Introducción - Contratación estatal. Manual teórico-práctico - Libros y Revistas - VLEX 371844906
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Introducción

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Vincent
AutorBertha Cecilia Rosero Melo
Cargo del AutorAbogada especialista en Derecho Administrativo, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
Páginas19-20
19
INTRODUCCIÓN
La contratación estatal, entre otras funciones públicas, hace posible que las
entidades del Estado puedan cumplir con los  nes que les fueron con ados
desde la Constitución Política, para la adquisición de bienes, servicios o
ejecución de obras que den cumplimiento a los proyectos aprobados por cada
administración y, en consecuencia, llevar a cabo el Plan de Desarrollo de cada
una de éstas.
La contratación estatal en Colombia se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007, la cuales han sido reglamentadas por el Gobierno Nacional, acorde
con las facultades otorgadas por el legislador y en las que se establecen unas
modalidades de contratación y procedimientos que conducen a la selección
objetiva de contratistas y a la adjudicación de contratos a los proponentes,
cuyas ofertas resulten más favorables para el Estado y, en las cuales, se traten
de integrar mecanismos propios de las negociaciones del sector privado, como
son las subastas, los acuerdos marco y las bolsas de productos.
Uno de los  nes primordiales del establecimiento de un régimen contractual
procedimental y pormenorizado, es combatir la corrupción que ha generado
absoluta descon anza en el proceder del servidor público, en la implementación
de mecanismos para la adquisición de bienes y servicios. Es por ello que, dada
la habilidad que rápidamente se desarrolla para evadir las observaciones
rigurosas de los procesos contractuales estatales, corresponde al legislador y
al ejecutivo nacional incursionar, con regularidad, en la adopción de medidas
permanentes para limitar los desgreños administrativos que, inexorablemente,
redundan en la expedición constante de normatividad, la cual busca conjurar
los vicios que el sistema genera con su aplicación.
La improvisación del gobierno, en su facultad reglamentaria de la Ley 1150
de 2007, generó inseguridad en los operadores jurídicos y en su desarrollo
especí co, desbordando el marco legal que dio lugar a demandas de nulidad

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