Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 317 de 2005 cámara

Texto Original (Gaceta del Congreso)

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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 317 DE 2005 CÁMARA. por la cual se expide el Estatuto del Contribuyente y del Usuario Aduanero y Cambiario.

Bogotá, D. C., junio de 2005

Doctor

SANTIAGO CASTRO

Presidente

Comisión Tercera Constitucional

Cámara de Representantes

Respetado doctor:

Cumpliendo con la designación realizada por usted, nos permitimos rendir informe de Ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 317 de 2005 Cámara, por la cual se expide el Estatuto del Contribuyente y del Usuario Aduanero y Cambiario.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN COMISION TERCERA DE LA honorable CAMARA DE REPRESENTANTES

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 317 DE 2005 CAMARA

por la cual se expide el Estatuto del Contribuyente y del Usuario Aduanero y Cambiario.

I. Antecedentes

Mediante el Decreto 1071 del 26 de junio de 1999, el Gobierno Nacional reestructuró la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, creando en su artículo 10 (Estructura Orgánica del Nivel Central) la figura del Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero como órgano especial dentro de su estructura.

De este modo se estableció en el artículo 31 del mismo decreto el objeto (garantizar el respeto a los derechos de los contribuyentes, responsables, agentes de retención, declarantes y usuarios aduaneros en las actuaciones que se cumplan en ejercicio de las funciones asignadas por la ley a Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ), modo de designación (Presidente de la República), período (1 año), funciones, jurisdicción (nacional), así como otras características de esta figura.

Sin embargo, y a pesar de la evidente utilidad de la institución, esta no cuenta en la actualidad con los recursos financieros ni la estructura jurídica necesarias para ejercer de manera efectiva las funciones encargadas.

II. Objetivo del proyecto

El presente proyecto tiene por objeto permitir el funcionamiento adecuado de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero mediante creación legal. De este modo se propone, por una parte, definir los principios que guiarán la gestión de esta entidad, así como sus funciones, y por otra, dotarla de una estructura formal, clara y completa que le permita desempeñar las tareas asignadas con plena autonomía administrativa y financiera.

III. Justificación

Las amplias potestades administrativas de que goza el Estado en el ejercicio de la actividad recaudadora requieren para lograr el sistema equilibrado y garantista que define al Estado de Derecho, requiere la existencia de instituciones sólidas e independientes encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos sustanciales y procesales del ciudadano.

Siguiendo esta línea resulta claro que el modelo de Administración Tributaria, Aduanera y Cambiaria debe estar dirigida a la protección de la actividad empresarial, facilitándole el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el acceso igualitario a las normas que las rigen y que garantizan la agilidad y racionalidad de los trámites propios de esta actividad.

IV. Papel desarrollado por la actual Defensoría del Contribuyente

Estudios realizados por la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, denotan que la administración fiscal colombiana no siempre, tiene como fundamento en sus actuaciones los principios, garantías y dere-chos fundamentales de sus administrados, encontrándose deficiencias como:

▪ Indebida atención a los ciudadanos.

▪ Exigencia de documentos o requisitos no contemplados en la norma o que posee la entidad.

▪ Inequitativas sanciones, en algunos casos, casi confiscatorias.

▪ Dilación y demoras en respuestas a las solicitudes elevadas.

▪ Inseguridad jurídica por replanteamiento de conceptos, criterios y políticas.

▪ Falta de unidad de criterio y de accionar de las diferentes administraciones tributarias y aduaneras y cambiarias del país.

▪ Trasgresión de la ley a través de los conceptos.

▪ Filtración de información objeto de reserva.

▪; Presencia de violación al derecho de defensa y debido proceso.

▪ Deficiencia en el recaudo y suministro de información efectiva y actualizada, sobre la situación fiscal de los administrados.

▪ Respuestas extemporáneas y sin solución de fondo frente a los planteamientos de los administrados.

▪ Ausencia de mecanismos que permitan una información adecuada que facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales. GESTION DEFENSORIA 2002 - 2005

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Desde febrero de 2002 a 2005, un 59.08% de los casos tramitados por la Defensoría del Contribuyente corresponde a reclamaciones que tienen que ver con normas de carácter procedimental, el 23.49% se refieren al régimen sancionatorio aplicable, el 8.57% toca aspectos sustanciales y el 8.86% corresponde a reclamos respecto del servicio, quejas y denuncias, entre otros.

En materia tributaria el 71.21% de casos fueron clasificados como de carácter procedimental, mientras que en los temas aduaneros y cambiarios primaron los aspectos sancionatorios con el 49.70% y 77.98%, respec-tivamente.

En el documento titulado \"Análisis de las sentencias proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en acciones de nulidad y resta-blecimiento del derecho en las que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales fue parte demandada\" (2003), elaborado por la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero sobre él, cuyo documento consta de cuarenta (40) folios, muestra la cifra de un 77.6% de fallos a favor de los administrados, 7.5% son fallos parciales, 3.1% fueron sentencias inhibitorias y un 11.8% a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, observándose que el mayor número de demandas corresponde a la aplicación de normas de procedimiento y sanciones.

Es pertinente tener en cuenta, que del total de casos analizados en el mencionado informe, los más representativos fueron las controversias relacionadas con el impuesto al valor agregado en un 43.1%, seguido de sanciones en el 18.7%, impuesto de renta con un 15%, contrato de esta-bilidad tributaria con el 7,6%, procedimiento con el 6.7% e importaciones con el 6.6%.

Informe Sentencias Consejo de Estado Año 2002