres no son una minoría, sino que en efecto, corresponden a más de la mitad de la población, por lo que se requiere que todas las políticas, planes y programas beneficien a toda la sociedad y que implementen acciones específicas para las necesidades e intereses particulares de la población femenina. En segundo lugar, en que muchas de las desigualdades que enfrentan las mujeres tienen que ver con la división sexual del trabajo, la asignación de roles y estereotipos culturales, la separación del ámbito público y privado y las negociaciones que se dan al interior del hogar. En tercer lugar, en la afectación particular que adquieren en las mujeres determinados
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problemas sociales y que requieren una atención diferenciada. En cuarto y último lugar, en que la carga inequitativa de las mujeres dificulta la movilidad social y el desarrollo sostenible de un país determinado (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012).
Sumado a lo anterior, este tipo de políticas representan un avance frente a los efectos derivados de la discriminación contra la mujer tales como: la exclusión política, la subordinación social y la invisibilización de la violencia (Grupo de Memoria Histórica, 2011).
Dicho lo anterior y partiendo del hecho de que las políticas ambientales son un tipo de política pública, el tema de la incorporación de la perspectiva de género no es ajeno a esta clase de políticas. Incluso, en los últimos años la preocupación por las cuestiones ambientales y las de género, tanto a nivel social como en las agendas políticas nacionales e internacionales, ha aumentado de manera considerable. De allí que haya surgido la necesidad de establecer políticas ambientales, a nivel internacional y nacional, que estén en la capacidad de responder de manera equitativa frente a los intereses de hombres y mujeres, y que a partir de dichos intereses establezcan cursos de acciones encaminados a salvaguardar el ambiente.
El Estado colombiano no ha sido ajeno ni está excluido del panorama presentado, razón por la cual, de una u otra manera, está en la obligación moral, social y política de incluir la perspectiva de género en sus políticas ambientales, sobre todo, cuando las mismas se han fundado en las políticas ambientales internacionales que han intentado concretar dicho enfoque.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el tema ambiental y el enfoque de género son un tema sensible y problemático para las sociedades modernas, entonces, se estará de acuerdo con que es importante estudiar la acción del Estado frente a estos, lo que implica, de manera irrefutable, el estudio y análisis de las políticas ambientales que han sido acogidas. De esta manera será posible identificar si el curso de acción y la manera de actuar inmersa en la política ambiental ha incorporado efectivamente el enfoque de género en su creación y posterior desarrollo.
En este orden de ideas, en la primera parte de este capítulo se profundiza sobre el alcance de las políticas públicas ambientales, resaltando su importancia en el desarrollo de un Estado. En la segunda parte se identifica el proceso de inclusión histórico del enfoque de género en las políticas ambientales internacionales. En la tercera parte se presenta un análisis crítico sobre la
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incorporación del enfoque de género en las políticas ambientales del Estado colombiano. Por último, en la cuarta parta, se presentan las principales conclusiones sobre el panorama expuesto.
Para abordar el concepto de políticas ambientales es necesario referirse al concepto de políticas públicas. Las primeras corresponden a una tipología de las segundas. Las políticas públicas han sido objeto de varios tipos de definiciones y acepciones, entre las cuales se identifican las siguientes.
En primer lugar, las políticas públicas pueden entenderse como un curso de acción orientado a la solución de un problema relevante para la colectividad. Se relacionan con el poder social, representan soluciones determinadas de cómo manejar los asuntos públicos y son un factor común de la política en sentido general de un gobierno (flacso, mae, pnuma, 2008).
En segundo lugar, se han entendido como el “conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables” (Vargas, 1999, p XX). De allí, que la política pública no se pueda asemejar con la ley o la norma, puesto que la misma implica un acto de poder, implica la materialización de las decisiones de quienes detentan el poder y supone tomas de posición que involucran una o varias instituciones estatales (Vargas, 1999, p XX).
A su vez, las políticas públicas corresponden a aquellos cursos de acción y flujos de información asociados con un objetivo político definido en forma democrática. Esos cursos de acción son desarrollados por el sector público, con la participación de la comunidad y el sector privado de forma frecuente. Deben contener orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales y la previsión de sus resultados. También deben incluir el aspecto político como su origen, objetivo, justificación o explicación pública y deben enmarcarse en un amplio proceso de protección, so pena de sesgar a determinados actores públicos (Lahera, 2004, p XX).
Otra definición entiende a las políticas públicas como el curso de acciones de gobierno que pretenden adecuar, continuar o generar nuevas realidades, deseadas en el nivel territorial e institucional, contrastando intereses sociales, políticos y económicos y articulando los esfuerzos de los actores y organizaciones
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que ejercen presión en defensa de dichos intereses (Ortega, Sbarato, Campos & Tocalli, 2005).
Según una definición estipulativa: toda política pública es un instrumento de planeamiento, racionalización y participación popular. Los elementos de las políticas públicas son el fin de la acción, las metas en las cuales se desdobla ese fin, los medios dispuestos para la realización de las metas y, finalmente, los procesos de su realización (Bucci, 2001).
Pese a todas las definiciones que se han señalado, existe aun una definición que propone un concepto completo, porque reúne varios de los elementos mencionados, a saber: la búsqueda de...
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