Informe de ponencia segundo debate proyecto de ley 66 de 2012 senado
INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY 66 DE 2012 SENADO. por la cual se promueve la adquisición de bienes y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales, y se dictan otras disposiciones.
Bogotá D.C., mayo 28 de 2013
Doctor
ROY BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente
Senado de la República
Ref.: Ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 66 de 2012 Senado, por la cual se promueve la adquisición de bienes y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales, y se dictan otras disposiciones.
Honorable Senador:
En cumplimiento de la designación de la Presidencia de la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República, y de conformidad con lo establecido en el artículo 174 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, sometemos a consideración de los honorables Senadores el presente informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 66 de 2012 Senado, por la cual se promueve la adquisición de bienes y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales, y se dictan otras disposiciones.
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Este proyecto de ley es producto de una iniciativa de autoría del Senador Félix José Valera Ibáñez, la cual fue radicada en la Secretaría General del Honorable Senado de la República el 9 de agosto de 2012 y repartida por el Presidente del Senado a la Comisión Quinta Constitucional Permanente, en consideración a las competencias reglamentarias y de ley establecidas. Posteriormente, el proyecto de ley fue publicado en la Gaceta del Congreso número 500 de agosto 10 de 2012.
2. DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN QUINTA Y CONCEPTOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
En el pasado mes de diciembre se discutió este proyecto de ley en primer debate, el cual, a su vez, fue aprobado por la totalidad de los asistentes a la sesión. Cabe resaltar que en el interregno entre la presentación y publicación de la ponencia para primer debate y su posterior discusión en la Comisión Quinta, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió concepto favorable[1][1] sobre este proyecto de ley, en los siguientes términos:
¿Teniendo en cuenta lo planteado en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en el sentido que todos los países modifiquen los actuales patrones insostenibles de producción y consumo, a través de la promoción de programas o directrices que apoyen iniciativas nacionales y regionales en el tema, es importante avanzar hacia la implementación de la estrategia de `Compras Públicas con criterios ambientales¿, como una forma de contribuir con la sostenibilidad ambiental.
Esto se constituye en un mecanismo que interrelaciona el consumo y la producción sostenible, a través de un proceso por el cual las organizaciones del Estado satisfacen sus necesidades en bienes y servicios, garantizando la relación calidad-pre- cio-sostenibilidad ambiental en el marco del ciclo de vida del producto, generando beneficios no solo a las entidades públicas, sino también a la sociedad y a la economía, al mismo tiempo que elimina o minimiza el daño al ambiente.
(¿)
Por lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible considera que la iniciativa parlamentaria `por la cual se promueve la adquisición de bienes y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales, y se dictan otras disposiciones¿, es armónica con las estrategias establecidas en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible¿.
Recientemente, como resultado de las reuniones entre los asesores de nuestras Unidades de Trabajo Legislativo y los del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se emitió otro concepto favorable[2][2] por parte de esta entidad, en el cual se reitera que el propósito del proyecto de ley es estratégico para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la implementación de compras estatales con criterios ambientales.
En este último concepto el Ministerio sugiere varias modificaciones al articulado del proyecto de ley, las cuales serán analizadas e incorporadas al texto en el acápite denominado pliego de modificaciones.
3. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios de las entidades estatales, así como lograr la implementación de prácticas respetuosas o sostenibles con el ambiente por parte de las entidades públicas. Para ello se establecen unos criterios mínimos a fin de que las entidades del Estado cuenten con elementos conceptuales y técnicos a la hora de adquirir bienes y/o servicios, tomando como base el análisis del ciclo de vida, lo cual implica que no solo debe considerarse el precio final del bien o servicio, sino analizar el aspecto económico, ambiental y social de las materias primas utilizadas, el transporte empleado, el proceso productivo desarrollado, el diseño del producto o servicio final, así como la disposición y posibles prácticas de recuperación o reintegración a la cadena de valor de los residuos que se generen una vez puestos esos bienes en el mercado.
Una compra pública verde es la adquisición de bienes y/o servicios con criterios ambientales realizada por una entidad estatal en virtud de sus facultades de contratación. En otras palabras, es una contratación en la cual se han contemplado requisitos ambientales relacionados con una o varias etapas del ciclo de vida del bien o servicio por comprar; esto se produce desde la extracción de la materia prima, su fabricación, distribución y uso, hasta su disposición final. De este modo, el comprador satisface la necesidad de la institución que da origen a la compra, sin descuidar el impacto ambiental que esta ocasionará.
La experiencia en Antioquia
Seis (6) entidades del Departamento de Antioquia: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Metro de Medellín, municipio de Sabaneta, municipio de Medellín, y la Gobernación de Antioquia, incorporaron criterios ambientales en las compras de los bienes que se seleccionaron como prioritarios para las entidades por el impacto ambiental y económico que genera su adquisición. Así mismo, el proyecto permitió capacitar y dar acompañamiento al equipo jurídico y técnico de las entidades en el tema de compras sostenibles, y brindar asesoría a las pymes ofertantes de bienes y/o servicios seleccionados, con el fin de mantener la oferta de productos con criterios de sostenibilidad.
Experiencias internacionales en materia de compras públicas verdes o sostenibles
En la actualidad, en diversos lugares del mundo, sabemos de experiencias en el ámbito de lo público que nos permiten tener orientaciones claras para difundir, en forma más amplia y generalizada, las compras estatales ambientalmente responsables. A continuación varios ejemplos:
Australia. Todas las autoridades han apoyado las Ordenanzas Nacionales del Gobierno para las Compras y la Reducción de Residuos promulgadas en 1996, que las animan a adquirir productos reciclados. La política de compras exige a las administraciones tener en cuenta todos los criterios, políticas, costes y beneficios ambientalmente relevantes cuando redacten las condiciones de compra, sus especificaciones y las solicitudes de ofertas.
Canadá. Existe un fuerte marco nacional tanto legislativo como programático para la compra verde. Entre sus metas se encuentra alcanzar el 20% de contrataciones federales de energía ecológica y, cuando sea factible y rentable económicamente, que el 75% de los vehículos del gobierno federal funcionen con combustibles alternativos. La política medioambiental de Canadá dirige a las administraciones a que tengan presentes las repercusiones del ciclo de vida del producto, empleen productos con etiqueta ecológica y adopten criterios ambientales en cuanto a los materiales reciclados y a la eficiencia energética en sus compras.
Estados Unidos. Un amplio abanico de leyes y directrices programáticas exigen a las agencias federales que adquieran productos ecológicos, entre ellos productos con contenido reciclado, y eficientes desde el punto de vista energético, así como vehículos propulsados por combustibles alternativos. La coordinación y puesta en práctica en el ámbito de las agencias gubernamentales ha sido bastante deficiente, pero está mejorando. Cuarenta y siete de los cincuenta estados federados se enorgullecen de sus políticas de ¿compra de materiales o productos reciclados¿, algunas de las cuales se promulgaron a finales de los ochenta. Hay al menos una docena de estados que las han ampliado para que incluyan otras...
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