Informe de ponencia de archivo y texto aprobado en primer debate por las comisiones Primeras de Senado y Cámara al Proyecto de ley número 393 de 2021 Cámara y 266 de 2021 Senado, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones
| Fecha de publicación | 17 Diciembre 2021 |
| Número de Gaceta | 1886 |
| Tipo de documento | Colombian History Events |
Página 10 Viernes, 17 de diciembre de 2021 G 1886
INFORME DE PONENCIA DE ARCHIVO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 393 DE 2021
CÁMARA Y 266 DE 2021 SENADO
por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana
y se dictan otras disposiciones.
INFORME DE PONENCIA DE ARCHIVO AL PROYECTO DE LEY NO. 393/2021C Y
266/2021S “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES AL
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”.
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA
III. MARCO NORMATIVO
IV. JUSTIFICACIÓN
V. PROPOSICIÓN
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El proyecto sobre el cual rindo informe de ponencia fue radicado el 23 de noviembre del
2021 por los congresistas H.S.Juan Diego Gómez Jiménez, H.S.Milla Romero Soto,
H.S.Eduardo Emilio Pacheco Cuello, H.S.Miguel Angel Pinto Hernandez, H.S.Gabriel
Velasco Ocampo, H.S.Honorio Miguel Henríquez Pinedo, H.S.Santiago Valencia
Gonzalez, H.S.Fernando Nicolás Araújo Rumié, H.S.Fabio Raul Amin Saleme, H.S.Ruby
Helena Chagui Spath, H.S.Paloma Valencia Laserna H.R.Jennifer Kristin Arias Falla,
H.R.Oscar Leonardo Villamizar Meneses , H.R.Nubia López Morales, H.R.Alejandro
Carlos Chacón Camargo, H.R.Elbert Díaz Lozano , H.R.César Augusto Lorduy
Maldonado, H.R.Edwin Alberto Valdés Rodríguez, H.R.Enrique Cabrales Baquero ,
H.R.Buenaventura León León , H.R.Milton Hugo Angulo Viveros, H.R.Juan Manuel Daza
Iguarán, H.R.Christian Munir Garces Aljure, H.R.Jairo Giovany Cristancho Tarache,
H.R.Jorge Méndez Hernández, H.R.José Gustavo Padilla Orozco, H.R.Víctor Manuel
Ortiz Joya, H.R.Martha Patricia Villalba Hodwalker, H.R.José Vicente Carreño Castro,
H.R.Yenica Sugein Acosta Infante, H.R.Julio César Triana Quintero, H.R.Erwin Arias
Betancur, H.R.Esteban Quintero Cardona , H.R.John Jairo Bermúdez Garcés,
H.R.Adriana Magali Matiz Vargas, H.R.José Jaime Uscátegui Pastrana, H.R.Andrés
David Calle Aguas, H.R.Juan David Velez Trujillo, H.R.John Jairo Berrio López,
H.R.Edward David Rodríguez Rodríguez y los ministros del Interior Daniel Palacios
Martinez, de Defensa Diego Molano Aponte y de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela.
Así mismo fueron designados como coordinadores ponentes los representantes Erwin
Arias, Juan Manuel Daz y el Senador Germán Varón Cotrino, así como los
representantes Juan Carlos Wills, Juanita María Goebertus, Hernan Gustavo Estupiñan,
Luis Alberto Albán, Edward David Rodriguez y Jorge Enrique Burgos. Con mensaje de
urgencia fueron convocadas para sesión de las comisiones conjuntas el día 7 de
diciembre de 2021.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en sesiones conjuntas en primer debate el día 9
de diciembre de 2021.
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Según los autores de la iniciativa el objetivo es “(...) la protección de los derechos -
algunos de ellos fundamentales- de la ciudadanía que se ve afectada por las conductas
sobre las cuales impactan las acciones y actividades sobre las cuales recae la regulación
que ahora se modifica, de manera que sea posible hacer frente a los nuevos retos en
materia de seguridad que enfrentan la institucionalidad y la ciudadanía, en un ámbito
garantista y de pleno respeto a los valores democráticos sobre los que están instituidos
el Estado Colombiano”.
En particular y a lo largo de sus 51 artículos anuncia la búsqueda del fortalecimiento de
la Seguridad Ciudadana, por medio de la inclusión de reformas al Código Penal y de
Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al
Código de Extinción de Dominio, Regulación de armas, elementos y dispositivos menos
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letales, sostenibilidad del Registro Nacional de identificación Balística y de otras
disposiciones.
III. MARCO NORMATIVO
El proyecto de la bancada de gobierno busca la modificación de la ley 599 de 2000 que
Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Ley418
de 1997 que consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia, eficacia de la
justicia y otras disposiciones y la ley 1708 de 2014 o Código de Extinción de Dominio.
IV. JUSTIFICACIÓN
El fortalecimiento de la seguridad ciudadana es una necesidad urgente en el Estado
Colombiano, pues este es el objetivo central de cualquier Estado: garantizar la
tranquilidad y la seguridad para todas y todos su ciudadanos, que en nuestro casose ha
visto anulada en un país en el que cada día amanece con una nueva masacre, una
desaparición forzada o el asesinato de un líder,lideresa social o un ex guerrillero firmante
del Acuerdo de Paz.
Este objetivo central del proyecto y base del Estado de Derecho, no se ve expresado en
el articulado que el gobierno nacional y su bancada en el congreso ofrece para la
discusión. Lo que se ve en este es una concurrenciaen la ya discutida y repetida en este
periodo estrategia del populismo punitivo, que como lo declara la reconocida penalista
Whanda Fernandez esta es una “doctrina política que se proclama defensora de los
intereses y aspiraciones del pueblo (...) y so pretexto de sosegar los efectos de la
inseguridad ciudadana y de la poca confianza en la efectividad del aparato judicial, ha
logrado expandir el derecho penal, desquiciar el sistema de juzgamiento, socavar el
espíritu garantistas de las normas y acomodarlo a interpretaciones arbitrarias y
restrictivas (...)1”.
Aumento de penas, creación de nuevos tipos en el Código Penal y de procedimiento,
sanción judicial a hechos de convivencia, entre otros.
¿COMO SE CONCIBE LA SEGURIDAD EN EL PROYECTO?
Hoy Colombia ostenta la cifra de 88 masacres2(asesinatos colectivos como se le
denomina de forma eufemística), está caracterizado como el país que reporta el número
más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo con 8,3 millones de
personas según el Informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de
la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y este año a septiembre más de
57.100 personas habían sido desplazadas de forzadamente duplicando la cifra del 20203,
a esto se suman más de 160 líderes sociales asesinados y 44 exguerrilleros firmantes
del Acuerdo de Paz en lo que va del 20214.
Estas cifras de las dinámicas colectivas de seguridad de los territorios para no ahondar
en los temas referentes a la seguridad individual y la percepción de inseguridad
ciudadana que ha caracterizado este gobierno:
1Ver en: https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/penal/populismo-punitivo
2Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. INDEPAZ 2021. Ver en:
http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
3La CIDH manifiesta preocupación por el notable incremento del desplazamiento interno forzado
en Colombia. Ver en:
https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/258.asp
4LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN
2021 INDEPAZ. 2021 ver en: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-
humanos-asesinados-en-2021/
Según cifras de la última Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana
(ECSC, DANE[1]), en Colombia la tasa de percepción de inseguridad en el país
es del 39%, en las zonas urbanas de los municipios, tal porcentaje es levemente
mayor 42.6%, y en las áreas rurales desciende a 26.3%. Por géneros, las mujeres
reportan 4 puntos porcentuales más que los hombres frente a la inseguridad en el
país (40.9% versus 36.9%)5.
Así mismo plantea el informe:
“Al analizar los motivos por los cuales los colombianos se sienten inseguros,
haciendo distinción según quienes habitan las ciudades o cabeceras municipales,
y aquellos de las zonas rurales, existe consenso frente a los tres motivos de mayor
prevalencia: 1. Delincuencia, robos y agresiones, 2. Lo que se escucha en medios
de comunicación o por el vos a vos, y 3. La poca presencia de la fuerza pública
en los territorios, situaciones que registran temor a más del 73% de la población.
Sin embargo, en las ciudades existe una mayor percepción negativa ante las
situaciones de conflictividad e inseguridad que pueden implicar losexpendios de
drogas y la presencia de pandillas (o grupos delincuenciales), dadoque, el 59% y
el 52% de los habitantes de las cabeceras municipales aluden a estas situaciones,
en comparación al 31% y el 36% de los habitantes en los centros poblados y el
área rural dispersa. Entre estos últimos, se observa que actualmente sólo un
15.5% de la población declara sentirse insegura por la presencia de los grupos
armados organizados”.
5La percepción de seguridad en Colombia, un desafío para la construcción de paz. Programa
para el Desarrollo de las Naciones Unidas. PNUD. 2021. Ver en:
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/-sabias-que-/la-percepcion-de-seguridad-en-
colombia--un-desafio-para-la-const.html
Pero contrario a esta lectura de la situación de inseguridad y de abandono del territorio
nacional tomado por las bandas criminales, los autores del proyecto encuentran el origen
de la inseguridad en la protesta social, por lo que aumentan penas en actividades
relacionadas con esta. Se defienden y fortalecen acciones de autodefensa, bajo
conceptos como la “legítima defensa privilegiada”, que se definen en el artículo 3 y que
recuerdan estrategias como las de las Convivir, que a pesar de las “buenas intenciones”
iniciales, fortalecieron el paramilitarismo en Colombia y que tanto dolor, asesinatos y
muertes, trajeron a la población colombiana.
La redacción del proyecto y las modificaciones incluidas en lasubcomisión del debate en
Comisiones conjuntas ponen de presente la posible utilización de este artículo en casos
de tomas de tierras por comunidades desplazadas, o recuperaciones de la madre tierra
como denominan las comunidades indígenas, pues el Congreso de la República estaría
legitimando el asesinato de ciudadanos y ciudadanas que realizan estas acciones y que
tienen protección constitucional especial en un país en el que su Estado no ha
garantizado la legalidad ni un censo claro sobre la propiedad dela tierra, pues hace más
de 40 años no hay un censo agrario ni un catastro confiable.
El proyecto pone por encima los derechos de los integrantes de la fuerza pública que
cuentan con la protección de las armas del Estado, sobre la ciudadanía en general
aumentando las penas como el artículo 7 y 8, desconociendo la normatividad
internacional el Derecho Internacional Humanitario en el caso del conflicto armado y en
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que se fundamentan en la protección
de los civiles sobre los combatientes y no en lo contrario como lo plantea este proyecto,
en proteger a quienes detentan las armas y tendrían como defenderse de forma
cualificada sobre cualquier agresión a su vida e integridad. Así mismo el proyecto
entrega subvenciones y gratuidad en el transporte público cuando sistemáticamente
desde el mismo congreso sehan negado iniciativas por el bien de la niñez y la educación
como el transporte gratuito para los estudiantes, con la excusa de las finanzas del
Estado.
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