Introducción
Autor | Juan Ospina - Liliana García |
Páginas | 13-19 |
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La Comisión Colombiana de Juristas ha promovido discusiones jurídi-
cas que han tenido consecuencias en materia constitucional y legal, así
como en la formulación, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación
de políticas públicas en derechos humanos. Además, ha promovido de-
bates jurídicos sobre los instrumentos y los estándares que permitan
una solución pacíca al conicto armado al proteger, en todo caso, los
derechos de las víctimas de este.
A nivel internacional, en relación con el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos (), la ha obtenido resoluciones de este or-
ganismo en las que se establece la responsabilidad del Estado en casos
de violaciones de los derechos humanos y se ordena reparar a las víc-
timas y sus familiares, así como investigar, juzgar y sancionar a los res-
ponsables. Antes de la fundación de la los casos colombianos ante el
se encontraban estancados y no se producía una decisión deniti-
va en relación con ninguno de ellos. En 1988, la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos () declaró la responsabilidad del Estado
por la desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde, ocurrida en 1984.
Fue el primer caso sobre Colombia decidido por este organismo. Lo de-
nunció el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia,
el médico Héctor Abad Gómez, asesinado en 1997, luego de lo cual la
representación la asumió la . En 1992, la Comisión Interamericana
decidió someter a consideración de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte) un caso sobre Colombia: la desaparición for-
zada de Isidro Caballero y María del Carmen Santana, denunciado por
la . En 1995, por primera vez en la historia, la Corte adoptó una
sentencia y condenó al Estado colombiano por dichas desapariciones.
La obtuvo la decisión de los primeros cinco casos de Colombia
en la y del primero ante la Corte, además de otros siete casos
luego ante esta Corte (Las Palmeras, 2001; 19 comerciantes, 2004; Masa-
cres de Ituango, 2006; Masacre de Pueblo Bello, 2006; Jesús María Valle,
2008; Angel Alberto Duque, 2016; Noel Emilio Omeara y familia, 2018;
Víctor Manuel Isaza, 2018), y estimuló a las restantes organizaciones
colombianas de derechos humanos a ejercer acciones internacionales
en las que, hasta entonces, no habían participado. También contribuyó
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